
El 24 de enero, la ilegítima Asamblea Nacional aprobó en primera discusión otro proyecto de ley para controlar y clausurar a las ONG venezolanas en caso de incumplir con los requerimientos de registro y fiscalización abusivos y discrecionales del gobierno. Se trata de la quinta vez en que el Estado pretende regular el funcionamiento y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por medio de leyes restrictivas que criminalizan el ejercicio de la libertad de asociación y la participación de las organizaciones en asuntos de interés público[1].
El Proyecto de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” fue presentado por Diosdado Cabello, quien su intervención en la sede del parlamento señaló que “las organizaciones son apéndices de organismos exteriores que sólo se encargan de trabajar para el imperio”. Según el líder oficialista, “las ONG antes tenían trabajo social y humanitario, pero ahora las que operan en nuestro país, casi todas, están en el ámbito político y tienen el fin de desestabilizar a nuestro país”, comentando que existen “62 organizaciones que operan con fines políticos”.
Luego de este discurso estigmatizador, el proyecto de ley fue aprobado en primera discusión automáticamente, sin revisión de la exposición de motivos, los objetivos de la ley, su alcance y viabilidad, ni su articulado, y sin que el texto haya sido publicado para consulta, lo que contradice el artículo 208 de la Constitución venezolana. La falta de discusión de estas iniciativas legales es parte de un patrón restrictivo cuando se trata de cercar el espacio cívico con el objetivo de anular las posibilidades de protección y defensa de miles de víctimas que sufren diariamente crímenes contra los derechos humanos en Venezuela.
Ente otras disposiciones contrarias a la libertad de asociación y otros derechos, el proyecto impone en su artículo 12 un proceso de registro con una obligación abusiva de declarar las ONG los datos sobre su constitución, estatutos, integrantes, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento. Además, el artículo 15 señala las prohibiciones y la naturaleza del proceso administrativo al que someten a las ONG en caso de incurrir en algún supuesto como “recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos”, “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República” “o cualquier acto “que prohíba la legislación venezolana”, repitiendo los acostumbrados términos discrecionales y vagos que otorgan al funcionario de turno la mayor libertad arbitraria para sancionar.
Este nuevo intento por controlar a la sociedad civil venezolana retoma disposiciones problemáticas de la Providencia Administrativa No. 001-2021 (como revelar beneficiarios y registros financieros, enjuiciamiento penal en caso de incumplimiento de obligaciones de registro, etc) y el proyecto de “Ley de Cooperación Internacional” que finalmente no fue culminada en el anterior período legislativo. Por tanto, constituye un arma que inaugura el 2023 con riesgos adicionales para las personas defensoras y las organizaciones que velan por los derechos y el trabajo humanitario en Venezuela, los cuales ya enfrentan múltiples y agravadas formas de violencia desde el poder político, y sus miembros, violaciones graves de derechos humanos y en algunos casos crímenes de lesa humanidad.
AlertaVenezuela condena este continuum de violencia del Estado al espacio cívico venezolano que revela su intención de quebrar a las víctimas asfixiando la asistencia ciudadana y las posibilidades de obtener justicia en el país, así como de escapar al escrutinio público frente al sostenimiento de las arbitrariedades. Además, exhorta a la comunidad internacional a elevar los costos políticos de esta iniciativa pseudolegal a fin de disuadir la continuación de su tramitación.
[1] C1 (2023) AN inicia por quinta vez en 17 años la discusión de una ley para fiscalizar las ONG. Recuperado en fecha 25/01/2023: https://storage.googleapis.com/qurium/cronica.uno/an-inicia-por-quinta-vez-en-17-anos-la-discusion-de-una-ley-para-fiscalizar-las-ong.html