Venezuela se enrumba hacia un nuevo intento de diálogo entre un sector de la oposición y el gobierno de facto. El 1 de agosto, Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez publicaron cada uno por separado un comunicado informando que acordaron una agenda de trabajo en el marco de un proceso de diálogo cuyas interrogantes y reservas siguen levantando dudas. Los actores que se presentan como cabezas de este proceso son, por un lado Figuera, quien todavía suscribe como presidente de la Asamblea Nacional pese a la expiración de su mandato constitucional en 2020 y que continúa sosteniendo por virtud de un reconocimiento de los Estados Unidos, como si la investidura pública, más aún aquella basada en la voluntad popular, dependiera de la decisión de un gobierno extranjero; y, por otra parte, Jorge Rodríguez, presidente del órgano legislativo y el segundo al mando del régimen de facto conducido por su hermana.
No ha sido un comunicado conjunto, sino dos, y allí las diferencias comienzan a emerger. Rodríguez se refirió a “un diálogo político inclusivo en beneficio del país”, mientras que Figuera a “un proceso de diálogo para la transición democrática en Venezuela”. Los contrastes no necesitan explicación y denotan que las partes han iniciado conversaciones sin poder convenir un lenguaje mínimo común para enmarcar el proceso. Esto no es una cuestión menor; más allá de la desconfianza inicial, evidencia la posición de cada actor de complacer a sus audiencias, lo que podría enlodar este esfuerzo en una fase incipiente.
En el nivel de las formas, el indicador más grave consiste en el sector que representa a la oposición en esta propuesta de diálogo. Una negociación no puede llegar a resultados genuinos, si es que alcanza alguno, si margina a la fuerza política con mayor legitimidad y respaldo popular en el país (como el liderazgo encarnado por María Corina Machado y el bloque democrático mayoritario). Ya hemos advertido que las transiciones impuestas por una potencia extranjera y pactadas en ausencia de la oposición y de la sociedad civil han fracasado. Aceptar una interlocución a la medida del régimen condena cualquier aproximación política a la simulación y deja inevitablemente muchos aspectos sin tratar. El problema no es contra Figuera y su papel en este proceso, sino con quienes pretenden validar una fórmula que excluye a los principales factores de oposición.
Otra observación crítica recae en la agenda. Mucho se podría decir sobre su contenido vago, impuesto o excluyente. Como señalamos en una edición anterior, no deja de preocupar que el trasfondo de la conversación sea originado por la catástrofe natural, como si nada de lo que existía previamente en el país era razón suficiente para conversar y generar cambios estructurales. La atención a las víctimas del doble terremoto, aunque necesaria y valiosa, olvida a todas las víctimas del terrorismo de Estado durante estos 27 años de chavismo-madurismo-rodrigato. Afrontar una iniciativa de diálogo, como ha ocurrido con todas las demás, que no dedique una sola línea a los presos políticos y a las miles de víctimas todavía sin reparar, es otra ofensa que denigra no solo a sus familias, sino a todos los venezolanos donde quiera que estén, porque saben que los crímenes no sancionados significan incentivos para repetirlos en el futuro.
En sentido similar, se insiste con la idea de “fortalecimiento de la democracia”, en lugar de democratizar, en los comunicados de ambos actores. También como advertimos en una edición anterior, este objetivo común podría anticipar que los esfuerzos serán mínimos bajo el supuesto de una democracia que ya existe y que solo necesita refuerzos. Luce desafiante conciliar la propuesta de fortalecer la democracia con el objetivo declarado por Figuera de emprender una transición democrática, ya que aluden a procesos esencialmente diferentes.
La cuestión relevante es que, junto al fondo, las formas para conducir un proceso de diálogo adquieren una importancia fundamental, en especial en Venezuela, que ha atravesado múltiples intentos de superación de su crisis política, en no menos de 12 oportunidades con algún acompañamiento externo, que incluyen Mercosur, Caricom, Unasur, Rodríguez Zapatero en 2014 y en 2017 (República Dominicana), Barbados/Noruega, el Vaticano, la OEA, Grupo de Lima, Grupo de Contacto, México/Noruega y Barbados II. Las instancias han sido tantas y tan variadas que al menos ciertas lecciones aprendidas han debido surgir de estas experiencias.
Con el propósito de evitar que este nuevo acercamiento político se convierta en otro ejercicio de oxigenación táctica para el régimen y desarticulación para la oposición, es necesario analizar las fallas estructurales del pasado a la luz de la dinámica política venezolana y brindar algunas orientaciones basadas en la evidencia que permitan canalizar el rol de la comunidad internacional dentro de este proceso complejo de dictadura tutelada.
La primera lección aprendida tendría que ser la asimetría de incentivos para negociar. El gobierno de facto ha acudido históricamente a los diálogos bajo presión coyuntural (sanciones, protestas, crisis humanitaria y ahora desastre natural) solo para ganar tiempo, desarticular la movilización de calle y fragmentar a la oposición. Una vez disipada la presión inmediata, incumple los acuerdos sin pagar un costo político o económico significativo.
Dado que para el régimen el éxito de una negociación democrática significaría perder el poder, su incentivo real no es llegar a un acuerdo de cambio, sino manipular la conversación para mantenerse en el gobierno. Para la oposición, el incentivo es recuperar la institucionalidad. Si democratizar el país implica para la élite gobernante un riesgo existencial (perder todo su patrimonio o enfrentar la justicia internacional), su tendencia a bloquear una transición real siempre será mayor que cualquier concesión parcial ofrecida.
Una condición estructural debe ser, entonces, un esquema de incentivos con garantías de salida que realmente altere ese cálculo de costo/beneficio para la élite en el poder, de modo que los costos de no acordar sean tan altos para el autoritarismo que su opción menos mala sea aceptar un conjunto de reglas democráticas. En este punto la comunidad internacional y la oposición deben coordinar una estrategia de presión incremental y considerar mecanismos de justicia transicional, garantías de coexistencia y representación futura y ciertas salvaguardas patrimoniales o personales, sin afectar derechos humanos de las víctimas ni convertir a futuro al Estado en un instrumento de persecución a la inversa.
La segunda lección aprendida debería ser el manifiesto desequilibrio en el costo/beneficio de ambas partes. En el caso venezolano el desequilibrio es grande y juega en contra de la oposición. Si el régimen firma un acuerdo y luego no lo cumple, la oposición no tiene herramientas para hacer cumplir lo pactado, por lo que el primero no paga un costo alto por romper su palabra, mientras que el segundo empeña su capital político cada vez que se sienta a negociar. Además, para las fuerzas democráticas del país, el tiempo juega en contra porque abona al desgaste, la crisis humanitaria y diversos problemas sociales. Para el régimen, el tiempo en la mesa juega a favor, ya que cada mes de diálogo sin resultados es un mes más de permanencia y de dilución de la presión social e internacional.
Una condición estructural debe ser, por tanto, asegurar mecanismos de verificación y ejecución. A diferencia de procesos anteriores, esta vez Estados Unidos asume un rol de potencia tutelante; ahora bien, está fuera de discusión que la administración de Trump sólo intervendrá si el aspecto discutido le importa o si considera que podría mejorar sus propios intereses económicos. Dado que la alianza Trump-Rodríguez parece fluir muy bien, es clave realizar incidencia más allá del gobierno norteamericano, en particular ante el Congreso y distintos grupos con capacidad de influir en su decisión, incluyendo otros Estados.
Adicionalmente, se presenta otra oportunidad histórica a la ONU del saliente Guterres, la cual ha operado bajo una lógica de cálculo reputacional y silencio ante diversos conflictos, para que cobre un papel más activo en exigir resultados concretos e incidir estratégicamente ante Estados Unidos u otros países que respalden el camino democrático en Venezuela. La situación de crisis financiera y reputacional de organismos multilaterales como la ONU no dejará de ser una soga en su cuello hasta que el mismo Secretario General y voceros de alto nivel se atrevan a reivindicar la importancia de su misión y la hagan valer en los escenarios para los cuales fue imaginada; esto es, Estados en crisis o con graves conflictos. La ONU no se creó pensando en los países nórdicos o con democracias relativamente estables. Sin actores multilaterales será muy difícil construir un músculo coercitivo amplio que ayude a elevar los costos del gobierno de facto cada vez que decida evadir los compromisos, como tampoco será posible establecer garantías institucionales para sostener acuerdos a largo plazo.
Los mecanismos de verificación y ejecución que se adopten deben sustentarse en fórmulas de intercambio gradual y reversible entre avances y flexibilización. Cada avance en la reinstitucionalización (por ejemplo, habilitación e inscripción de candidatos, liberación total de presos políticos, cronograma electoral verificado, recomposición del órgano electoral o el poder judicial) se “paga” con un hito de alivio de presiones (por ejemplo, licencias comerciales, levantamiento gradual de sanciones financieras o personales de ciertos funcionarios, medidas de reconocimiento a ciertas autoridades, restitución de derechos, entre otros). Lo clave es comprender que las medidas sean reversibles, con capacidad de agravarse en caso de incumplimiento, y condicionados a la constatación de hitos verificables y relevantes en el calendario político e institucional que se convenga.
La tercera lección aprendida debería ser la reducción del diálogo a un asunto político-partidista. Ningún esquema de negociación con solo actores políticos ha resultado. El diseño de este nuevo ciclo debe contemplar canales organizados para que las demandas de derechos humanos, incluyendo la reparación a las víctimas, no sean objeto de transacción o “favores” de la agenda política. Para ello no hay otra forma más auténtica y democrática que asegurar una participación relevante a la sociedad civil junto a comunidades y familiares de víctimas, quienes deben ser tomados en cuenta en los distintos roles del proceso, lejos de lugares secundarios o con escasa incidencia efectiva.
Lo aprendido, a su vez, ha permitido que la comunidad internacional cuente con alertas tempranas. El desarrollo del diálogo podrá evaluarse con objetividad y evidencia en función de distintos criterios, tales como i) Una eventual dilación en la fijación de un cronograma electoral y político con garantías para todas las partes y electores; ii) Mantenimiento de inhabilitaciones, desapariciones y detenciones arbitrarias; iii) Uso del diálogo para desmovilizar a la ciudadanía (incluyendo protestas, asociaciones y otras modalidades de organización popular); iv) Incumplimiento sostenido de obligaciones internacionales de derechos humanos (en particular, la denuncia del Estatuto de Roma y otros tratados internacionales); iv) o incluso, si existiera concesiones anticipadas a la ejecución efectiva de acuerdos por parte del gobierno de facto; entre muchos otros criterios.Un proceso que perdure sin resolver al menos alguno de estos aspectos no puede sino ser un simulacro.
Con base en la experiencia acumulada a lo largo de estos años, AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional, la sociedad civil venezolana, y demás actores interesados en la democracia en Venezuela, a impulsar desde sus distintos roles un proceso de negociación política que incorpore efectivamente las lecciones aprendidas y brinde suficientes indicadores y garantías hacia el futuro, sin reproducir la narrativa del régimen que condiciona el contenido y alcance de los futuros acuerdos (democratizar vs realizar ajustes cosméticos), ni convalidar la exclusión de la oposición mayoritaria y la sociedad civil.
Asimismo, pide rechazar cualquier propuesta construida sobre la impunidad de las violaciones graves de derechos humanos, así como acuerdos parciales que impliquen un sacrificio desmedido para la causa democrática a cambio de ganancias temporales y pobres, tales como esquemas de poder compartido que institucionalicen el unipartidismo o que impidan el libre ejercicio de la oposición por cuotas menores en el espacio público.