En el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la delegación de Venezuela intervino en los diálogos interactivos con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFMV) y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA). Fiel a la política de Estado consolidada bajo Nicolás Maduro, el discurso oficialista buscó desacreditar y ocultar sistemáticamente las violaciones masivas a los derechos humanos. En lugar de aportar datos verificables o responder a los patrones de represión denunciados, la narrativa del régimen —hoy encabezado por Delcy Rodríguez— se basó en la negación, la propaganda y el intento de legitimar la persecución contra la oposición real o percibida.
Al desglosar los componentes del discurso diplomático de Venezuela, existen cuatro ejes retóricos que se mantienen bajo el actual gobierno de facto. En primer lugar, la búsqueda de normalización de las violaciones apelando a un legalismo estado-céntrico. Ante el GTDA, la delegación alegó que las detenciones contra opositores no son arbitrarias sino “el legítimo ejercicio de las competencias del Estado” y que las denuncias están “motivadas políticamente”. Como señaló PROVEA, existe una contradicción insalvable en el relato oficial: el régimen excarcela a decenas de personas —en su mayoría amparadas por la ley de amnistía dictada este año— mientras insiste en que nunca cometió arbitrariedades.
En segundo lugar, frente a los rigurosos informes presentados por tales organismos internacionales, la desacreditación funciona como una táctica recurrente para eludir la rendición de cuentas, no solo por las detenciones ilegales, sino por crímenes más graves como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Esta reacción es la prueba más sólida sobre la ausencia de voluntad oficial para reconocer los crímenes cometidos y desmantelar el aparato represivo.
De manera complementaria, el régimen apela al desgastado recurso de la soberanía nacional para rechazar el escrutinio internacional y presionar por esquemas de «asistencia técnica» más dóciles y que no impliquen exigencias. Aun así, omite que la supervisión del Consejo de Derechos Humanos se activa precisamente como una respuesta subsidiaria ante la impunidad, complicidad e inoperancia estructural del sistema de justicia local.
Por último, la táctica de mayor maestría del gobierno de facto ha sido la inversión de los roles de víctima-victimario. El régimen que instaló Nicolás Maduro y heredó Delcy Rodríguez presenta al Estado como víctima de la agresión externa incapaz de resolver sus problemas de derechos humanos. Ante la FFMV, la diplomacia oficial es insistente con la narrativa de las sanciones internacionales como responsables de la crisis interna utilizándolas como una cortina de humo contra la represión a las protestas y las demandas ciudadanas por garantías democráticas en el país. Asimismo, desde su incursión con la FFMV y la OACNUDH, con mayor ahínco desde 2025, Venezuela tantea el argumento de la crisis financiera de la ONU para sustraer recursos a la FFMV y redestinarlos a “mecanismos más cooperativos”; es decir, que no documenten ni eleven la voz ante crímenes atroces.
El análisis del discurso oficial confirma que el comportamiento del Estado venezolano ante los órganos multilaterales mantiene un patrón desde la creación de la FFMV en 2019: garantizar la impunidad estructural de los cuerpos de seguridad y de inteligencia calificando sus actos como «legítimos», criminalizar o descalificar el trabajo de la sociedad civil equiparándolo a activismo político, y estigmatizar a las víctimas bajo etiquetas como «terroristas» o «traidores» para justificar la vulneración generalizada de sus derechos.
Venezuela atraviesa un momento caracterizado por señales de distensión política que han logrado proyectar una falsa imagen de normalización económica e institucional. Este escenario coexiste con una arquitectura represiva totalmente intacta de la que ningún actor de rango medio – y menos alto- ha rendido cuentas. En este entramado hibrido, Delcy Rodríguez no representa una ruptura ni una vertiente moderada respecto a la línea de Nicolás Maduro; por lo contrario, encarna la versión impuesta por Estados Unidos, no menos cruel ni contradictoria, encargada de controlar y blanquear al mismo modelo autoritario del que ha sido parte protagónica junto a Maduro. Su rol ha sido instrumentalizar la coyuntura posterior al 3 de enero para aliviar la presión internacional —incluida la investigación en la Corte Penal Internacional— tras un disfraz de pragmatismo y diálogo.
Son esas tensiones dentro de la cúpula gobernante las que conducen prematuramente a los más inexpertos a la tentación analítica de distinguir entre el perfil más punitivo de Maduro y una supuesta cara más pragmática de Rodríguez. Sin embargo, la comparación de las intervenciones diplomáticas y la realidad local revela que tal distinción es artificial. La propia FFMV ha alertado, desde la llegada de la dirigente “interina” al poder, sobre la continuidad de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y nuevos métodos de tortura en centros como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.
AlertaVenezuela sigue denunciando que el gobierno de facto administra una distensión calculada que responde a una estrategia de reacomodo en el poder, lejos de una genuina transición. Concesiones políticas puntuales y negociaciones de mucho volumen a puertas cerradas se utilizan como moneda de cambio para atenuar las sanciones y recuperar reconocimiento diplomático. Como expresó la FFMV, no hay indicios de un quiebre genuino y sostenible respecto a los patrones de represión del régimen de Maduro. Su mejor expresión no es otra que los actores perpetradores todavía al mando de la jerarquía civil y militar en Venezuela. Así, la flexibilidad política es sólo aparente, pues el aparato coercitivo está operativo y listo para reactivarse cuando perciba una amenaza real a su hegemonía.
Sin voluntad para reconocer los crímenes, reparar a las víctimas y emprender reformas que conduzcan a la transición democrática, la represión no va en regresión, sino que es un pilar fundamental de la sostenibilidad del Rodrigato. Mientras los cambios se utilicen como maniobras de distracción y la estructura represiva continúe intacta, la labor de monitoreo y denuncia de la FFMV, la CPI, la CIDH y los Procedimientos Especiales de la ONU, se consolidan como mecanismos imprescindibles en la búsqueda de verdad y justicia.