En abril de 2023 el abogado del periodista Roland Carreño había manifestado que el juicio faltaba un testigo por declarar, por lo que el caso estaba a punto de culminar. Así mismo, a finales de julio de 2023, los abogados del defensor de derechos humanos Javier Tarazona expresaron su optimismo ante lo que pensaban podría ser la pronta liberación de su defendido, en vista de que el juicio había entrado en su etapa final.
Contrario a lo esperado por los abogados y las familias de Tarazona y Carreño, ambos juicios fueron interrumpidos el 15 de julio cuando le fue quitada la jurisdicción al tribunal tercero con competencia en terrorismo que manejaba sus casos. Ambas detenciones habían sido calificadas como arbitrarias por el sistema de derechos humanos de la ONU. Ambos tienen más de dos años privados de la libertad. Ambos ven por segunda vez interrumpidos sus juicios. Ambos deberán comenzar de cero, por tercera vez.
El cambio de competencia del tribunal tercero en materia de terrorismo afecta además a otros 45 presos políticos cuyos juicios quedarán en suspenso. Por otra parte, el caso de los seis luchadores sociales detenidos en julio de 2022, suma ya 5 diferimientos de la audiencia conclusiva, debido a que el “patriota cooperante” cuya declaración sirvió para que el juez de control acordara pasar a juicio a estas seis personas, no se ha presentado a testificar.
Vale precisar que la figura del “patriota cooperante” fue creada por el gobierno en 2016 para justificar el uso de delatores que, protegidos en el anonimato, sirven como fuente válida para el inicio de juicios contra opositores políticos reales o supuestos. El juez que aceptó la declaración de este delator resultó a su vez detenido en la llamada trama de corrupción de PDVSA, junto con otro juez y un centenar de funcionarios y relacionados a la petrolera y al exministro Tareck El Aissami, cuyo paradero y futuro jurídico siguen siendo una gran incógnita.
Hasta el presente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha emitido 15 recomendaciones en el área de debido proceso y libertad personal en Venezuela, todas las cuales permanecen incumplidas. La Misión Internacional Independiente de Establecimiento de Hechos en Venezuela (MII) produjo un extenso informe con abundante evidencia sobre cómo “el sistema de justicia ha jugado un rol destacado en la represión del Estado contra las opositoras y los opositores al Gobierno”. Este informe termina con 44 recomendaciones más sobre aspectos relacionados con el sistema de justicia. Por su parte, tras el proceso de consulta a las víctimas en el caso Venezuela I, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió autorizar al Fiscal Khan a proseguir la investigación, al demostrarse que Venezuela no está tomando medidas genuinamente encaminadas a combatir la impunidad y proporcionar justicia a las víctimas.
No existe ni un solo indicio que permita hablar de avances en el sistema de justicia. Más allá de los anuncios de reformas y de cambios normativos más cosméticos que sustantivos, el sistema de justicia sigue siendo una maquinaria al servicio de la represión política y de la consagración de la inequidad social. La corrupción va desde el cobro de los traslados a tribunales de los presos comunes o para recibir alimentos que les envía su familia, hasta la venta de sentencias, pasando por la indebida consulta al ejecutivo sobre decisiones judiciales y el desacato de boletas de excarcelación por parte de los órganos de inteligencia civiles y militares.
No hay nada más que recomendar. El gobierno sabe perfectamente lo que debe hacer, pero no lo hace porque no tiene la voluntad política para emprender los cambios de fondo que se requieren.
Frente a este panorama, no se puede hablar de normalización de relaciones, porque lo único normalizado en Venezuela es la arbitrariedad. La comunidad internacional debe exigir el cumplimiento de todas las recomendaciones formuladas en materia judicial, la mayoría de las cuales no dependen de recursos sino de voluntad política. Acatar una orden de excarcelación, dejar de torturar, concluir un juicio, desestimar a “patriotas cooperantes” anónimos como testigos son acciones que deben ejecutarse ya, sin más demora.