Vulker Turk ha vuelto a bajar el tono frente al gobierno de facto. La reciente presentación del informe anual por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha dejado, nuevamente, una molestia en los pasillos de Ginebra: la agenda de la máxima autoridad de derechos humanos de la ONU parece haber entrado en otra fase deliberada de apaciguamiento, marcando un estruendoso silencio sobre la situación en Venezuela.
Para dimensionar la gravedad del silencio actual, basta con mirar el espejo retrovisor. En junio de 2025, el Alto Comisionado no dudó en dedicar un espacio contundente a la crisis venezolana, denunciando la severa represión poselectoral tras los comicios del 28 de julio de 2024 con referencia a las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los patrones de tortura. En la actualización verbal de septiembre de 2025, la OACNUDH mantuvo la presión al denunciar el asfixiante cierre del espacio cívico. Incluso en marzo de 2026, Türk alzó el tono ante las denuncias en Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, provocando la airada reacción de la cancillería oficialista que acusó a la oficina de tener un “sesgo inmoral”. Además de cargar contra la crisis de servicios, salarios, alimentación, salud, agua y saneamiento, el Alto Comisionado exigió un retorno con mandato completo de su oficina, y, por primera vez, llamó a cooperar con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MIDH). Hasta hace tres meses era Turk quien reveló que, frente a la ley de amnistía, su oficina no había recibido una lista oficial de personas excarceladas, ni acceso a centros de detención, demandando transparencia en el asunto.
Es evidente que se ha dado un giro, cuando menos, sorpresivo. Al omitir por completo a Venezuela de su informe global, no se trata de un descuido burocrático, sino de una concesión política. No en vano la respuesta del gobierno de facto a esta omisión fue seguida de una intervención desprovista de la tradicional hostilidad y llena de agradecimientos corteses hacia el informe del Alto Comisionado. El contraste tan profundo deja en claro que el silencio se paga con complacencia mutua y que los derechos humanos también son utilizados para fines que pueden ser distintos a su protección y defensa.
El problema de fondo recae en ese modus operandi y sus consecuencias. Tampoco se trata de la primera oportunidad en que el Alto Comisionado, en su juego de tira y encoge con el gobierno de facto, cae en la trampa de la zanahoria de la presencia en el terreno, que nunca llega y siempre es condicionada, a cambio de una gestión sumisa a conveniencia. Bajo la premisa pragmática de «mantener el acceso» al país, la oficina está tirando a una lógica de negociación a la baja que ni siquiera le asegura un visado para operar de manera estable.
Actualmente los términos de la presencia de la OACNUDH se hallan bajo un Memorando de Entendimiento vencido, aunque con una extensión. Los funcionarios internacionales dependen de visas de corta estadía, que es no otra cosa que una soga regulatoria con la que el régimen de los Rodríguez, al igual que el de Maduro, extorsiona sutilmente la narrativa de la ONU, y con cierta probabilidad, lo que puede o no hacer en el plano interno mientras sigan las conversaciones. En lugar de reaccionar alto y claro ante el progresivo empeoramiento de las condiciones sobre el terreno, la jefatura de la OACNUDH da señales de enfocarse en asegurar un mínimo, que para ellos sería aceptable, —como una mera extensión formal del memorando o estadías un poco más prolongadas para su personal— sin mejoras estructurales que pasan por generar las condiciones que lleven a un acuerdo con garantías suficientes de permanencia y despliegue. Si no existe voluntad política del régimen, el Alto Comisionado debería cambiar a una estrategia de presión para fomentar la negociación, sin sacrificar en ningún momento la denuncia de los crímenes atroces y la crisis humanitaria.
Este modus operandi de preservar el vínculo con el país anfitrión por encima de los derechos humanos es exactamente lo que ha quebrado al sistema de protección de derechos humanos de la ONU. La historia de la organización debería ser su principal fuente de aprendizaje. En su informe de Lecciones no Aprendidas, AlertaVenezuela recordó que durante la fase final de la guerra en Sri Lanka (2007 – 2009) la ONU incurrió en su primer fracaso institucional al mantener un silencio cómplice frente a las atrocidades cometidas. Esto llevó a Ban Ki-moon a comisionar un estudio que estableció que la ONU “no invocó adecuadamente los principios de los derechos humanos que son la base del sistema, sino que pareció hacer lo necesario para evitar la confrontación con el gobierno”. Es responsabilidad del Alto Comisionado impedir que la organización repita en Venezuela los errores de las experiencias trágicas de Sri Lanka y Myanmar, haciendo del sistema ONU un instrumento político al servicio del poder. Por ello, Venezuela no puede ser silenciada, ni su crisis relativizada ante intentos de diálogo que llevan meses siendo truncados. En cambio, Turk debe desarrollar perfil político para tensionar con el régimen cuando sea necesario.
Es cierto que esta semana el Alto Comisionado emitió un informe crítico sobre Venezuela. Turk expresó que, aunque se registraron varias excarcelaciones de personas detenidas arbitrariamente tras las elecciones de 2024, las autoridades mantuvieron una retórica estigmatizante y se aprobó una Ley de Amnistía cuestionada por su opacidad, su alcance limitado y su vocación de destrucción de pruebas esenciales de los crímenes cometidos. De igual modo continuó documentando graves violaciones como desapariciones forzadas y traslados clandestinos de detenidos, acompañados de torturas, así como un incremento sustancial en el número de protestas ciudadanas y la censura en internet. Esto, sin embargo, no invalida la crítica anterior. Es parte de su trabajo y al mismo tiempo el Alto Comisionado debe entender que aceptar mantenerse en un país bajo un memorando vencido, todavía secreto, y con visas limitadas, reduce a la máxima instancia de derechos humanos, así como a las víctimas, a una condición de rehén del gobierno de facto.
La consecuencia inevitable es la parálisis operativa disfrazada de prudencia diplomática. Desde AlertaVenezuela hemos reiterado en varias ediciones que debe existir un límite, líneas rojas, que no puede cruzar la llamada estrategia de diplomacia silenciosa. No sólo eso. La experiencia de relacionamiento con el régimen, así como con otros gobiernos autoritarios, ya es suficiente para explorar al menos diferentes estrategias de cabildeo con Estados, sociedad civil y organizaciones aliadas que permitan la búsqueda alternativa de avances significativos. Además, al no haber mejoras reales en las libertades democráticas y mantenerse intacto el aparato represivo, la prórroga del statu quo solo beneficia al régimen, que instrumentaliza la presencia de la ONU como un sello de legitimidad internacional sin pagar costo político alguno, e incluso, restándole mérito a otras instancias como a la MIDH.
Venezuela ha desplegado ingentes sumas de dinero en propaganda y cabildeo internacional para sostener una matriz de opinión de «normalización» y aparente «cooperación» multilateral. No obstante, esas narrativas han perdido fuerza, desmoronándose ante el escrutinio de los hechos y la persistencia de la crisis. Es por eso que, sabiendo que sus mitos de recuperación y diálogo ya no convencen a los donantes ni a los Estados democráticos, la diplomacia oficialista mutó su táctica. El objetivo actual no es convencer al mundo de que en Venezuela impera el Estado de Derecho, lo cual hace tiempo que no importa porque ya no hay el mínimo respeto a las formas como advirtió la MIDH, sino desactivar los mecanismos de rendición de cuentas más estrictos. Al escenificar una relación «armónica», sumisa a conveniencia y exenta de fricciones con la oficina de Volker Türk, el gobierno de facto pretende demostrar ante la comunidad internacional que los mecanismos de investigación penal y de determinación de crímenes de lesa humanidad (como la Misión de Hechos y la Corte Penal Internacional) son innecesarios e injerencistas.
Si las condiciones actuales con la OACNUDH se mantienen, no hay perspectivas de mejoras a corto plazo. Con las concesiones cosméticas realizadas por las autoridades venezolanas en los últimos meses —tales como excarcelaciones condicionales parciales o reformas legislativas a medias y sin consulta sustantiva— el Alto Comisionado tiene que ir por más en el terreno y exigirlo. Además, debe plantearse seriamente cuál es el balance de su gestión, especialmente cuando entra en esa dinámica perversa de apaciguar o cambiar su discurso.
La OACNUDH no puede olvidar que su mandato no es sobrevivir administrativamente dentro de un territorio autoritario, sino defender con autoridad los derechos de quienes no tienen voz. Ceder ante el chantaje de las visas y los plazos administrativos condena a la ONU a la irrelevancia y convierte su indiferencia en daño a la población. Pedimos a la comunidad internacional incidir en esta cuestión, procurando que Venezuela cuente, de una vez por todas, con una genuina oficina de país dotada de mandato completo y sin restricciones.