Las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Venezuela el 28 de julio de 2024 han tenido un efecto devastador en la institucionalidad del país. Por una parte, la administración que lidera Nicolas Maduro recurrió a la medida extrema de secuestrar los comprobantes de votación y -todo esto a través del subordinado Consejo Nacional Electoral- proclamar una supuesta victoria a la que absolutamente todas las evidencias, incluso oficiales, contradicen abiertamente.
Así, el régimen de Maduro ha visto tambalearse su ya precaria legitimidad y ha decidido concentrar sus esfuerzos en mantenerse a flote por vía de la radicalización de la represión, buscando suprimir toda disidencia mediante el terror. De esta manera, al término del proceso electoral y ante los reclamos de la sociedad civil frente al fraude electoral, comenzó la detención masiva de lideres políticos y sociales, la amplia mayoría simples ciudadanos que respetando la ley y obedeciendo la normativa electoral sirvieron como miembros de mesa el 28j. Mas de dos mil cuatrocientos ciudadanos, y entre ellos numerosos menores de edad, fueron apresados sin cumplir los procedimientos establecidos, sin derecho a la defensa, sin que hubiese manera de justificar el carácter arbitrario de sus detenciones.
Pero esta arremetida represiva ha tenido un punto álgido: el grupo de seis activistas cercanos a la campaña presidencial de María Corina Machado, quien encabeza el liderazgo opositor, que se vieron forzados a solicitar asilo en la embajada de la república argentina y a quienes se les ha negado la posibilidad de un salvoconducto que les permita abandonar el país. Las amenazas contra este grupo de seis personas comenzaron meses antes de la fecha electoral, y ya en el mes de marzo de 2024 solicitaron asilo ante la embajada argentina, el cual les fue concedido.
Una vez realizadas las elecciones, y visto que un grupo de países, incluyendo Argentina, desconoció el fraudulento resultado, el régimen de Maduro exigió el retiro de los funcionarios diplomáticos de Argentina, por lo cual, tras apuradas negociaciones diplomáticas, el estado brasileño asumió la custodia de la sede diplomática argentina y, en consecuencia, de los asilados. Aun cuando esa situación se mantuvo por un tiempo, el régimen de Maduro posteriormente revocó su autorización para que Brasil mantuviese la referida custodia. No obstante, Brasil no puede cesar su custodia si antes no se determina un Estado dispuesto a tomar para sí la responsabilidad.
Si bien este es el marco en el ámbito diplomático, en términos reales la situación es mucho más apremiante. Los asilados son sometidos a ruidos ensordecedores, se está limitando a niveles extremos el ingreso de alimentos y medicamentos a la sede, se ha cortado el servicio eléctrico por más de cien días, se ha suspendido el suministro de agua; esas son las modalidades de tortura que el régimen ha utilizado contra estos ciudadanos. La tortura psicológica también ha estado presente con sobrevuelo de drones, apostamiento de francotiradores en edificaciones cercanas, funcionarios con fusiles de asalto rodeando la sede diplomática y amenazando con ingresar y amedrentamiento a los vecinos del sector.
La crueldad del trato a los asilados se hizo patente de nuevo el pasado 26 de febrero, cuando se produjo la muerte de Fernando Martinez Mottola. Martinez Mottola, uno de los asilados, se vio forzado a entregarse a las autoridades el 20 de diciembre, ante el prolongado y forzado confinamiento en condiciones extremas que minaron su salud de manera fatal.
De este modo, se viola flagrantemente lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático, irónicamente firmada en Caracas en 1954, que establece lo relativo a las situaciones en las que esta figura permite el resguardo de la integridad de los asilados. Así, la convención señala que el asilo debe durar “…por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad al asilado…” Para ello, sin embargo, es imprescindible que el gobierno venezolano otorgue un salvoconducto, lo que le ha sido solicitado repetidamente por el gobierno del Brasil sin éxito.
La comunidad internacional tiene frente a sí una flagrante violación de derechos humanos, no sólo por cuanto se irrespeta el asilo concedido a estos ciudadanos por la república argentina, sino por el trato cruel al que son sometidos de manera inclemente.
La petición al gobierno venezolano de que observe lo establecido en el derecho internacional y extienda el salvoconducto es una exigencia de carácter legal, pero también humanitario.