Los recientes terremotos que han sacudido a Venezuela representan mucho más que un desastre natural. Constituyen una severa prueba de resistencia para un país cuyas instituciones ya habían sido debilitadas por años de autoritarismo, conflicto político, colapso económico, deterioro de los servicios públicos y una progresiva erosión del Estado de derecho. Si bien los terremotos no pueden prevenirse, la magnitud del sufrimiento humano que generan depende en gran medida de la fortaleza de las instituciones antes del desastre y de la calidad de la gobernanza durante la respuesta y la recuperación.
Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio de 2026, constituyen uno de los desastres naturales más devastadores de la historia de Venezuela. Las cifras oficiales más recientes, que se espera crezcan significativamente, ya se acercan a las 4.000 personas fallecidas, 16.740 heridas y 17.854 que perdieron sus viviendas, mientras miles permanecen desplazadas en refugios temporales y dejaron de reportarse cifras de personas desaparecidas.
La destrucción física ha sido descomunal. Modelos de evaluación de daños elaborados por la firma especializada Verisk estiman que alrededor de 1.400 edificios fueron completamente destruidos en las zonas más afectadas, particularmente en Caracas y La Guaira.
El terremoto también afectó gravemente la prestación de servicios esenciales como hospitales y escuelas, suministro eléctrico y de agua potable, e importantes vías de comunicación quedaron bloqueadas por derrumbes y daños estructurales. La emergencia humanitaria ha puesto de manifiesto las profundas vulnerabilidades del Estado venezolano y ha resaltado la urgente necesidad de establecer mecanismos creíbles para administrar la asistencia internacional de manera transparente, responsable y políticamente neutral.
La respuesta del gobierno de facto ante la emergencia
A pesar de que las autoridades anunciaron la activación de los protocolos de emergencia después de los terremotos, la percepción de la sociedad es la de un completo abandono. Los funcionarios han defendido su actuación, argumentando que los recursos nacionales disponibles fueron movilizados con rapidez pese a la extraordinaria magnitud del desastre. Posteriormente, el gobierno aceptó la llegada de ayuda internacional proveniente de diversos Estados, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias. El aceptar la ayuda externa fue un punto clave en el desarrollo de los acontecimientos, porque en la llamada tragedia de Vargas, el inmenso deslave que se produjo en el mismo territorio en 1999, la ciudadanía fue sorprendida cuando un barco enviado por los Estados Unidos con importantes recursos de ayuda humanitaria fue devuelto por el entonces presidente Chávez por razones estrictamente ideológicas que prevalecieron frente a la grave tragedia.
Numerosas organizaciones humanitarias, periodistas y testimonios de residentes han descrito importantes deficiencias durante la fase crítica de la emergencia. Diversos reportes señalaron retrasos en las operaciones urbanas de búsqueda y rescate, escasez de maquinaria pesada, limitada capacidad hospitalaria, insuficiente coordinación logística y una fuerte dependencia de la iniciativa espontánea de voluntarios para rescatar personas y distribuir ayuda. En varias comunidades, los propios habitantes comenzaron a remover escombros con sus manos antes de la llegada de asistencia organizada.
Estas deficiencias operativas no deben interpretarse únicamente como fallas en la gestión inmediata de la emergencia. Reflejan, en realidad, un proceso prolongado de deterioro institucional acumulado durante años.
Las fallas institucionales que incrementaron la vulnerabilidad
Los desastres naturales ponen en evidencia debilidades institucionales que ya existían. Venezuela enfrentó esta emergencia con profundas deficiencias estructurales que redujeron considerablemente su capacidad de preparación y respuesta.
Años de contracción económica y altos niveles de corrupción disminuyeron la inversión pública destinada al mantenimiento de infraestructura, la modernización hospitalaria, los sistemas de comunicaciones para emergencias y la gestión del riesgo de desastres. El sistema nacional de salud ha sufrido durante años escasez de personal, medicamentos, equipos e insuficiencia presupuestaria. Los organismos responsables de la atención de emergencias también han operado con importantes limitaciones de recursos que restringieron su capacidad para responder a un evento de semejante magnitud.
La creciente centralización del poder ha complicado además la gestión de las emergencias. La concentración de las decisiones en el nivel central, tan propia de los autoritarismos, reduce la capacidad de los gobiernos regionales y municipales para movilizar recursos con autonomía y coordinar rápidamente con actores humanitarios. Los reportes diarios pérdidas humanas y materiales han estado en manos del presidente de la Asamblea Nacional, sin competencia para ello, pero hombre clave en el triunvirato del gobierno de facto. En los grandes desastres, una gestión descentralizada suele acelerar la respuesta y facilitar soluciones adaptadas a las necesidades locales.
El debilitamiento de los mecanismos independientes de control y fiscalización ha reducido la transparencia en la administración de los recursos públicos y ha limitado la supervisión externa de las contrataciones de emergencia y de los procesos de reconstrucción. En situaciones de desastre, la confianza de los donantes depende no solo de la magnitud de las necesidades, sino también de la certeza de que los recursos serán administrados conforme a estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas.
La polarización política constituye un obstáculo adicional. Las operaciones humanitarias son más eficaces cuando la ayuda se distribuye exclusivamente conforme a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Sin embargo, en contextos altamente polarizados suelen surgir preocupaciones sobre una eventual utilización política de la asistencia, lo que puede disminuir la confianza pública y desalentar nuevas contribuciones internacionales.
El desafío de administrar la cooperación internacional
La magnitud financiera de la emergencia también exige mecanismos excepcionales de administración de recursos. Verisk estima que las pérdidas económicas directas superarán los 10.000 millones de dólares, mientras otras estimaciones sitúan el costo total de la reconstrucción en cifras considerablemente superiores al incorporar infraestructura pública, servicios básicos, vivienda, actividad económica y recuperación social.
La respuesta inmediata requerirá miles de millones de dólares destinados a operaciones de búsqueda y rescate, atención médica de emergencia, albergues temporales, suministro de agua potable, saneamiento, alimentación, restablecimiento de electricidad y telecomunicaciones, rehabilitación de hospitales, remoción de escombros y reconstrucción de infraestructura crítica. La dimensión de estos recursos hace indispensable la existencia de mecanismos transparentes de recepción, ejecución y auditoría de la cooperación internacional. La comunidad internacional ha respondido con importantes ofrecimientos de asistencia humanitaria, incluyendo recursos financieros, equipos especializados de rescate, personal médico, materiales para refugios temporales, alimentos, agua potable y apoyo logístico. Sin embargo, movilizar ayuda constituye apenas el primer paso. Igualmente imprescindible es garantizar que esos recursos lleguen de manera eficiente, transparente y sin condicionamiento ni discriminación política a las poblaciones afectadas.
Un factor adicional complica las cosas sobremanera: el gobierno de facto utiliza sistemáticamente el recurso de la emisión arbitraria de normas para limitar la acción de la sociedad civil. Por ello, desde que se inicio esta nueva tragedia, el Estado ha tratado de secuestrar la ayuda humanitaria que se recibe de fuentes no oficiales, e intenta distribuirla solo en vías bajo su control. Así, el régimen autoriza o no la actuación de factores externos, dificulta la labor de las organizaciones autorizadas, crea organizaciones civiles que en realidad están bajo su control y, en fin de cuentas, ideologiza y somete a su control la ayuda humanitaria. Se trata pues, de un reflejo autoritario que acompaña toda acción del régimen de facto.
Un esquema eficaz para administrar la asistencia internacional debe incorporar varias salvaguardas fundamentales
En primer lugar, la coordinación humanitaria debería desarrollarse mediante los mecanismos establecidos por las agencias de las Naciones Unidas, organizaciones humanitarias especializadas y organizaciones no gubernamentales con experiencia operativa en Venezuela. Estas instituciones cuentan con procedimientos internacionalmente reconocidos para la evaluación de necesidades, la logística, las adquisiciones y la protección de las poblaciones beneficiarias.
En segundo lugar, la administración financiera debería estar sometida a auditorías independientes, con una publicación periódica de las contribuciones recibidas, los contratos de adquisición, la ejecución presupuestaria, el avance de los proyectos y los criterios de asignación.
En tercer lugar, la distribución de la ayuda debe basarse exclusivamente en evaluaciones objetivas de las necesidades humanitarias y no en criterios políticos o territoriales. El derecho internacional humanitario y las mejores prácticas internacionales exigen que la asistencia sea asignada de acuerdo con los niveles de vulnerabilidad, independientemente de cualquier consideración política.
En cuarto lugar, la reconstrucción debe concebirse como una estrategia de largo plazo y no limitarse a la atención inmediata de la emergencia.
Conclusión
Los terremotos en Venezuela han puesto de relieve tanto la fuerza devastadora de la naturaleza como las consecuencias de un prolongado deterioro institucional. Si bien los equipos de emergencia, los voluntarios y la comunidad internacional han demostrado una extraordinaria solidaridad, la tragedia también ha evidenciado intolerables debilidades.
La recuperación exigirá mucho más que reconstruir edificios e infraestructura. Requerirá reconstruir la credibilidad de las instituciones. La transparencia, la rendición de cuentas, la profesionalización de la gestión de emergencias y el respeto de los principios humanitarios constituyen condiciones indispensables para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la cooperación internacional alcance efectivamente a quienes más la necesitan.
En última instancia, el éxito de la reconstrucción no deberá medirse únicamente por la cantidad de viviendas o carreteras reconstruidas, sino por la capacidad de Venezuela para fortalecer sus instituciones y proteger mejor a su población frente a futuros desastres. Los terremotos constituyen un doloroso recordatorio de que la resiliencia de una nación depende no solo de sus recursos materiales o de su capacidad técnica, sino también de la calidad de sus instituciones, de la integridad de la gestión pública y de la vigencia del Estado de derecho.
La comunidad internacional, que hoy juega un rol particularmente clave, debe mantenerse atenta a la situación venezolana, al destino de la ayuda, al efectivo desembolso de los recursos destinados a la emergencia en las manos correctas, atenta ante la constante reaparición del giro autoritario aun en las horas más funestas.