Pocos días después de la detención-desaparición de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, el gobierno de Maduro sumó la palabra “desaparecido” a la lista de términos censurados en los medios de comunicación. Es la misma lista que impide hablar de Alex Saab y que llevó al exilio a varios periodistas que investigaron la conexión entre Saab y la trama de corrupción en la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El sistema de derechos humanos de la ONU atizó la furia bolivariana en tan solo 48 horas, cuando, por una parte, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Ginebra se publicó un tuit en el que expresaba “profunda preocupación” por la situación de San Miguel, afirmando que “su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención de desaparición forzada”. Por otra parte, al día siguiente, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, dio una rueda de prensa al concluir su visita oficial a Venezuela en la que aseguró que elCLAP se convirtió en “un sistema de caridad y limosna caritativa”.
Haber tocado dos temas tan sensibles para el gobierno explica, mas no justifica, la desproporcionada reacción que llevó a la expulsión del personal de la OACNUDH basado en Caracas, dándoles un plazo de 72 horas.
El orden de la decisión es, primero, salida inmediata, segundo, exigencia a la OACNUDH de retractarse de sus “insolentes declaraciones” y, tercero, hacer una revisión de los términos de la carta de entendimiento que permitía a la OACNUDH funcionar con una presencia limitada en el país. Cumplido el primer paso, queda pendiente qué pasará con los otros dos y qué se puede esperar posteriormente.
La vocera de OACNUDH expresó que la Oficina “lamenta” la decisión del gobierno y que seguían conversando con este y otros actores, desde los “principios rectores” de la organización. Así las cosas, retractarse de lo dicho sobre San Miguel no parece estar en la mesa. Por otro lado, el relator sobre el derecho a la alimentación es un experto independiente, por lo que no se puede esperar que la OACNUDH reformule sus afirmaciones.
El escenario más probable entonces es el de mantener la operación de monitoreo del OACNUDH desde fuera de Venezuela y dar por finalizada la asistencia técnica, al menos de la manera en que se venía realizando. Además, la revisión de la carta de entendimiento, cuyo texto, insistimos, siempre se ha mantenido en secreto, podría significar el fin de las escasas visitas de los procedimientos especiales al país. Para el momento del inicio de la presencia de la OACNUDH en Venezuela, al menos once procedimientos especiales habían solicitado visitar el territorio. Las visitas, sin embargo, comenzaron con invitaciones a procedimientos que no estaban en esa lista pero que podían servir para apuntalar la agenda política del gobierno, como en el caso del mandato sobre las medidas coercitivas unilaterales. La corta lista de visitas complacientes está llegando a su fin, mientras permanece el compromiso de permitir que otros procedimientos visiten el país, en temas tales como tortura, desapariciones, libertad de expresión, independencia judicial. El momento es oportuno para que la furia bolivariana pretenda cerrar esa puerta.
Por ahora, se trata de una derrota para un gobierno que dedicaba recursos significativos para hacer creer que cooperaba con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. La narrativa de la cooperación se desmorona, a pesar de que, como reconoció el mismo canciller en su anuncio, el gobierno procuró «una y otra vez reconducir el accionar» de la OACNUDH en Venezuela.
Adicionalmente, queda por ver, por una parte, si el Alto Comisionado decide subir el tono y, por otra, cómo reaccionará el gobierno ante los próximos informes de la OACNUDH, tomando en cuenta que ellos se producen por mandato del Consejo de Derechos Humanos, con base en la resolución A/HRC/RES/51/29. El 19 de marzo de 2024 está prevista la presentación de una actualización oral, y para el 56° período de sesiones (junio – julio 2024) debe presentarse un “informe exhaustivo (…) que incluya una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en los informes anteriores del Consejo”. Nada por debajo de lo producido hasta ahora sería aceptable.
En este contexto, la comunidad internacional debe transmitir un mensaje claro a la OACNUDH en el sentido de que no hay espacio para revisar los términos de referencia de la carta de entendimiento. Además, debe respaldar con más fuerza la renovación de los mandatos de ambos mecanismos de monitoreo de la situación de Venezuela, tanto la de la OACNUDH como la de la Misión de Establecimiento de Hechos. Por último, tomando en cuenta que todo indica que el gobierno pretende volver a apostarle al aislamiento para evadir el escrutinio internacional, no se le puede hacer el juego; por el contrario, la presencia activa del cuerpo diplomático y otros actores internacionales es más importante que nunca.