La salida de Gianluca Rampolla, quien finalizó su misión de cinco años como coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela a principios de agosto de 2026, generó reacciones encontradas y divididas en el panorama político y social del país.
La salida de Rampolla fue recibida con altos honores por el gobierno de facto que le impuso la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, pese a que los oficiales de la ONU no pueden recibir este tipo de condecoraciones a título personal y Rampolla no aclaró el destino del reconocimiento.
En contraste, la despedida del funcionario provocó fuertes críticas en sectores de la opinión pública. Activistas y familiares de presos políticos o personas desaparecidas le reprocharon una postura complaciente con el gobierno de Nicolás Maduro. Un ejemplo visible fue el reclamo público de la madre de Hugo Marino (desaparecido desde 2019), quien criticó que Rampolla se marchara sin haber intercedido de manera efectiva ante el Estado para obtener respuestas sobre el caso de su hijo. Aunque el propio Rampolla defendió en entrevistas para medios como El País que recibir reclamos de ambos bandos políticos significaba que estaba haciendo bien su trabajo neutral, sectores de oposición percibieron su validación de las cifras gubernamentales durante la emergencia del terremoto como un respaldo al discurso oficial. Muchos cuestionaron también su participación en el «Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares», organizado por Nicolás Maduro en septiembre de 2024, episodio considerado uno de los momentos más polémicos de su gestión, en tiempos en que el gobierno de facto había lanzado su mayor ola represiva tras el fraude electoral, calificando a la oposición como fascista y terrorista.
El informe de AlertaVenezuela, Lecciones no aprendidas, había cuestionado la gestión del excoordinador de la ONU en Venezuela, Peter Grohmann, denunciando una «diplomacia silenciosa» que ocultó datos humanitarios y minimizó violaciones de derechos humanos para mantener la cordialidad con el gobierno. Lamentablemente y a pesar de las advertencias, Rampolla incurrió en las mismas prácticas de su antecesor y repitió el patrón de «diplomacia silenciosa» y excesiva complacencia institucional que caracterizó a Peter Grohmann. Al igual que su antecesor, Rampolla centró sus esfuerzos en mantener la fluidez de los canales oficialistas, aun a costa de sacrificar el pilar de derechos humanos de la ONU. La imposición de la Orden Francisco de Miranda al cierre de su misión evidenció que el diplomático prefirió la comodidad de una relación cordial con el gobierno antes que una postura firme de exigencia de cumplimiento de obligaciones internacionales hacia Venezuela.
En el periodo de Rampolla se acuñó el término “ambigüedad constructiva”, cuestionado en su momento por AlertaVenezuela, que supuestamente buscaría asegurar un mecanismo de enlace que permitiera dialogar e intervenir en situaciones relevantes ante las autoridades. Con el paso del tiempo fue claro que se impuso la ambigüedad sobre lo constructivo.
Recientemente se conoció que el oficial de origen canadiense Álvaro Rodríguez fue designado como el nuevo Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Venezuela. Rodríguez llega a Caracas con un extenso bagaje en el plano multilateral y la atención de crisis, habiendo construido gran parte de su carrera directamente dentro del sistema de las Naciones Unidas y en diversas instituciones internacionales.
El nuevo representante asume sus funciones en un contexto de alta exigencia operativa en el país, teniendo bajo su responsabilidad el Plan post-terremoto y la articulación de la asistencia. Además, el equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela está incorporado bajo la estructura de la Oficina del Coordinador Residente.
Rodríguez tiene el reto de apartarse de la llamada ambigüedad constructiva para superar las críticas de complicidad y «diplomacia silenciosa» que marcaron a Grohmann y Rampolla, para lo cual debería implementar cambios urgentes en su estrategia institucional, incluyendo:
- Reportar con total transparencia los obstáculos burocráticos y las restricciones políticas que sufren las agencias internacionales y las ONG locales en el terreno.
- Romper el silencio ante violaciones flagrantes de derechos humanos, equilibrando las reuniones a puerta cerrada con declaraciones públicas claras y contundentes.
- Evitar la validación del discurso oficial, contrastando rigurosamente los datos y cifras del Estado con los fuentes independientes antes de emitir balances.
- Utilizar el peso político de su cargo para interceder de manera visible y activa por la liberación de presos políticos y el cese del hostigamiento a defensores.
- Diseñar mecanismos estrictos de auditoría que impidan que los programas de asistencia de la ONU sean utilizados por el gobierno como herramientas de control social o propaganda política.
- Colaborar con la OACNUDH en la búsqueda de mecanismos graduales y progresivos que faciliten el completo establecimiento de una oficina de país en derechos humanos.
El logro de estos cambios requiere de una comunidad internacional proactiva que contribuya a recuperar el núcleo duro de la operación de la ONU en Venezuela, de conformidad con sus principios fundacionales.