Una emergencia comprende múltiples capas. Tiene facetas más visibles y dolorosas, como las producidas por la catástrofe natural que mantiene en luto al país desde el 24 de junio. Al mismo tiempo incorpora otras dimensiones, aunque no tan evidentes, sí profundas y determinantes en la vida de las personas: las de carácter institucional y político. La reconstrucción de Venezuela no sólo enfrenta desafíos de ingeniería, asistencia humanitaria, financiamiento o capacidad administrativa, sino retos de primer orden sobre legitimidad democrática, aquellos relacionados a la arquitectura política -el modelo y los actores- que estarán en el poder, y de los que depende todo lo anterior, marcando las chances de una Nación para levantarse y salir de un estado de emergencia permanente.
Cuando se habla de democracia y actores legitimados por la Constitución se hace referencia a la condición indispensable de contar con instituciones sólidas y que funcionen, capaces de transmitir confianza y adoptar decisiones de forma transparente con respeto a los derechos de la población, especialmente la más vulnerable. Como señala la organización Provea, la distribución de la ayuda debe guiarse por criterios de necesidad y no discriminación. Las familias esperan que esa ayuda llegue efectivamente y que los proyectos se cumplan. Los organismos internacionales y cooperantes necesitan confiar en que los recursos serán administrados por funcionarios responsables, legitimados democráticamente y conforme con el marco legal interno. Sin confianza la respuesta se traba. Así que atender la emergencia no supone evadir la Constitución; todo lo contrario, es el marco de principios y reglas dentro del cual la respuesta es segura y puede sostenerse.
Los devastadores sismos que sacudieron la región centro-norte de Venezuela actuaron como un catalizador sobre un mapa de grietas políticas preexistentes. La tragedia natural no ocurrió en un vacío institucional, sino sobre un terreno sociopolítico severamente erosionado, en crisis humanitaria y constitucional acumulada por años de violaciones a los derechos humanos, colapso de servicios públicos, corrupción a gran escala y servilismo a potencias extranjeras de diferente signo en beneficio de los intereses del partido gobernante. Por ello existen desafíos políticos previos que se han agravado o redimensionado drásticamente tras la emergencia causada por los sismos. A continuación, un breve repaso de algunos de ellos.
En primer término, tras una fase de encargaduría en el poder que excedió el plazo máximo de 6 meses que prevé la Constitución, medios y actores políticos comienzan a designar a Delcy Rodríguez como Presidente, a secas. Este movimiento no es inocuo. Pretende posicionar a quien es una gobernante de facto en el ejercicio del poder de manera estable, buscando normalizar la desgracia de ser gobernados por la heredera de Maduro. El país debe celebrar con urgencia unas elecciones presidenciales legítimas, entre otras razones, porque los terremotos demostraron la ausencia de capacidades y voluntad de su gobierno para atender debidamente esta emergencia. Basta con recordar que durante las primeras 72 horas la respuesta estatal se vio rebasada y ralentizada por sus propias decisiones políticas, dejando al descubierto la desconexión operativa de los ministerios y las fuerzas militares, así como la falta de protocolos de protección civil a escala masiva. Se requieren nuevas autoridades confiables, independientes y que hagan cumplir la Constitución.
En segundo lugar, la bicefalia del poder en Venezuela exige un cambio constitucional y soberano adaptado a las circunstancias actuales. Desde el 3 enero el país se encuentra sumido en una arquitectura política ambivalente: un poder político y cosmético ejercido desde Caracas, y un poder económico y real desplegado por la administración actual de los Estados Unidos. Este protectorado extranjero cada vez más muestra sus límites y contradicciones. Es rápido para extraer petróleo y otros recursos que beneficien a los Rodríguez-Trump, y muy lento para reformar las instituciones y preparar al país para una respuesta de reconstrucción con acceso a recursos financieros. Ni el gobierno de facto es capaz de atraer las inversiones y recursos que el país demanda ni el protectorado quiere ¿o se atreve? a liberar y canalizar los fondos requeridos que permitan una respuesta más amplia y oportuna para la población sobreviviente. Este modelo de gobernanza bicéfalo compuesto por una burocracia dictatorial perversa y un tutelaje financiero y militar no menos perverso se llevan muy bien juntos y dejan a Venezuela hurgando en el peor de los abismos. Quizá el esquema haya contribuido a corto plazo a una respuesta mejor de la que se hubiese esperado bajo un gobierno de Maduro y sin tutelaje extranjero. Más allá de lo especulativo, esto no deja de sentar un precedente negativo a mediano y largo plazo para que el país pueda resurgir.
Otro desafío político nace con la aparición de un nuevo intento de diálogo entre una oposición fragmentada y golpeada por el régimen venezolano, esta vez encabezada por dirigentes de la extinta Asamblea Nacional de 2015-2020, y el gobierno de facto, bajo una modalidad de encuentro auspiciada por los Estados Unidos. No deja de preocupar que el trasfondo de la conversación sea originado por la catástrofe natural, como si nada de lo que existía previamente en el país era razón suficiente para conversar, y que la contraparte sea una representación de la oposición, si bien legítima, finalmente escogida por el gobierno de facto y el protectorado, siendo un grupo de personas que invocan una autoridad constitucional que ya les expiró y que, al menos en las formas, no incluye a quien lidera hoy la mayor fuerza democrática de oposición en Venezuela, con María Corina Machado. Se suman a esta lista de preocupaciones los objetivos planteados. El comunicado de la Asamblea Nacional firmado por Jorge Rodríguez anuncia “fortalecer la democracia”, y no democratizar, lo que podría anticipar que los esfuerzos serán mínimos y simulados, bajo el supuesto de una democracia que ya existe y que solo necesita refuerzos. Aun cuando resta por definir la agenda de trabajo, los actores, y los eventuales compromisos y garantías, se encuentra en tela de juicio la voluntad política de emprender una transición democrática.
Debe advertirse que esta movilización táctica del oficialismo responde en principio a la urgente necesidad de construir una vocería mínima bipartidista, o lo que algunas personas califican como una junta política de emergencia, que permita canalizar asistencia humanitaria internacional y flexibilizar las restricciones financieras que pesan sobre el país. Sin embargo, la prueba de fuego estriba, como se afirmó en el párrafo precedente, en si estas conversaciones representarán un acuerdo de gobernabilidad real o un mecanismo coyuntural para mitigar, una vez más, la presión social e internacional sobre el régimen.
El último desafío político que se advertirá en estas líneas es consecuencia inevitable de lo anterior y se trata de la canalización adecuada de la frustración e impotencia ciudadana. La desconfianza del venezolano hacia las instituciones públicas se ha incrementado con el paso del tiempo. Ante el colapso de la respuesta oficial en los primeros momentos del desastre, la sociedad civil, las comunidades y los gobiernos locales independientes -como municipios que activaron sus propios protocolos- reaccionaron mediante esquemas autogestionados, sin depender de la autoridad central. Si bien la solidaridad y autogestión social son un rasgo valioso, también reflejan el vacío que deja un Estado fallido en su función de amparo más básico. La acumulación del malestar social no resuelto crea, siguiendo el lenguaje de esta catástrofe natural, una “falla tectónica grande en la gente”, susceptible de desencadenar nuevos estallidos peligrosos que reclaman un rápido cauce democrático.
AlertaVenezuela llama a poner el foco no sólo en los escombros y sus consecuencias. Es fundamental responder sin más demora, y a la vez, al reto de constituir una autoridad democrática que brinde las garantías mínimas de transparencia, respeto a los derechos humanos y responsabilidad constitucional para atender el dolor de la ciudadanía y evitar que el tejido social y político de Venezuela termine por quebrarse definitivamente.