En tan solo dos semanas de diciembre de 2025, se han derrumbado todos los mitos sobre la supuesta cooperación de Venezuela con los organismos internacionales de derechos humanos.
El primer día del mes, comenzaba la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, cuando el Fiscal Adjunto Mame Mandiaye Nianganunció el cierre de la oficina de la Fiscalía en Caracas, alegando que la Fiscalía “determinó que el progreso real en la complementariedad todavía ha sido un desafío”. Una formula diplomática para decir lo que ya sabíamos: Venezuela no está investigando con seriedad los crímenes de lesa humanidad y la asistencia técnica que esperaba brindar la Oficina del Fiscal estaba cayendo en terreno infértil.
Cuatro días más tarde, se tuvo conocimiento del informe de la más reciente reunión del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en el que afirma que la Defensoría del Pueblo “está funcionando de una manera que compromete gravemente su independencia” y que “no ha demostrado que cumple los requisitos mínimos de los Principios de París”. Como consecuencia de esta decisión, la Defensoría del Pueblo perderá, a partir de 2026, su capacidad de participar con voz y voto en los debates internacionales de los órganos de derechos humanos de la ONU y en las actividades de la GANHRI.
El día 11 del mismo mes, como reacción al anuncio del Fiscal Adjunto de la CPI, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma, con lo cual el país abandonará la CPI como Estado miembro, al cumplirse el plazo de un año, aunque sin efecto en relación con las investigaciones en curso.
El 16 de diciembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó ante el Consejo de Derechos Humanos: “ya no tengo ningún tipo de plantilla o personal internacional en el país. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles, pero sin éxito”. Aunque no cerró la opción de volver a tener personal en terreno, subrayó que necesitaría “urgentemente definir medidas concretas que demuestren el compromiso con este tipo de cooperación”. Esta decisión agudiza la incertidumbre que comenzó en febrero de 2024 cuando Venezuela expulsó al personal de la ACNUDH en Caracas, para después permitir el regreso parcial del equipo en diciembre de 2024, que fue seguido por la negación reiterada de las visas a los oficiales que permanecen en Panamá.
“Estamos ante un registro sistemático de incumplimiento de los compromisos internacionales de Venezuela” aseguró Ligia Bolívar, en representación de Aula Abierta, organización que tuvo un derecho de palabra en el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela este 16 de diciembre.
Cabe recordar que en agosto de 2025, AlertaVenezuela dio a conocer un informe con base en una consulta en la que participaron 15 organizaciones que analizaron las recomendaciones aceptadas por Venezuela hace 2 años con ocasión del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). El informe reveló que solo el 9,09% de las recomendaciones fueron parcialmente cumplidas y el 40,9% fueron incumplidas, mientras que la mitad de las recomendaciones no solo no experimentaron avances, sino que se observó una importante regresión. A ello se suma un registro de Provea, según el cual, desde julio de 2021, los mandatos temáticos han enviado 21 comunicaciones y el gobierno solamente ha respondido a una, negándose así a dar informaciones sobre las otras 20 comunicaciones. Al cierre de este análisis, la lista de comunicaciones no respondidas se elevó a 23.
En unas pocas semanas, el gobierno de facto ha quedado al descubierto en cuanto a su falta de disposición política para cumplir de manera efectiva con los compromisos internacionales que voluntariamente aceptó.
Se constata así lo que advertimos en diferentes oportunidades, en cuanto a la apariencia de cooperación como mecanismo para ganar tiempo y distraer a los organismos internacionales en sus mandatos en derechos humanos. La evidencia es irrefutable: el Estado nunca tuvo intención genuina de cooperar, solo de maquillar. El próximo paso de Venezuela será profundizar el aislamiento, que en efecto ya ha comenzado al derogar la ley que la vinculaba con el Estatuto de Roma y negar las visas al equipo de terreno de la OACNUDH. Lamentablemente, en medio de una politización cada vez mayor del debate sobre justicia internacional y derechos humanos, algunos países que se identifican como opuestos a Maduro, terminan por hacerle el juego en la medida en que le están dando la espalda a los foros internacionales de derechos humanos y permanecen en silencio ante los ataques del gobierno de EE.UU. a la Corte Penal Internacional.
Frente a este escenario, es necesario que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos para el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo, protección y rendición de cuentas sobre Venezuela, especialmente mediante un apoyo decidido al trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela. La Misión operó con recursos ínfimos durante el último año, incluso muy por debajo de la proporción de recortes sufridos por otros mecanismos y órganos del sistema de protección de derechos humanos de la ONU. El papel de la Misión es fundamental para documentar las graves violaciones de derechos humanos e identificar las cadenas de mando que permitan la rendición de cuentas a futuro, bien sea ante la CPI, la jurisdicción universal y/o en un eventual sistema de justicia transicional, cuando las circunstancias lo permitan. La lucha contra la impunidad en Venezuela pasa por un apoyo firme y efectivo al trabajo de la Misión, así como por el rechazo a los ataques a la CPI y a sus jueces, fiscales y oficiales.