8 de octubre de 2026 – Siete organizaciones de derechos humanos intervinieron hoy en un caso histórico ante la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina para determinar si las personas sobrevivientes de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela pueden seguir buscando justicia en Argentina, con consecuencias para los casos de jurisdicción universal en todo el mundo.
REDRESS, junto con Alerta Venezuela, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Legal Action Worldwide (LAW) y Partners in Justice International, presentaron un escrito _amicus curiae_ en el que instan al tribunal a permitir que continúe la investigación argentina y a proteger el acceso de las personas sobrevivientes a la justicia.
El caso, iniciado por InterJust, se refiere a denuncias de homicidio en un contexto más amplio de presuntos crímenes de lesa humanidad contra civiles considerados opositores al Gobierno venezolano.
El procedimiento plantea interrogantes sobre si las inmunidades reconocidas por el derecho internacional pueden impedir que los tribunales nacionales investiguen y enjuicien a funcionarios públicos extranjeros acusados de cometer crímenes internacionales. El escrito _amicus curiae_ insta al tribunal a rechazar el uso de la inmunidad oficial como impedimento para investigar y enjuiciar a funcionarios de Estados extranjeros por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Las organizaciones sostienen que los cargos militares que ocupan los funcionarios en cuestión no les otorgan inmunidad personal, la cual se aplica únicamente a una categoría limitada de altos funcionarios en ejercicio: jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores.
Por lo tanto, cualquier alegación de inmunidad derivada de actos realizados en el ejercicio de funciones oficiales corresponde a la inmunidad funcional. El escrito -amicus curiae- destaca un conjunto cada vez más amplio de prácticas estatales y decisiones de tribunales nacionales que confirman que la inmunidad funcional no se aplica al genocidio, los crímenes de lesa humanidad ni los crímenes de guerra. Tribunales de Francia, Alemania, los Países Bajos, Polonia, España, Suecia y otras jurisdicciones han investigado, enjuiciado o condenado a funcionarios extranjeros por crímenes internacionales. En julio de 2025, el máximo tribunal de Francia concluyó que existía una práctica estatal significativa que respaldaba la exclusión de la inmunidad funcional en casos relacionados con crímenes internacionales.
Argentina tiene una importante oportunidad para reafirmar que las inmunidades no deben utilizarse para proteger a funcionarios estatales frente a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad. Argentina tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de investigar los crímenes internacionales graves y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Cualquier inmunidad que pudiera corresponder a una persona o medida concreta no debería impedir que continúe la investigación más amplia sobre los presuntos crímenes.
Argentina ha desempeñado un papel importante en el avance de la rendición de cuentas mediante el ejercicio de la jurisdicción universal. En febrero de 2025, un juez argentino emitió órdenes de detención contra más de 20 funcionarios militares y civiles de Myanmar por presunto genocidio y otros crímenes internacionales contra la población rohinyá, en una causa presentada en nombre de las víctimas por LAW.
El escrito -amicus curiae- insta a las autoridades argentinas competentes a concluir que ni la inmunidad funcional ni la inmunidad personal impiden la continuación del proceso penal.
La presentación forma parte de la estrategia plurianual de la Iniciativa Global contra la Impunidad (GIAI, por sus siglas en inglés) para cuestionar el uso de las inmunidades como obstáculo a la rendición de cuentas por los principales crímenes internacionales. La GIAI es un consorcio integrado por ocho ONG internacionales (FIDH, CRD, ECCHR, Impunity Watch, REDRESS, PGA, TRIAL International y Women’s Initiatives for Gender Justice) y la Coalición por la Corte Penal Internacional (Coalición por la CPI). Cuenta con cofinanciación de la Unión Europea.
Esta presentación también se basa en nuestro trabajo más amplio para cuestionar el uso de las inmunidades oficiales como obstáculo a las investigaciones sobre crímenes internacionales, incluida nuestra intervención contra la negativa a abrir una investigación penal en Polonia contra funcionarios del Estado israelí, fundamentada en dichas inmunidades.
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