El 26 de noviembre, el gobierno y la oposición venezolanos retomaron el proceso de diálogo en la ciudad de México, con la facilitación de Noruega, concluyendo el reencuentro con la firma del “Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano”. Según el texto del acuerdo, se espera la recuperación de algunos recursos del Estado venezolano que se encuentran bloqueados como consecuencia de las sanciones, los cuales serían destinados a atender necesidades sociales en salud, alimentación, servicios públicos, entre otros asuntos.
El segundo acuerdo parcial establece “un fondo fiduciario único” que será diseñado “en línea con las normas y los procedimientos de la ONU”, cuyo objetivo es “apoyar en la implementación de las medidas de protección social (…) dentro de un marco programático (…) en consonancia con los marcos, planes y programas de la ONU en Venezuela”. Según el vocero del gobierno, Jorge Rodríguez, se rescatarán por esta vía más de tres mil millones de dólares.
Adicionalmente, este acuerdo dispone la creación de una “Mesa Nacional de Atención Social” (MNAS), que servirá como un «organismo técnico auxiliar de la mesa de diálogo y negociación, que trabajará en la concreción de acciones y programas (…) de atención social”. A la fecha de este artículo, la información sobre términos de referencia de la MNAS no se ha hecho pública.
Una de las cuestiones críticas de este acuerdo social es el rol que cumplirá Naciones Unidas. El acuerdo no define los términos ni el alcance del trabajo de la organización, aun cuando las partes le han atribuido verbalmente un papel de administrador. Dado que la ONU lleva a cabo programas y políticas en el territorio nacional, se espera que asuma un papel relevante en la ejecución de las acciones y programas que definirá la MNAS. Aun así, consideraciones de este tenor reflejan una visión parcializada y débil de lo que debe hacer Naciones Unidas en el país.
Es importante contextualizar qué significa este convenio político para calibrar las exigencias y expectativas en el nivel que deben estar. Se trata del primer acuerdo de las fuerzas políticas, producto de una negociación respaldada por la comunidad internacional, que reconoce públicamente a la ONU como actor relevante en la agenda social del país. Esto supone que Naciones Unidas está llamada a desempeñar un papel de alto nivel a los ojos del escrutinio mundial. El valor de ese reconocimiento le transfiere a Naciones Unidas una responsabilidad elevada en la exigencia de acciones y resultados pertinentes y le abre una oportunidad sin precedentes para liderar una labor integral y coherente que permita la unificación de la respuesta del sistema en los ejes humanitario, de derechos humanos y político de la crisis; es decir, más allá de un marco de cooperación como el suscrito en septiembre de 2022, cuestionado por las OSC por diversas deficiencias y omisiones.
Entre otras ventajas, que Naciones Unidas gestione fondos y ejecute actividades en la agenda social le otorga más elementos para exigir ante las partes, y fundamentalmente ante el gobierno, que la crisis venezolana es humanitaria, no social, por lo que demanda visibilizar la tragedia en toda su extensión y reestimar el alcance de la respuesta según las necesidades actuales. Asimismo, tener a la ONU como actor de la agenda social le lleva, aun con las restricciones de enfoque, recursos y de otro tipo, a estar en la posición de exigir una atención con enfoque de derechos humanos, priorizando a las poblaciones más vulnerables y discriminadas, sin cálculos utilitarios ni políticos. Pero una de las contribuciones más esperadas de la ONU es que debe facilitar la inclusión de la sociedad civil en la agenda social, y más ampliamente, en la mesa de negociación con las fuerzas políticas para ir, de una vez, por la raíz de esta emergencia humanitaria compleja: la ausencia de instituciones y garantías democráticas que impiden la transición hacia una gobernabilidad estable, legítima y eficaz.
La ONU no puede ver su participación en la agenda social en un punto de llegada, sino de partida, con miras a objetivos que excedan lo meramente asistencial. Más allá de las mejoras sociales que esperamos permita -y que deberán evaluarse por sus resultados- este involucramiento de la organización debe ser estratégico y medirse según la debida diligencia que ejerza frente a tres puntos clave: i) promover una participación plural, independiente y de la sociedad civil en las negociaciones; iii) impulsar y supervisar la construcción de hojas de ruta concretas para la plena efectividad de todos los derechos de la población venezolana, incluyendo de aquella que permita la generación de las condiciones y garantías necesarias para la realización de elecciones libres en 2024 y; iii) señalar las fallas y exigir correctivos a todas las partes allí donde haga falta. La ONU debe poner en práctica sus lecciones del pasado y velar porque hacia el futuro su presencia y actuación no convaliden cualquier resultado en Venezuela, sino sólo de aquellos que ofrezcan soluciones estructurales a la crisis que enfrenta.
En una próxima entrega se ahondará en consideraciones sobre el rol de la sociedad civil dentro de esta nueva coyuntura destacando algunas condiciones y principios acerca de su actuación.