El 25 de febrero, Alfredo Ruiz Angulo presentó su renuncia al cargo de Defensor del Pueblo en una carta en la que alegó “razones de índole personal, familiar y de salud”. Ese mismo día, Tarek Saab presentó su renuncia al cargo de Fiscal General, afirmando en su carta de renuncia que había “cumplido con hidalguía y honor” el cargo para el que había sido nombrado. Ambas renuncias se produjeron de manera anticipada, sin haber concluido el período para el que habían sido designados hasta 2031. Estos hechos se producen en el contexto de un proceso de reacomodo de fuerzas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que detenta el poder en el país y que controla todas las ramas del poder público, el cual se ha visto obligado a mover a algunos funcionarios con posterioridad a la incursión armada del 3 de enero por parte del gobierno de Estados Unidos y a la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La renuncia simultánea y anticipada de ambos funcionarios evidencia su ausencia de independencia y su subordinación al grupo político que detenta el poder.
El mismo 25 de febrero, fecha de las renuncias, la Asamblea Nacional (AN) nombró el Comité de Evaluación de Postulaciones para la selección de los cargos de Defensor del Pueblo y Fiscal General. El comité estará integrado por 13 diputados que, según la nota de prensa de la AN, “dentro de un lapso de 30 días o menos deberán presentar ante la Plenaria los elegibles para optar al cargo de Fiscal General y Defensor del Pueblo”.
La composición de este comité es contraria a lo establecido en el artículo 279 de la Constitución, según el cual “El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos, al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración.”
Con total exclusión de la sociedad civil del comité previsto en la Constitución, la AN asumió el papel de evaluador de postulaciones, anunciando el 2 de marzo el proceso de recepción de credenciales ante la misma AN, invocando el artículo 280 de la Constitución para la Defensoría del Pueblo y los artículos263 y 284 para el Fiscal General. Estos artículos definen el perfil de cada uno de los cargos, pero no son los artículos que establecen el procedimiento de designación, por lo que la AN omitió adrede la base jurídica del proceso de postulaciones, adjudicándose una función que no le corresponde.
Los enroques
Al día siguiente de las renuncias, el 26 de febrero, Tarek Saab fue juramentado ante la AN como Defensor del Pueblo encargado. El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (LODP) establece que las faltas absolutas del defensor deben ser cubiertas por el director ejecutivo, hasta la designación del nuevo titular. La designación de Saab es una más de una larga cadena de irregularidades que evidencian la ausencia de independencia de la Defensoría del Pueblo. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el 4 de marzo Saab conmemoró el 26° aniversario de la Defensoría, «con la participación de directores», según la nota de prensa institucional. Entre los directores se encontraba Alfredo Ruiz, el mismo que acaba de renunciar “por razones personales y de salud”.
El lugar de Saab en la Fiscalía pasó a ser ocupado por Larry Devoe, quien, entre los ocho cargos que ejercía de manera simultánea, se encontraba el de Agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, representando a Venezuela ante la CIDH y los órganos de la ONU. Al igual que en el caso de la Defensoría del Pueblo, las faltas absolutas del Fiscal deben ser suplidas por el vicefiscal, según artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que ninguno de los encargados responden al mecanismo de sucesión establecido por la Constitución y las leyes.
Perfil de los interinos
El defensor interino viene de desempeñarse como Fiscal General en una gestión altamente cuestionada. El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de diciembre de 2021 sobre independencia de la justicia en el país documentó diversas irregularidades en el desempeño del Fiscal, incluyendo la eliminación de la carrera fiscal, el abuso de sanciones disciplinarias contra fiscales que tomaron decisiones autónomas y la suspensión de presentación de los informes ante la AN.
AlertaVenezuela registró las principales acciones y declaraciones del Fiscal General Tarek William Saab, del 29 de julio al 17 de agosto de 2024, tras el fraude electoral. Los principales hallazgos de este monitoreo incluyen, entre otros, violación del principio de presunción de inocencia; el uso de adjetivos despectivos contra los detenidos, como criminales, delincuentes, inadaptados, terroristas y drogadictos; descalificación de la protesta pacífica como elemento de desestabilización; llamamientos a aplicar la pena máxima (30 años de prisión) contra detenidos, sin opción a indulto ni beneficios; detención de funcionarios que no cumplían las órdenes de persecución; y lenguaje desafiante hacia las organizaciones internacionales de derechos humanos, por su posible defensa de «terroristas».
Por otra parte, debe recordarse que Saab había sido Defensor del Pueblo para el período 2014 – 2017, cuando el la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos tomó la decisión de degradar la Defensoría de categoría A a B por incumplimiento de los Principios de París sobre la independencia de la institución.
Por su parte, Larry Devoe viene de ejercer ocho cargos de manera simultánea, vinculado directamente al ejecutivo, lo que lo descalifica como persona independiente para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público. Como agente del estado, se caracterizó por negar de manera sistemática las violaciones de derechos humanos en el país. Existen denuncias de defensores que han sido objeto de amenazas por parte de este funcionario. Entre sus responsabilidades estuvo la preparación del primer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), para el cual se invitó a la sociedad civil a participar en consultas simbólicas que no fueron tomadas en cuenta. Cuando se pretendía elaborar el segundo PNDH, las organizaciones independientes de la sociedad civil exigieron que se realizara previamente una evaluación del primer plan, lo cual nunca se hizo. El segundo PNDH no se ha elaborado.
Tanto Saab como Devoe tienen sanciones impuestas por el gobierno de Canadá y por la Unión Europea como responsables o cómplices de graves violaciones de derechos humanos y por socavar la democracia.
Enroques y guerra de cifras en la AN
Durante las consultas sobre el proyecto de ley de amnistía, organizaciones de la sociedad civil propusieron la creación de una comisión independiente que hiciera seguimiento a la ejecución de la ley. La AN aceptó la propuesta de la comisión, pero con una composición del propio seno de la AN, con veintidós diputados encabezados por Jorge Arreaza, yerno de Hugo Chávez. Según la nota de prensa de la AN, entre los diputados que integran la comisión se encuentran Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro y Cilia Flores, esposa de Madro, presa en Estados Unidos.
Desde la creación de la comisión, Arreaza ha dado una serie de cifras no verificables sobre la cantidad de solicitudes de personas que esperan ser beneficiadas por la ley de amnistía y sobre personas que habrían sido beneficiadas. La falta de independencia de la comisión impide contar con un inventario fidedigno de lo que está sucediendo con la aplicación de la ley.
Cabe recordar que, tras los anuncios de excarcelaciones realizados a comienzos de febrero, voceros del partido del gobierno de facto dieron cifras no verificables sobre excarcelaciones. La presidente interina impuesta pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) trasladarse a Venezuela para verificar las excarcelaciones. Se otorgó un visado temporal a varios oficiales de OACNUDH que estuvieron en Venezuela por un período aproximado de dos semanas. A esta fecha, persisten los vacíos de información sobre las excarcelaciones, mientras crece la incertidumbre y la burla a las expectativas de los familiares de presos políticos.
La comunidad internacional debe admitir que el tutelaje no solo no ha desmontado el aparato represivo, sino que sigue manteniendo en el tablero de juego a las mismas figuras que han tenido un papel activo en la persecución política y que han sido objeto de medidas internacionales de rechazo a su desempeño violatorio de los derechos humanos. En estas circunstancias es ficticio hablar de transición a la democracia, pues no es un problema del tiempo transcurrido desde la imposición de Rodríguez como presidente, sino de la ausencia de gestos genuinos en esa dirección.