
El 31 de octubre, el exdiputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Apure, Juan Francisco García Escalona, informó sobre un ataque del Ejército venezolano contra campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se habría producido el día anterior. El reporte inicial ubicaba el ataque cerca de la zona de Los Pijiguaos, estado Bolívar; sin embargo, posteriormente otras fuentes localizaron el evento en Buena Vista del Meta, Edo. Apure, en zona fronteriza con Colombia. García Escalona señaló que el ELN ejerce una presencia en el área por control de zonas de explotación de bauxita y coltán, mientras otras fuentes señalan que propósito del bombardeo fue neutralizar un centro de acopio de drogas y pistas clandestinas, aunque no se puede descartar que ambas actividades estén conectadas, en la lógica de funcionamiento de las economías ilícitas.
El 28 de octubre, el periodista Fritz Sánchez había denunciado la toma de una Escuela de Fe y Alegría por parte de la Segunda Marquetalia de las disidencias de la ex FARC, en la comunidad indígena eñepa «La Batea» al sur del municipio Cedeño del estado Bolívar.
Ambas denuncias coinciden en señalar una presencia de larga data de estos grupos armados irregulares de origen colombiano, en varios municipios de los estados Bolívar y Apure, con prácticas de instalación de alcabalas, incursiones nocturnas a las comunidades indígenas y amenazas a la población.
A 72 horas de los hechos, no existe un reporte oficial sobre lo acontecido por parte de quienes ejercen el poder en Venezuela, ni del gobierno de Colombia, ni se conocen pronunciamientos o iniciativas de investigación por parte del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Toda la información proviene del tejido de activistas en el terreno y el periodismo independiente. Tampoco ha habido comentarios de líderes de la oposición ni de las fuerzas que hacen vida en la Asamblea Nacional, lo que valida lo advertido AlertaVenezuela desde 2023 en su informe Una tragedia ignorada: se trata de un tema ausente del debate público, pues ni quienes detentan el poder en Venezuela, ni el liderazgo opositor ni los gobiernos colombianos han abordado el tema con la seriedad y responsabilidad que se requiere.
No se conocen las identidades de los fallecidos, ni el número exacto de bajas o heridos, que se calculan en “una veintena”. Según el exdiputado García, se cuenta con información sobre el fallecimiento de “Jesús Javier Brugal Carrero, Cédula de identidad: V-11.821.394. Estado civil consignado: soltero. Juan Carlos Guerrero Márquez, Cédula de identidad: V-16.790.349. Estado civil consignado: soltero. También se mencionan licencias de conducir venezolanas con los nombres de: Jesús Javier Brugal Carrero. Wilden Luis Solorzano Camacho. Gabriel Carlos Brugal. Entre los objetos referidos figura, además, una tarjeta o credencial de Signature Aviation con la expresión ‘Guest Experience’, que las fuentes relacionan con operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)”. De confirmarse la ciudadanía venezolana de algunos de los fallecidos, se ratificaría el carácter binacional del ELN como grupo armado irregular y transfronterizo.
A la opacidad informativa se suman prácticas que en el pasado han sido usadas para encubrir ejecuciones. La orden denunciada por la periodista Sebastiana Barráez de enterrar de forma apresurada los cuerpos trasladados a San Fernando de Apure en el municipio Esteros de Camaguán (Guárico) levanta dudas sobre el modus operandi. Sepultar a las víctimas de manera exprés, podría apuntar al encubrimiento de potenciales violaciones a los derechos humanos.
Históricamente, el ELN ha operado en territorio venezolano bajo un manto de tolerancia institucional y afinidad ideológica amparada por el gobierno de Nicolás Maduro. Este bombardeo parece romper esa dinámica. Es posible que el ELN no acepte el fin del discurso antiimperialista del chavismo representado por los Rodríguez. Además, la incursión militar sugiere que el ala del gobierno interino controlado por los hermanos Rodríguez está dispuesta a sacrificar sus antiguos aliados irregulares (ELN) en aras de ganar legitimidad internacional, estabilizar su posición frente a Washington y asegurar contratos petroleros en la nueva coyuntura política. Ya habían aceptado la intervención de tropas de EE.UU. para aniquilar al jefe del Tren de Aragua.
El bombardeo en Apure no debe leerse como un acto genuino de restitución de la soberanía territorial por principios nacionalistas, sino como una moneda de cambio geopolítica del gobierno interino venezolano para alinearse forzosamente con las exigencias antinarcóticos de los Estados Unidos en la era post-Maduro. La falta de transparencia oficial en el manejo de las bajas civiles e irregulares es un síntoma claro de que el Estado venezolano sigue operando al margen del escrutinio público y los estándares internacionales de derechos humanos.
Como bien advierte Óscar Murillo, coordinador de Provea, abordar la presencia de grupos armados irregulares únicamente con una respuesta militarista de tierra arrasada es insostenible. La ausencia del Estado ha obligado a las comunidades indígenas y rurales a sobrevivir bajo regímenes de gobernanza criminal. Si los bombardeos y el despliegue de cuerpos de inteligencia no van acompañados de un plan integral de desarrollo territorial y protección comunitaria, se abona el terreno para perpetuar el ciclo de violencia e impunidad, pues el espacio no ocupado por un actor armado irregular será rápidamente llenado por otro.
También es imperativo que tanto Caracas como Bogotá y quienes aspiran a jugar un papel relevante en el futuro de Venezuela, reconozcan la existencia de grupos armados irregulares como una realidad que no pueden seguir evadiendo. Como ya advirtió AlertaVenezuela, “Tomando en cuenta los niveles de penetración de muchos de estos grupos en territorio venezolano, resultaría ilusorio plantear procesos de diálogo o negociación para la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, si no se toma en consideración la presencia y el papel de estos actores”.
Los fondos multilaterales de reconstrucción o los alivios económicos al gobierno interino venezolano deberían estar explícitamente condicionados por la comunidad internacional al diseño de un plan de desarrollo territorial sostenible para la frontera, que sustituya las economías ilícitas por actividades económicas legales y protección social comunitaria.