La respuesta del régimen venezolano y de su Fuerza Armada ante los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ha mostrado una combinación de retardo, improvisación operativa y fuerte dependencia de ayuda internacional. El coordinador residente de la ONU en Venezuela informó que el organismo adquirirá 10.000 bolsas para cadáveres, lo que da una idea de las dimensiones de la catástrofe, con zonas especialmente golpeadas en Caracas y La Guaira.
El primer punto crítico fue la velocidad de respuesta. Para empezar, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) publicó el primer reporte 3 horas 40 minutos después de los eventos. En desastres sísmicos, las primeras horas son decisivas. Los reportes indican que muchos vecinos y voluntarios iniciaron rescates con herramientas improvisadas y sin entrenamiento, antes de que hubiera una presencia estatal suficiente. Eso indica la no implementación de planes para desplegar búsqueda y rescate urbano, ni protocolos rápidos de comando, control y comunicación. Los grupos de rescate, voluntarios y oficiales son la primera línea de despliegue. Al menos los voluntarios, reaccionaron con relativa urgencia, mas sobrepasados por la magnitud de la labor a desarrollar.
La Fuerza Armada Nacional (FAN), debería ser el instrumento logístico más importante: transporte, hospitales de campaña, ingeniería, comunicaciones, control de rutas, combustible, seguridad y remoción de escombros. Asimismo, su presencia en materia de control de acceso a las zonas impactadas es siempre esencial en situaciones como estas para evitar saqueos y para coordinar junto con Protección Civil, un manejo coherente de las áreas de búsqueda y rescate. La realidad fue y sigue siendo que el bajísimo apresto operacional de FAN ha hecho que su apoyo logístico haya sido mínimo y que su actividad de control y resguardo sea muy negativa por la politización del acceso a las zonas cero y por la falta de disciplina militar, en un contingente desorganizado y mal entrenado. Un experto consultado por AlertaVenezuela aseguró que el apresto operacional de la FAN hoy ronda el 30%, cuando lo usual en una fuerza armada medianamente eficiente, es un 70%.
Con respecto a la actividad de rescate, medios y redes sociales evidenciaron que la sociedad civil actuó primero: familiares y vecinos con algunos grupos de rescate voluntarios excavando, generando listas de desaparecidos y pidiendo auxilio en plataformas digitales. Las redes sociales se convirtieron en mecanismo clave para localizar desaparecidos, mientras la ONU y ONG pidieron levantar restricciones a esas plataformas para mejorar la coordinación. Esto es revelador: cuando la gente depende de redes para suplir información oficial, hay vacío de mando y transparencia.
Sin duda, la magnitud del desastre supera la capacidad ordinaria oficial. Dos sismos fuertes en menos de un minuto, edificios colapsados, infraestructura dañada, comunicaciones interrumpidas y hospitales saturados son un escenario extremo. Sin embargo, los planes de respuesta evalúan escenarios como esos y diseñan la respuesta. La reacción del régimen evidenció la ineptitud y el desmontaje institucional en materia de manejo de desastres, así como la transformación de la FAN en un ente esencialmente represor, en lugar de una institución garante de la seguridad integral de la nación. Vale tener presente que tanto Funvisis como Protección civil, ausentes durante las primeras horas, están adscritos al Ministerio de Interior Justicia y Paz, encabezado por Diosdado Cabello.
En cuanto a la capacidad hospitalaria, ésta ya estaba en modo critico antes de los sismos, por lo que rápidamente los hospitales quedaron sobrepasados por falta de insumos y de recursos técnicos. Años de deterioro, déficit de insumos, migración de personal sanitario y fallas de servicios básicos marcaron profundamente la dificultad de poder ser eficientes ante la emergencia.
La llegada de ayuda internacional de más de 30 países ha sido positiva y fundamental. Sin embargo, las trabas a los equipos de rescate retrasaron en muchos casos el volcarse a trabajar rápidamente, lo que de seguro habrá aumentado las pérdidas humanas. Incluso, se negó el permiso de ir a Venezuela, a grupos de esta índole de gran prestigio y capacidad. La ayuda humanitaria en insumos que se recibe del extranjero y de otros estados en el país, es también asunto preocupante. Hay denuncias de obstaculización en su manejo y distribución y alto riesgo de corrupción. Es clave una supervisión estricta de esa fase fundamental en materia de alivio a la población vulnerable. Una comisión conformada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), ONU, CARITAS y organizaciones similares, sería lo más prudente, para garantizar un manejo limpio de la ayuda.
No puede dejar de mencionarse la preocupación sobre el uso de la crisis habitacional que generan los sismos, para impulsar expropiaciones que luego quedan sin pago, o el obligar a compartir vivienda entre distintas familias.
Por otra parte, se produjo una burocratización de la respuesta que se reflejó en la orden de militarización del estado “La Guaira” (antes Vargas) dos días después de la catástrofe, la creación de un Estado Mayor “para la creación de campamentos transitorio”, una comisión presidencial para revisar la habitabilidad de las viviendas y un sistema de registro para autorizar el acceso a las zonas afectadas, que comenzó siendo digitalizado y terminó manejándose de manera manual, por una falla del sistema.
La incapacidad y la lentitud no fueron la peor cara del chavismo. En un seguimiento de los primeros cuatro días posteriores a la catástrofe, AlertaVenezuela contabilizó obstaculización en la distribución de insumos recogidos por voluntarios de la sociedad civil en al menos doce estados del país, además de prohibición de atención o circulación a diferentes equipos de intérpretes, bomberos y otros rescatistas y médicos, actos protocolares con los equipos de rescate distrayéndolos de su objetivo de salvar vidas, detención y seguimiento de voluntarios y rescatistas, obstaculización de trabajo de periodistas y comunicadores comunitarios.
También se han registrado innumerables actos de corrupción y pillaje, que van desde el robo de pertenencias en apartamentos siniestrados por parte de soldados y policías y extorsión a transportistas de maquinaria para permitirles transitar, hasta cobro a familiares de fallecidos para devolver cadáveres. La arbitrariedad y el abuso han comenzado a generar respuesta por parte de la población. AlertaVenezuela pudo registrar al menos ocho actos de confrontación de la población frente a policías y militares, lo que evidencia un desafío que podría salirse de control si quienes detentan el poder insisten en imponerse mediante el control, la arbitrariedad y la fuerza.
El gobierno reaccionó tarde, y no lidera con eficacia. La Fuerza Armada ha mostrado su baja capacidad operacional y muy baja disciplina y entrenamiento. La sociedad civil y las redes llenaron vacíos de información y auxilio. Los hospitales recibieron una presión para la cual no estaban preparados. La ayuda internacional se volvió indispensable. La tragedia expuso una debilidad estructural del Estado venezolano: mucha capacidad de control político, pero baja capacidad de protección civil moderna. La legitimidad no está en cadenas oficiales, o despliegues armados, sino envidas rescatadas, transparencia, hospitales funcionando y ayuda entrando sin trabas. Ahí es donde la respuesta del gobierno de facto queda en entredicho.
Pero la omisión por falta de respuesta oportuna se explica, aunque no se justifica, por la incapacidad que ha arrastrado el chavismo durante décadas. Un asunto que le agrega gravedad a la tragedia es la obstaculización activa y deliberada de labores de rescate y de distribución de insumos con fines de persecución, que deben ser registrados como crimen de Estado. Como ha señalado la profesora e investigadora Thairí Moya “La denegación deliberada de acceso a la asistencia, cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático, puede constituir crimen de lesa humanidad”.
La comunidad internacional ha hecho lo que le corresponde y con gran generosidad: suministrar, acompañar, auxiliar. No le corresponde suplir al Estado, pero sí exigir con energía que asuma su papel en un país agotado por su incapacidad, criminalidad contra la población y corrupción.