Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre documentos desclasificados de la CIA relativos al proceso electoral venezolano han generado una nueva ola de especulaciones. Sin embargo, una revisión cuidadosa de esos documentos muestra que no contienen revelaciones capaces de modificar el conocimiento existente sobre el funcionamiento del sistema electoral venezolano.
En primer lugar, los informes no aportan evidencia nueva ni constituyen una prueba definitiva de un supuesto fraude electrónico. Los documentos recogen análisis, evaluaciones e información de inteligencia, pero no demuestran que las máquinas de votación o el software hayan sido utilizados para alterar directamente los resultados electorales. Esa distinción es fundamental.
Durante años, una parte del debate público ha tendido a concentrarse en la posibilidad de manipulación tecnológica, no obstante, la evidencia disponible apunta en otra dirección. El problema central del sistema electoral venezolano no ha sido demostrado en el plano tecnológico.
El fraude, que ha llegado a niveles monumentales, se ha manifestado principalmente en la falta de independencia de las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres y competitivas. El fraude que numerosos organismos internacionales, expertos y organizaciones de observación han documentado se relaciona con la captura de la institucionalidad electoral y del aparato del Estado.
Entre las prácticas más relevantes se encuentra la intervención del poder judicial para despojar a partidos políticos opositores de sus autoridades legítimas. Mediante decisiones judiciales, varias organizaciones políticas opositoras -las más relevantes- han sido entregadas a directivas afines al gobierno y frecuentemente “convencidas” de ejercer su nuevo rol con argumentos pecuniarios.
Ello, evidentemente, ha limitado la capacidad de la oposición para organizarse y competir en igualdad de condiciones. De hecho, ha invisibilizado la mayoría que desde al menos 2015 se opone al chavismo madurismo, a la ineficiencia de su administración, a la violación de derechos humanos. A ello se suma la inhabilitación de dirigentes y candidatos opositores mediante decisiones administrativas o judiciales ampliamente cuestionadas.
Estas medidas, obviamente, también han restringido la oferta electoral disponible para los ciudadanos, violando su derecho a elegir. Igualmente relevante ha sido el uso de recursos financieros, infraestructura estatal y medios públicos para favorecer la campaña del oficialismo. La utilización de bienes del Estado con fines partidistas, que rompe el principio de igualdad entre los competidores, se ha acompañado de presiones sobre empleados públicos y beneficiarios de programas sociales. Todas estas prácticas han afectado la integridad del proceso electoral antes, durante y después de la jornada de votación.
El mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) ha jugado a favor del ventajismo del partido de gobierno mediante el rediseño de la arquitectura electoral, la apertura de miles de pequeños centros de votación con una sola mesa electoral, migraciones y reubicaciones inconsultas de electores y obstaculización de inscripción y actualización del registro electoral.
Pero si el oficialismo hubiera contado con un mecanismo infalible para modificar electrónicamente los resultados mediante las máquinas o el software, resulta difícil explicar por qué habría recurrido a mecanismos institucionales tan visibles y costosos políticamente, como en el de caso Andrés Velásquez, candidato a gobernador del Estado Bolivar, en el que se vieron forzados a generar un número importante de actas manuales alegando desperfectos inexistentes en las máquinas de votación para despojarlo de su triunfo, que ya había sido transmitido, o las actuaciones contra Juan Pablo Guanipa, candidato a gobernador del Estado Zulia, cuando de manera sobrevenida, una vez comprobada su victoria, se produjo una inexistente, inédita y singular figura: para hacer válida su victoria, debía juramentarse frente al Consejo Legislativo del estado Zulia: triunfo desconocido. El caso más evidente y descarado, sin embargo, ha sido la elección presidencial de 2024 cuando el CNE anuncio un ganador, Maduro, sin mostrar la evidencia establecida, dado que las máquinas de votación arrojaron justamente el resultado contrario, la victoria contundente del candidato opositor.
Ello no significa que cualquier sistema electrónico de votación sea inmune a vulnerabilidades. Significa únicamente que, hasta la fecha, las principales evidencias públicas sobre el caso venezolano se concentran en el uso de las instituciones del Estado para condicionar la competencia política.
Por ello, presentar los documentos desclasificados como una demostración definitiva de fraude electrónico conduce a una conclusión que los propios documentos no sostienen por sí mismos. Las declaraciones de Trump, entonces, deben entenderse dentro del contexto de su discurso político sobre los procesos electorales. Desde las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, Trump ha sostenido reiteradamente que fue víctima de fraude electoral. Esas afirmaciones han sido rechazadas por numerosos tribunales y no han sido respaldadas por pruebas suficientes para demostrar un fraude capaz de alterar el resultado de esa elección.
En ese contexto, su referencia a los documentos sobre Venezuela puede interpretarse como parte de un esfuerzo por reforzar su narrativa acerca de la vulnerabilidad de los sistemas electorales. No obstante, esa interpretación política no modifica el contenido de los documentos ni amplía el alcance de las evidencias que contienen. La discusión sobre Venezuela merece basarse en hechos verificables. Y los hechos muestran que el deterioro electoral venezolano ha descansado principalmente en la concentración del poder, la ausencia de independencia institucional, el uso del aparato estatal para favorecer al oficialismo y las restricciones impuestas a la competencia política. Confundir esos problemas con una supuesta prueba definitiva de fraude electrónico no contribuye a comprender la verdadera naturaleza de la crisis electoral venezolana.
El desafío para Venezuela continúa siendo el mismo: recuperar condiciones institucionales que permitan elecciones auténticamente libres, competitivas y verificables. Por ello, el llamado a la comunidad internacional es a favorecer todo avance en la dirección del fortalecimiento de la institucionalidad electoral del país, como elemento fundamental para el ejercicio democrático.