Una transición es un proceso mediante el cual un régimen autoritario evoluciona hacia un sistema democrático. No se trata simplemente de un cambio de gobierno, sino de una transformación más profunda que afecta las reglas del poder, la naturaleza de las instituciones y la relación entre el Estado y la sociedad.
Cuando el bloque dominante restituye derechos que anteriormente había restringido o eliminado, hay signos de una eventual transición. Se trata de un proceso, y no un momento, que comienza con síntomas incipientes, pero aún no suficientes para considerar que estamos frente a una transición. Una transición implica la apertura de espacios de competencia política, la restauración de garantías institucionales y la redefinición de los equilibrios entre los distintos actores del poder. En muchos casos, estos procesos se producen a través de negociaciones entre sectores del régimen y sectores de la oposición. En otros, el cambio es el resultado de presiones sociales acumuladas o de transformaciones económicas que terminan alterando la estructura del poder político.
El caso venezolano tiene un nivel de complejidad adicional dado que el factor desencadenante de estos indicios de una eventual transición es una acción de los Estados Unidos, y del hecho de que a partir de la acción ejecutada el 3 de enero y la subsiguiente extracción de Nicolas Maduro, quien desde 2018 ejercía de manera irrita la presidencia de la república, esta nación ha asumido un rol tutelar sobre Venezuela, indicando de manera clara las decisiones a ser tomadas y determinando cursos de acción en materia económica y política.
Volviendo sobre la restitución de derechos que hasta el 3 de enero estaban conculcados de manera radical, es de notar que estas restituciones han sido, hasta la fecha, parciales y lentas. Ciertamente, hay casos, como lo referido a los presos políticos, en los que se avanza con gran lentitud. Tomando en cuenta que hay ciudadanos que han estado detenidos arbitrariamente por décadas, el acatamiento de la recién sancionada Ley de amnistía para la convivencia democrática ha debido producirse sin demora alguna, por lo que las inexplicables exclusiones que plantea la ley y la lentitud en su ejecución son motivo de preocupación.
A efectos de una transición, y partiendo del hecho de que el régimen ha tenido carácter totalitario y ha mantenido el control de todas las ramas del poder, reviste la mayor importancia la designación del nuevo fiscal general de la República, posición que hasta hace semanas representaba una amenaza para los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Se han presentado candidaturas provenientes de las universidades y la sociedad civil que cuentan con gran reconocimiento y respeto profesional, pero la posibilidad de que esta designación que habrá de realizar la Asamblea Nacional recaiga sobre un funcionario leal al régimen y no a la constitución genera una gran incertidumbre. La misma situación se presenta para el cargo de defensor del pueblo, otra figura clave para el ejercicio de derechos, que debe adjudicarse en el mismo lapso.
Hay también importantísimos sectores de la vida venezolana que no han asumido una posición publica que demuestre un compromiso decidido con la búsqueda de un proceso de democratización. El sector militar ha guardado un llamativo silencio, probablemente debido a la escasa autoridad de su liderazgo, que demostró una ineficiencia abrumadora durante la acción militar extranjera que “extrajo” a su antiguo líder, así como debido a su debilidad institucional luego de décadas de sujeción personalista y temor a las represalias internas que aún hoy mantienen en prisión a cientos de militares activos. También quizá, en el peor escenario, porque desee que el proceso en desarrollo fracase y se produzca una regresión a la situación autoritaria.
El poder judicial, a su vez, ha mantenido un rol mas que discreto ante la peculiar y delicada situación que atraviesa el país. Acostumbrado también a la sujeción al poder ejecutivo, carente de agencia, el poder judicial ha perdido el reflejo institucional que le habilita a ejercer su rol como poder independiente.
Para los factores que propugnan el ejercicio de los derechos civiles y políticos, para quienes ven con alarma que la situación humanitaria en el país requiere de medidas urgentes, causa la mayor preocupación el hecho de que el rol central en la conducción del aparato del estado, ahora con un reconocimiento explícito por parte de los Estados Unidos, esté a cargo de la vicepresidenta designada por Nicolas Maduro, partícipe principalísima del estado de cosas que es imprescindible superar.
Es fácil comprender la angustia que genera el cuadro actual. Hay cambios, hay avances que, comparados con la realidad prevaleciente hasta hace dos meses son muy valiosos, pero al no haber una hoja de ruta que apunte a la legitimación de un nuevo gobierno, la idea de que los cambios habidos pueden ser detenidos o reversados es un elemento perturbador. Así, la fragilidad de esta coyuntura se mide en su dependencia de la voluntad de un gobierno extranjero, tanto como en el que hecho de que la conducción política local esté completamente en manos de operadores que, hasta ayer, han sido símbolo de algunas de las más abyectas violaciones de derechos.
La pregunta central es: dentro de la realidad existente, ¿puede producirse una transición a la democracia en un lapso breve? ¿Puede en dos meses llevarse a cabo la imprescindible modificación al actual Tribunal Supremo de Justicia? ¿Pueden adelantarse las reformas legislativas que dejen atrás décadas de normas ideologizadas que han sido instrumento para la represión, tal como la ley contra el odio? ¿Puede realizarse una actualización del Registro Electoral que incluya a los millones de venezolanos en el exterior facultados por la constitución para votar? ¿Puede reconstituirse el Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista técnico y político?
La realización de estas tareas es un reto impostergable, aunque su ejecución requiere tiempo. Pero al reconocer que el proceso requiere tiempo, también debemos reconocer que quienes hoy dirigen al país tienen en el tiempo su principal aliado, el tiempo es el oxígeno que les puede permitir hacer algunas modificaciones menores, de forma, a su vocación autoritaria, poner de lado temporalmente la aspiración totalitaria y continuar en el ejercicio del poder para, en caso de cesar la presión externa, retomar el uso de la violencia y la represión para retornar al poder sin límite.
Por ello, hoy más que nunca la comunidad internacional debe prestar la mayor atención a la situación venezolana. Hay elementos que favorecen una transición, pero son solo el comienzo de un delicado camino hacia la democracia. Falta mucho trecho por recorrer para que Venezuela se incorpore, de pleno derecho, a la comunidad de las democracias en el concierto internacional.