A pesar de las grandes sumas de dinero gastadas en propaganda, la narrativa que intenta imponer el gobierno de facto en Ginebra y en La Haya, no han logrado el objetivo esperado de convertir a las víctimas en terroristas y a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en víctimas. Esta semana ocurrieron tres claros ejemplos.
En primer lugar, los días 12 y 13 de marzo se realizó la actualización oral de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela (MII) ante el Consejo de Derechos Humanos, seguida del acostumbrado diálogo interactivo. Aunque muchos países valoraron favorablemente la ley de amnistía, se mantuvo una visión crítica que se reflejó en la exigencia de celeridad en la aplicación de la ley, subrayando que la misma debe estar al servicio de las víctimas de la represión y que debe contribuir para alcanzar la justicia, la reparación y la no repetición.
El representante de Venezuela, que en esta ocasión fue un funcionario de menor rango de la Misión en Ginebra, ni siquiera aprovechó el espacio para tratar de explicar las supuestas bondades de la ley de amnistía ni de la exorbitante cantidad de personas que, según el diputado Jorge Arreaza, ha sido favorecida por la ley; tampoco se refirió al llamado Programa para la Paz y Convivencia Democrática. Su intervención se limitó al ya trillado ataque a la MII, a su presupuesto y a su carácter supuestamente sesgado y selectivo. Con esta línea discursiva, el representante del gobierno de facto dejó claro que su prioridad es la defensa del régimen, no la satisfacción de las expectativas de justicia de sus víctimas.
Muchos países también recordaron que todavía existe una gran cantidad de presos políticos que no se han visto favorecidos por esta ley y que se encuentran en condiciones deplorables de detención, sometidos a torturas y tratos crueles, mientras se les niega atención médica oportuna. El momento fue propicio para recordar a muchos presos extranjeros o con doble nacionalidad que han sido liberados y a otros muchos que permaneces como rehenes. Los desgarradores testimonios de los extranjeros que han salido de las cárceles venezolanas están, literalmente, dándole la vuelta al mundo. Ya no son los venezolanos quienes narran su tragedia, son nacionales de diferentes países quienes le cuentan las torturas padecidas a gente como ellos, con su mismo idioma y sus mismas costumbres. La diplomacia de rehenes se está convirtiendo en un boomerang en contra de quienes diseñaron esta perversa estrategia.
Otros dos temas recurrentes en las intervenciones fueron el cierre del espacio cívico y el llamado a permitir el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a Venezuela, además de la cooperación con la MII. La Ley de Fiscalización o ley anti-ONG, lejos de silenciar a la sociedad civil, le ha generado más aliados que exigen la apertura del espacio cívico en Venezuela, al tiempo que la expulsión de la OACNUDH sigue generando reclamos, pues nadie acepta los regresos parciales y silenciosos que se han producido en los meses recientes.
En La Haya también se derrumbó en dicha semana una narrativa que pretendía colocar a Venezuela como víctima. En su afán de desvirtuar los crímenes de lesa humanidad cometidos, el gobierno de facto difundió por años el relato de que las sanciones de Estados Unidos generaron crímenes en Venezuela que recaían dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), incluyendo asesinatos, exterminios, deportaciones, persecuciones y otros actos inhumanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Esta nueva práctica de propaganda ya llegó a su fin. El 12 de marzo la Oficina de la Fiscalía de la CPI cerró su examen preliminar de la Situación Venezuela II, descartando la apertura de una investigación. La Oficina manifestó que la información transmitida, a efectos del derecho penal, no demuestra una relación causal suficiente entre las sanciones y los presuntos delitos, ni que estas se hayan llevado a cabo con la intención necesaria, de modo que no existe base razonable para creer que se han cometidos alguno de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma.
El régimen que lidera Delcy Rodríguez tendrá la oportunidad de corregir lo que ha sido una estrategia permanente de revictimización y daño contra las víctimas en Venezuela, o bien continuar en esa línea obstruyendo la justicia internacional, lo cual podrá observarse dentro de los próximos 90 días en los que decidirá si solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares I la revisión de la determinación de la Oficina de no continuar con la investigación. Le convendría, sin embargo, cerrar este capítulo amargo de ataques contra la CPI y comenzar a cooperar con su única investigación en curso, poniendo en práctica un supuesto espíritu renovado de convivencia y paz que busca con la ley de amnistía. Venezuela se mantiene retada frente a sus compromisos internacionales, únicos que permitirán determinar si se dispone genuinamente a crear condiciones de una transición democrática, o solo a reacomodarse en el poder.
Su postura autoritaria que alimenta estas falsas narrativas le resulta cada vez más costosa. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su actualización oral exigió un retorno de su oficina con mandato completo y, por primera vez, llamó a cooperar con la Misión de los Hechos (MII), señalando que “las preocupaciones estructurales y sistémicas sobre los derechos humanos han persistido”. Volker Türk manifestó que, aunque Venezuela señaló la liberación de unas 7.700 personas, su oficina no ha recibido una lista oficial de las personas excarceladas, ni acceso a los centros de detención, demandado una mayor transparencia sobre este asunto.
Asimismo, el Alto Comisionado subrayó 5 líneas de acción para medir el desempeño futuro del Estado: i) la liberación incondicional e inmediata de todos los detenidos arbitrariamente; ii) la protección y expansión del espacio cívico para reparar el tejido social y fortalecer los procesos democráticos; iii) la implementación de reformas estructurales a los sectores de justicia y seguridad, incluyendo marcos normativos y organismos represivos, así como grupos civiles armados; iv) el acceso pleno a servicios de salud, alimentación, trabajo y otros, mejorando pensiones y salarios, con estadísticas fiables; y; v) acordar un marco integral de justicia transicional con foco en la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas y reformas institucionales que abarquen reparaciones, verdad y garantías de no repetición. “Estas medidas basadas en derechos humanos de construcción de confianza allanarán el camino para el retorno digno y seguro de millones de venezolanos afuera del país”, expresó.
La comunidad internacional debe persistir en el monitoreo de Venezuela y el tono de exigencia a fin de que adopte medidas consistentes con sus compromisos internacionales y que conduzcan a cambios genuinos y sostenibles en aras de una transición democrática.