Las elecciones municipales previstas en Venezuela para finales de 2025 se perfilan, desde ya, como un nuevo episodio del control autoritario ejercido por el régimen de Nicolás Maduro sobre el sistema electoral. Lejos de representar un ejercicio genuino de soberanía popular, este proceso muestra todos los signos de un fraude estructural, donde los comicios son utilizados para simular normalidad democrática y perpetuar el poder del oficialismo.
Uno de los principales problemas es el estado actual del Registro Electoral. Este sigue profundamente distorsionado por prácticas que favorecen al oficialismo y excluyen a millones de ciudadanos. Mientras tanto, se permite y hasta estimula el traslado masivo e irregular de votantes a centros electorales bajo control del PSUV, lo que ha sido una constante en elecciones anteriores. La falta de auditorías independientes, la opacidad en la data y la negativa del CNE a implementar correctivos estructurales evidencian un patrón sostenido de manipulación institucional.
A esto se suma la intervención judicial de los principales partidos de oposición. Organizaciones como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Copei han sido despojadas de sus autoridades legítimas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha impuesto directivas paralelas alineadas con el régimen. Esta estrategia no solo busca dividir y desmoralizar a las fuerzas democráticas, sino también confundir al electorado, que se encuentra frente a tarjetas opositoras que en realidad no representan a sus liderazgos originales.
La comparación con las elecciones municipales de 2018 es inevitable. Aquel proceso estuvo marcado por una altísima abstención —superior al 70%—, la exclusión de la oposición real y un dominio casi absoluto del PSUV en los cargos municipales. La situación actual presenta pocas diferencias estructurales. También ese fue el marco de las presidenciales de 2024, y los hechos desmienten cualquier narrativa de avance democrático, por el contrario, el CNE se atrevió a descender al último escalón posible para la realización de un fraude: secuestró los votos, los escondió. En ese proceso también se mantuvieron inhabilitaciones, censura, ventajismo y uso indiscriminado de recursos públicos. La falta de transparencia y de apego a la ley electoral fue evidente, incluso en presencia de ciertos observadores internacionales que luego reportaron irregularidades graves.
Frente a este contexto, la participación de las fuerzas democráticas en las elecciones municipales representa un dilema de gran complejidad. ¿Participar en un sistema sin garantías mínimas? ¿O abstenerse, corriendo el riesgo de ceder por completo el control local al oficialismo y perder conexión con las bases populares?
Ambas posturas tienen costos. La abstención, aunque legítima en un contexto de fraude sistemático, ha demostrado ser insuficiente para generar cambios concretos. Por otro lado, participar sin condiciones reales puede terminar reforzando la legitimidad de un proceso manipulado desde su origen.
En su deriva autoritaria, el régimen que comanda Nicolás Maduro continúa en un proceso en el que busca consolidar su hegemonía totalitaria, en la que ejerce control directo de todos los poderes del Estado y, de facto, controla hasta la esfera personal de los ciudadanos, mediante una estructura de represión cada vez más férrea.
Las elecciones municipales de 2025 son una parte más del entramado de poder que busca preservar el control autoritario y totalitario del régimen.
Ante este panorama, hacemos un llamado firme y urgente a la comunidad internacional: no se puede seguir normalizando la simulación electoral venezolana. Es imprescindible que los gobiernos democráticos, organismos multilaterales y defensores de derechos humanos en el mundo intensifiquen su presión diplomática, exijan condiciones reales para procesos electorales libres, y respalden con firmeza a quienes, desde dentro del país, continúan resistiendo en condiciones extremadamente adversas. La indiferencia o la ambigüedad solo fortalecen al autoritarismo. Venezuela necesita acompañamiento, vigilancia activa y solidaridad efectiva para que algún día la voluntad ciudadana vuelva a tener un verdadero valor democrático.