Los ataques de represión preelectoral de Maduro siguen y van en escalada. El 18 de enero el gobierno había ordenado la activación del plan “Furia Bolivariana” que al menos contabiliza 36 civiles y militares detenidos, 22 órdenes de captura contra activistas de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil, así como sedes de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación agredidas en señal de intimidación. Advertimos que la persecución política y otros crímenes de lesa humanidad no sólo continúan en Venezuela, sino que se recrudecen en el presente contexto electoral mientras echan mano de diferentes estrategias represivas para quebrar a la sociedad civil.
A las agresiones de enero contra María Corina Machado y su equipo, el profesor Víctor Venegas, el ex trabajador de PDVSA Carlos Salazar Lárez y otras, se suma la desaparición forzada contra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y su hija. Ambas fueron interceptadas el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado La Guaira por agentes de inteligencia. A pesar de que el fiscal general reconoció la detención de San Miguel, el Estado no ha informado su paradero ni ha sido presentada a tribunales a la fecha de cierre de esta entrega. También se desconoce el paradero de otras cuatro personas de su familia. Rocío San Miguel es víctima de discriminación, acoso y retaliación políticas por haber firmado en un referéndum contra Hugo Chávez hace ya 20 años, según reconoce una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Curiosamente el 1 de febrero de 2024, la defensora expresó que la Corte Interamericana había solicitado al Estado informar del cumplimiento de la sentencia del caso otorgándole un plazo de 6 meses.
El delito de desaparición forzada se ha extendido por parte de la dictadura venezolana. Un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y Espacio Público, en colaboración con la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, documenta casos entre 2014 y 2018 identificando patrones en los organismos de seguridad, tales como negar el paradero de la persona durante horas, días o incluso semanas, así como impedir la comunicación con abogados y familiares evitando constatar la ubicación, el estado y las condiciones de las personas detenidas a pesar de los indicios oficiales o extraoficiales de su sitio de reclusión. Tan solo el 23 de enero fueron detenidos tres dirigentes regionales del partido Vente (liderado por María Corina Machado), quienes permanecen desaparecidos hasta la fecha. Tales patrones han sido caracterizados en los informes de la Misión de Establecimiento de Hechos y también denunciados por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos como herramienta de represión política ante el ejercicio de derechos humanos de las víctimas.
La desaparición forzada contra Rocio San Miguel, su hija presenta y otros miembros de su familia nuevas variantes. A diferencia de los casos más antiguos, ahora el fiscal general participa de manera directa en la perpetración de la desaparición forzada al informar a través de un mensaje desde su cuenta “X”, antes Twitter, que una persona ha sido detenida por el Estado, pero sin revelar su paradero. En efecto, después de 50 horas sin obtener noticias de ella, Saab señaló que la defensora fue detenida “en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco‘, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolas Maduro (…)”. A pesar de afirmar tener información, el fiscal general se abstiene de informar su paradero, por lo que es responsable directo del delito de desaparición forzada.
Otra arbitrariedad reciente confesada por Saab es que él dirige –y así convalida- los interrogatorios irregulares –llevados a cabo generalmente de madrugada en una sede policial o militar, sin presencia de abogados, sin facultades expresas para interrogar y probablemente con torturas previas a la declaración- con la excusa de que él estaría a cargo de la investigación de los supuestos planes de magnicidio contra Maduro. Esta es la muestra más elocuente de la gravedad de las violaciones de derechos y la consolidación de la impunidad en Venezuela.
Cabe acotar que para el 26 de enero el fiscal general había revelado en rueda de prensa el número de 36 personas detenidas por el caso “Brazalete blanco” y 22 órdenes de aprehensión. Estas actuaciones se extienden por parte de un fiscal que fue nombrado por una ilegítima asamblea nacional constituyente en 2017 y quien cometiendo una usurpación del cargo desplegada desde hace 7 años, estaría ahora adecuando la acción penal para castigar los crímenes de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional. Nada más alejado de la realidad. Existe un sistema de justicia que se ha dedicado a perpetuar los abusos y proteger a los funcionarios del gobierno mientras están en el poder y una de las piezas fundamentales para cumplir con estos objetivos de impunidad es el actual fiscal general de la república.
Estas agresiones contra voces críticas forman parte del cierre progresivo del espacio cívico en el país a partir de la última ofensiva lanzada por el gobierno a través de la ley anti-sociedad. El proyecto de ley, aunado a una retórica incendiaria desde las altas esferas del poder, crea un caldo de cultivo que está generando efectos graves contra la sociedad civil a las puertas de una elección presidencial. El Estado continúa con su propósito de socavar el espacio cívico y ratifica su manifiesta indisposición de cumplir con el Estatuto de Roma y sus obligaciones internacionales de derechos humanos negándose cada vez más al escrutinio público.
Ante estos últimos acontecimientos, AlertaVenezuela se suma al llamado por la liberación plena e inmediata de Rocío San Miguel y de todos los presos políticos y exhorta a la comunidad internacional a adoptar de manera coordinada y decidida todas las medidas necesarias para exigir el cumplimiento de la agenda de Barbados y proteger a la sociedad civil venezolana que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad desde el inicio de 2024.
Última hora
Al cierre de esta entrega, a través de un tuit del fiscal general, se conoció que el lunes 12 de febrero, pasadas las 8:00pm, Rocío San Miguel y cinco familiares fueron presentados al tribunal segundo contra terrorismo, donde el ministerio público solicitó medida privativa de libertad contra Rocío San Miguel por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, “entre otros”.
En la misma audiencia se pidió medida privativa de libertad contra Alejandro González, ex pareja de San Miguel y medida de presentación periódica ante el tribunal a otros cuatro familiares, sin que se detallaran sus nombres, paradero ni los cargos en su contra.
La audiencia se produjo sin presencia de sus abogados, por lo que se presume que se le impuso defensa pública. Tampoco tuvo tiempo para preparar su defensa. Aun así, Saab afirmó que todo se hizo “en estricto apego a la normativa nacional e internacional”.
Una audiencia de presentación secreta y plagada de irregularidades procesales no es suficiente para desvirtuar una situación de desaparición forzada. Por el contrario, debe entenderse como una extensión de la propia desaparición. Es la presencia de abogados de confianza y/o familiares en la audiencia de presentación lo que permite verificar que una persona fue efectivamente llevada a la justicia y poner fin a la desaparición. No alcanza con un tuit de un fiscal que viene manipulando el proceso a sus anchas. De otro modo, sería muy fácil para el Estado desligarse del delito de desaparición a través de un juicio sumario, como el que viene realizando.
Mientras no se conozca el paradero de las víctimas, la desaparición continúa.