Ya transcurrieron seis meses desde la designación de Delcy Rodríguez para asumir la presidencia interina. Este período debía poner fin a un ciclo de provisionalidad, pero no ha sido así, dejando al país en la atípica situación del fin de un interinato, según manda la Constitución, pero la extensión indefinida de un mandato, gracias a una decisión ambigua cuidadosamente calculada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Se profundiza la crisis institucional
El camino al recrudecimiento de la crisis constitucional y democrática pos-3 de enero inició con la declaratoria del TSJ de una “ausencia forzosa” del Presidente, como consecuencia de un hecho que refirió como “agresión extranjera” causante de un “secuestro”. Este pronunciamiento, que tildó de naturaleza “cautelar” a fin de mantener “la continuidad administrativa del Estado”, se basó en una categoría que no existe en la Constitución y al margen de ella, ya que en Venezuela las ausencias presidenciales son temporales o absolutas y sólo pueden ser anunciadas por la Asamblea Nacional (AN). Aunque el TSJ habilitó una tercera vía, lo llamativo es que no implementó una solución novedosa, sino que terminó aplicando la consecuencia jurídica prevista para el caso de falta temporal al ordenar a la vicepresidente asumir la Presidencia en condición de encargada, sin establecer un límite temporal para tal efecto. Sin mengua de las arbitrariedades del organismo judicial, la AN debía cumplir con su obligación de calificar la ausencia como temporal o absoluta, como exigen los artículos 233 y 234 de la Constitución. Esto no sucedió.
Desde entonces el poder legislativo ha guardado un silencio cómplice con la situación ocurrida dando un vuelco a su agenda ordinaria como si no hubiere existido nunca la intervención armada de Estados Unidos. Esa omisión deliberada de reconocer un evento extraordinario y obedecer a la Constitución fue la primera señal de lo que luego sería un proceso continuo de renuncia a la soberanía nacional.
El papel de la Asamblea Nacional
La AN se enfocó en conservar el férreo control del aparato estatal a través de la designación estratégica de Jorge Rodríguez, hermano de la presidente de facto, como presidente del organismo legislativo, desde donde el poder se ha dedicado a cumplir tres objetivos políticos complementarios.
Por un lado, se avanzó en el nombramiento de servidores fieles en la conducción del resto de los poderes públicos, como Larry Davoe en la Fiscalía General de la República y Eglée González Lobato en la Defensoría del Pueblo, en medio de sendos procedimientos arbitrarios, entre otras razones, por la falta de criterios objetivos preestablecidos, la ausencia de pluralismo en la composición del comité seleccionador, y la selección, en definitiva, de personas que destilan una manifiesta afinidad con el régimen venezolano. Es previsible que el procedimiento de escogencia de magistrados al TSJ corra la misma suerte.
Por otro lado, el control de la Asamblea Nacional ha servido para desplazar la agenda electoral y simular una serie de cambios, cosméticos, en la vida política. Así, al dejar de lado su obligación constitucional de calificar la falta presidencial y convocar a elecciones, el Rodrigato ha logrado postergar indefinidamente una hoja de ruta electoral para relegitimar las autoridades de gobierno bajo el argumento de estabilizar el país. Mientras el gobierno de facto promueve una narrativa del «nuevo momento político» mediante diálogos de reforma judicial, consultas sobre ciertas iniciativas legales, y hasta una tímida apertura del debate público con sutiles deferencias a los medios de comunicación y a algunas manifestaciones públicas controladas, ese supuesto clima político renovado con la llegada del Rodrigato encuentra un límite infranqueable: no poner en marcha un proceso electoral que implique perder el poder y abrir a una transición democrática. En rigor, la persecución, la censura y la desinformación como elementos de la maquinaria de represión se mantienen intactos.
Por último y en contraste con la agenda política y electoral, las relaciones comerciales con Estados Unidos se han acelerado con un rol activo y protagónico de la Asamblea Nacional, funcional a los intereses de EE.UU. La aprobación de reformas legislativas en las áreas de hidrocarburos, minería y gestión administrativa, al tiempo que concentran la toma decisiones en el Ejecutivo, favorecen los negocios en el campo petrolero y minero con el fin de permitir el ingreso y operación sin controles públicos de las empresas extranjeras, en desmedro de las garantías a los derechos humanos, con mayor impacto en el medio ambiente y los derechos de pueblos indígenas. Los intereses económicos de ambos países han sido el móvil para desmantelar a través de la legislación y la práctica institucional cualquier obligación de prevención, transparencia y rendición de cuentas ante potenciales abusos. Adicionalmente, el gobierno de facto de Rodríguez sigue sin anunciar el uso de los recursos provenientes de los negocios, especialmente de la renta petrolera, y la forma en que éstos bajarían a la población en la forma de servicios y acceso a derechos. La sinergia ha sido tal que la administración de Trump no deja de felicitar al gobierno de facto por su “cooperación y excelente trabajo”.
Una provisionalidad que busca perdurar
Así, el momento que atraviesa Venezuela esta signado por la carencia de lo jurídico y la prevalencia de lo político, de tal manera que transcurrieron los 90 días que establece la Constitución para que quien ejerce la vicepresidencia ocupe temporalmente la presidencia y se acaban de agotar los 90 días de prórroga. Como ninguna interpretación de la Sala Constitucional puede estar por encima de la letra de la Constitución, el 3 de julio fecha ha abierto un nuevo período. Terminado el interinato, el ejercicio del poder por parte de Delcy Rodríguez deja al descubierto, aún más, lo que claramente constituye un régimen de facto. Vale decir que, el régimen que ya operaba «de facto» ahora lo hace sin tener siquiera el tenue resguardo que la condición de interino le confería.
Ahora, fuera del marco constitucional y en una situación de tutelaje –la amenaza de acción militar similar a la que se produjo el 3 de enero— la precariedad institucional del basamento sobre el cual se asienta el poder en Venezuela es más marcada.
Las tres fases de Rubio y la conversación sobre lo electoral
La situación derivada de los sucesos del 3 de enero pareció que podría traer consigo algunos espacios de liberalización del espacio cívico, algunas formas de mitigación del carácter autoritario. Esto, sin embargo, no ha sucedido. Si bien el poder interino ha realizado algunos pocos cambios llamativos, destituciones de funcionarios públicamente asociados con violaciones de derechos humanos, tortura o corrupción, estas destituciones no solo no conllevaron la apertura de procesos judiciales para el establecimiento de responsabilidades, sino que adicionalmente los destituidos frecuentemente fueron reubicados en cargos de alto perfil.
La relación que ha establecido el régimen de facto con los EE.UU. es verdaderamente particular. Por una parte, el gobierno de los EE.UU. ha señalado su interés en favorecer la estabilización de la crisis venezolana, la recuperación económica del país y, finalmente, la transición a un sistema democrático mediante una elección realizada con las garantías internacionalmente aceptadas. No obstante, hasta la fecha son escasos los pasos hacia el abordaje de esta tercera fase democratizadora, y el camino a recorrer para llevar adelante esta fase es extenso: conformación de un ente electoral confiable, revisión del registro electoral y puesta a tono de las capacidades técnicas del poder electoral.
Solo en fecha reciente se ha producido algún evento relativo al tema electoral: el gobierno de los EE.UU. determinó que se realizara un encuentro entre las autoridades del poder de facto con la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, que desde entonces cuenta con el reconocimiento de los EE.UU., para tratar este tema. Así, el ente tutelar determina tanto la agenda como los interlocutores para los asuntos claves de la situación venezolana.
Tanto en el tema electoral como en lo relativo a la liberalización de los derechos que el régimen autoritario ha conculcado a la sociedad venezolana subyace una tensión fundamental: los EE.UU. presionan sobre la base de sus intereses y priorizando lo económico, en tanto el régimen de facto hace el esfuerzo mínimo, anuncia medidas que no cumple o cumple a medias y, en general, busca ganar tiempo en espera de algún imponderable que le permita mantenerse en el poder. De esta manera, una aparente apertura terminó en algo cosmético, incluyendo nombramientos que se han hecho y que han alcanzado grandes titulares, sin que se repare en el perfil igual o peor de quienes están reemplazando a los defenestrados.
La informalidad como norma
La situación atípica constitucional en la que se encuentra el país, no se limita a las actuaciones y omisiones del TSJ y de la AN.
El 3 de enero fue emitido un decreto de conmoción exterior, firmado por Nicolás Maduro, quien, curiosamente, para ese momento ya se encontraba detenido. La sala constitucional del TSJ declaró la constitucionalidad del decreto de forma extemporánea y la AN nunca se pronunció al respecto. Aunque los supuestos que dieron origen al decreto permanecen vigentes –un ataque armado y un despliegue de acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos– este no se renovó tras su primer vencimiento el 3 de abril. Pese a que el decreto buscaba “repeler la agresión contra el territorio venezolano y proteger los derechos de la población”, en la práctica ha hecho lo contrario: repeler a la población a través de censura y persecución y proteger los derechos de EE.UU. mediante normas exprés hechas a la medida de sus necesidades.
Otra manifestación de la ausencia de institucionalidad se observa con la ley de amnistía, que tuvo una duración de 2 meses y 4 días, hasta el 23 de abril de 2026 cuando Delcy Rodríguez anunció su desaplicación, pese a no tener facultades para ello, y transfirió la competencia para la consideración de las solicitudes al programa para la Convivencia Democrática y la Paz, que es solo una figura de hecho, sin un decreto, resolución u otro acto de gobierno que le haya dado origen, de tal manera que una autoridad no competente derogó una ley y derivó su aplicación a un ente que no existe formalmente. En las manos de esta entelequia jurídica está la libertad de miles venezolanos que permanecen arbitrariamente detenidos o enfrentan juicios sin las debidas garantías.
Por otra parte, el Programa de Convivencia Democrática y Paz tenía un plazo de funcionamiento de 100 días que se venció el 3 de mayo. Dentro de la misma informalidad, Rodríguez decidió prolongar sus funciones de manera indefinida. Al menos cuatro integrantes del programa son ahora ministros y uno está a cargo de la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, una versión local del DOGE de Trump.
Venezuela en la agenda internacional
Mientras tanto, el debate sobre Venezuela en espacios internacionales corre riesgo de descender en la agenda, si Trump logra posicionar su narrativa del país donde la gente es feliz, baila, ve petróleo burbujeando bajo sus pies y tiene una mandataria que está haciendo un gran trabajo. Cuando se cumplen seis meses de la intervención armada de EE.UU. y se vence –al menos en teoría—el plazo constitucional del interinato, el riesgo de normalización de la situación de Venezuela sigue vigente. El plan de tres fases de Rubio, que coloca las elecciones como última meta, podría ralentizarse como consecuencia de la reciente catástrofe natural, sepultando bajo los escombros de una agenda política poco transparente las aspiraciones de recuperación de la democracia.
La comunidad internacional debe estar atenta a los indicadores tanto sociales y económicos como político-institucionales que contrastan con la narrativa de Trump y asegurar que no se pierda el norte en esta larga deriva autoritaria con tutelaje extranjero, para seguir apuntando hacia una verdadera transición a la democracia.