La discusión sobre las próximas elecciones en Venezuela —un proceso cuya fecha sigue siendo incierta— se ha convertido en un campo de disputa política donde cada actor busca moldear el calendario a su conveniencia. El debate no es menor: en un país con instituciones debilitadas, poderes paralelos y un historial reciente de violación de los derechos políticos y desconocimiento de resultados, la pregunta sobre cuándo y cómo votar es inseparable de la pregunta sobre quién decide y a quién beneficia cada opción.
En el centro del debate se enfrentan dos posiciones claramente diferenciadas:
Quienes exigen rapidez sostienen que Venezuela necesita una elección inmediata para resolver la crisis de legitimidad del poder político. Para este sector, cualquier demora prolonga la incertidumbre y fortalece a quienes hoy controlan de facto las instituciones. También, y esto es central, temen que un cambio súbito en la política norteamericana alivie o elimine la presión que ha llevado al chavismo a la mesa de negociación.
Quienes piden preparación argumentan que, dada la relevancia del proceso, es indispensable reconstruir cuidadosamente condiciones mínimas: un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), un registro electoral actualizado —incluyendo a millones de migrantes— y garantías básicas para competir. Igualmente consideran que la complejidad de una transición del autoritarismo a la democracia debe producirse de manera gradual.
Ambas posiciones tienen méritos, pero también intereses detrás. La aceleración favorece a actores que buscan capitalizar el impulso político del momento, consolidar cambios en un país devastado política y materialmente; y la postergación beneficia a quienes prefieren administrar el tiempo para reorganizar su poder.
El llamado régimen interino —que nunca ha mostrado precisamente interés por someterse a una elección competitiva— apuesta por la postergación más amplia posible. Su estrategia se basa en prolongar la excepcionalidad institucional, evitando un proceso que, casi con seguridad, pondría poner en claro riesgo su control sobre el Estado.
En paralelo, Donald Trump ha afirmado que “Venezuela no está preparada para una elección”, una frase que abre un debate fundamental: ¿qué significa estar preparado?
La preparación electoral no es un concepto abstracto; implica condiciones técnicas, institucionales y políticas. Y Venezuela, pese a su crisis, tiene experiencia acumulada tanto en voto electrónico como en voto manual, además de una tradición de participación que puede reactivarse muy fácilmente si se reconstruyen las garantías mínimas.
El gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado que el calendario electoral es, para él, un instrumento político. Ha adelantado elecciones cuando le conviene, las ha atrasado cuando lo ha necesitado, y ha modificado reglas y tiempos con una flexibilidad que evidencia la ausencia de un árbitro independiente.
¿Quién decide la fecha? La pregunta sobre quién tiene la autoridad para convocar elecciones es compleja: ¿La Asamblea Nacional 2025, evidentemente írrita, la antigua Asamblea Nacional 2015, reconocida por diversos actores internacionales, o el ente tutelar, actuando abiertamente o tras bambalinas? Este conflicto entre poderes fácticos donde todos, unos más y otros menos, carecen de una inobjetable autoridad política, obviamente es uno de los asuntos más delicados que debe atender la actual mesa de negociación.
En condiciones normales, la decisión de la fecha le corresponde al CNE, pero la situación político institucional del país está lejos de la normalidad desde hace años. De hecho, la elección de 2024 no se ajustó al calendario tradicional que fijaba la fecha en diciembre, debido a que la escogencia del período (algún momento del segundo semestre de 2024) fue producto de un acuerdo político. Todo apunta a que la nueva fecha electoral será igualmente producto de algún tipo de acuerdo; lo que no resulta aceptable es que cada actor -dentro y fuera del país- lance fechas o emita juicios sobre cuándo la sociedad venezolana estaría “preparada”, de manera unilateral.
En 2024, Venezuela realizó una elección en un contexto de represión, censura y restricciones severas a derechos políticos. Aun así, el proceso arrojó un resultado claro. Sin embargo, el gobierno de facto desconoció ese resultado, reafirmando su carácter autoritario.
Este episodio es crucial: demuestra que el problema no es únicamente cuándo se vota, sino qué ocurre después.
Una elección requiere ciertas condiciones mínimas, y entre otras:
- Designar un nuevo CNE con credibilidad técnica y política.
- Actualizar el registro electoral incorporando a millones de venezolanos en el exterior.
- Garantizar observación internacional robusta.
- Restablecer derechos políticos básicos de los ciudadanos y de los partidos políticos ilegalmente intervenidos.
- Levantar las inhabilitaciones administrativas.
Con estas condiciones, y con el conocimiento técnico disponible en el país en materia electoral, un proceso confiable podría organizarse en un lapso razonable.
La discusión sobre la fecha de las próximas elecciones no es meramente administrativa: es política, estratégica y profundamente vinculada a la lucha por la legitimidad. En un país donde el último resultado claro fue desconocido por quienes controlan el aparato estatal, la pregunta central no es solo cuándo se votará, sino si el resultado será respetado.
Venezuela necesita reconstruir confianza, instituciones y reglas. Solo así el acto de votar podrá recuperar su sentido democrático. Para ello, independientemente de la fecha de una elección, la puerta de entrada a una eventual transición es la concertación de un cronograma electoral que contemple todos los pasos imprescindibles, tanto los acuerdos políticos como los aspectos técnicos, para llegar a la elección en sí. Un cronograma define el marco de la acción política -la vía electoral-, determina las reglas, los actores, los tiempos. Si se piensa que Venezuela no está preparada para una elección es justamente porque la misma no se ha convocado. Hecha la convocatoria sobre la base de un cronograma, las piezas se alinean, los actores se activan, la sociedad participa.
Una vez establecido un cronograma, la sociedad venezolana deberá abordar el paso siguiente: ¿Qué sucede después de la elección? ¿Cómo puede la sociedad garantizar la primacía civil en un trance políticamente delicado? ¿Cuál será la actitud del ente tutelar una vez realizada la elección?
Venezuela atraviesa un periodo complejo, y del modo como lo enfrente dependerá gran parte del futuro de la nación. Por lo pronto, hace falta un compromiso mayor con los elementos que podrían conducir a la transición, y entre ellos, fundamentalmente, con la elección. A pesar de las dilaciones, de las demoras innecesarias, la sociedad venezolana quiere volver a votar, cumplir de nuevo con el deber cívico que expresó en 2024 y que le fue arrebatado por la fuerza. Es necesario que se produzcan las condiciones requeridas, y llegado el momento, comience la contienda electoral.
Es vital que la comunidad internacional acompañe de cerca este proceso, que contribuya al laborioso camino de retorno al estado de derecho, para lograr encaminar al país por la senda de las instituciones. Que la señal de partida de una elección alumbre el camino de retorno democrático: ¡Preparados, listos, ya!