La arquitectura de la justicia penal internacional enfrenta una sacudida sin precedentes. El tablero mundial ha entrado en una fase de cinismo sistémico donde los extremos ideológicos se tocan. Esto ocurre tras el anuncio de la administración de Estados Unidos de lanzar una ofensiva frontal para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), seguida por la decisión del gobierno de facto de Venezuela de cortar lazos con el tribunal de La Haya. Esta alianza fáctica entre Washington y Caracas no solo resquebraja el orden jurídico internacional, sino que deja en la absoluta intemperie a miles de víctimas que ven cómo sus expectativas de justicia son sacrificadas en el altar de la realpolitik.
La crisis de la CPI se profundizó críticamente tras la destitución del fiscal jefe Karim Khan, apartado de su cargo por la Asamblea de Estados Parte en medio de acusaciones de agresión sexual. Su salida descabeza al órgano persecutor en el momento de mayor vulnerabilidad de su historia. Aprovechando este vacío de liderazgo y el escándalo institucional, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, redobló la presión al celebrar públicamente la salida de Venezuela del tribunal. Rubio, en consonancia con su campaña para inhabilitar a la CPI «ladrillo por ladrillo», felicitó la postura de Caracas, catalogando a la corte como un organismo «corrupto», «inútil» y carente de legitimidad. El aplauso de Washington a un régimen históricamente antagónico devela que, para la actual geopolítica estadounidense, la prioridad absoluta es la demolición del Estatuto de Roma, y más ampliamente, del multilateralismo. Se trata de una actitud que no sorprende, si se considera que funcionarios civiles y militares de EEUU han pasado a darse la mano con Diosdado Cabello, sobre quien sigue pesando una recompensa por 25 millones de dólares, una de las dos recompensas activas por ese monto, junto a Dawood Ibrahi, capo de la mafia india.
El retiro de Venezuela de la CPI no tiene efectos inmediatos. Debe transcurrir un año para que se haga efectivo y no tiene efecto sobre las investigaciones en curso. Hungría había denunciado el Estatuto de Roma y la decisión fue revertida una vez que el gobierno de Viktor Orbán dio paso a Péter Magyar, por lo que la denuncia de Venezuela también sería reversible si la oposición encabezada por María Corina Machado logra acceder al poder. Sin embargo, por ahora, esa posibilidad carece de sustento real. En medio de este repliegue institucional, Machado no se ha pronunciado al respecto, en un silencio que parece un reflejo del reacomodo y el desconcierto general de las fuerzas democráticas frente al nuevo marco de relaciones dictado por Washington.
La reacción de la comunidad internacional ha sido de un rechazo tajante. Un bloque de 79 países miembros firmaron una declaración conjunta de respaldo a la CPI, intentando erigir un muro de contención democrático frente al desmantelamiento del tribunal. De manera paralela, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM Venezuela) rechazó categóricamente el anuncio chavista. Los expertos de las Naciones Unidas denunciaron que la retirada de la administración de Rodríguez «llega en un momento crítico» y constituye un intento burdo por «eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar la rendición de cuentas». La ONU recordó que las investigaciones por torturas y ejecuciones no prescriben y que el retiro tarda un año en surtir efecto.
Mientras tanto, los ciudadanos venezolanos buscan grietas alternativas en los sistemas judiciales nacionales para combatir la impunidad. Un ejemplo es la reciente demanda entablada por ciudadanos venezolanos contra las aerolíneas estadounidenses CSI y GlobalX, empresas que facturaron millones de dólares en contratos con el servicio de control de inmigración (ICE) por vuelos de deportación. Los demandantes fueron deportados al CECOT en El Salvador donde sufrieron severas torturas. Esta acción legal demuestra que las víctimas están dispuestas a perseguir no solo a los perpetradores directos, sino también a cómplices corporativos que actúan en flagrante violación de las leyes internacionales.
El actual escenario deja una conclusión desoladora para el futuro de Venezuela: con Estados Unidos y el régimen chavista alineados en contra de la justicia internacional, se desvanece cualquier incentivo real para una transición a la democracia o un mecanismo de justicia transicional creíble.
La paradójica coincidencia de intereses entre EE.UU. y la dictadura chavista amenaza con anular los contrapesos jurídicos externos. Mientras la macroeconomía y la diplomacia transaccional guían las nuevas agendas gubernamentales, la cantidad de víctimas en el terreno sigue en aumento. Sus expectativas de justicia no han disminuido; al contrario, ante el abandono de los tribunales oficiales, se trasladarán a litigios universales creativos y de resistencia civil.
Ante el colapso sistémico provocado por la pinza geopolítica de Washington y Caracas, la comunidad internacional debe abandonar la diplomacia declarativa y adoptar una estrategia de resistencia judicial y asfixia a la impunidad a través de medidas inmediatas que incluyan la activación de Jurisdicción Universal en Tribunales Nacionales, blindar financieramente a la CPI para mitigar los previsibles efectos de las sanciones que pretende imponer EE.UU. y mantener la presión a través de mecanismos especiales de la ONU como la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela para que siga acopiando pruebas y testimonios de las víctimas, asegurando que los expedientes sigan vivos aunque Caracas formalice su salida del tribunal.