En el ámbito no gubernamental venezolano viene resonando con preocupación un nuevo término que daría forma al tipo de relacionamiento del Sistema de la ONU con el gobierno de Maduro. Aunque con razón se habla de generar una estrategia para el manejo de las relaciones con el gobierno, se dice también que lo primordial de esa relación es asegurar un mecanismo de enlace que permita dialogar e intervenir en situaciones relevantes ante las autoridades; en definitiva, que mantenga abierto un canal de comunicación con el gobierno con fines de asistencia técnica.
Esa estrategia se ha identificado con el término de ambigüedad constructiva, una idea extravagante de la cual no se tiene precisión alguna pero que destaca con claridad su elasticidad y maleabilidad con tal de lograr su objetivo de que la ONU continúe en el país. Esa ambigüedad constructiva no estaría establecida en ningún documento, pero sí podría hallarse en decisiones tomadas desde el más alto nivel de Naciones Unidas para el caso venezolano. En este sentido, AlertaVenezuela ha señalado con anterioridad ejemplos del trato diferenciado que la OACNUDH ejerce en Venezuela en comparación con su actuación en otros países donde tiene presencia. De hecho, el propio sistema de la ONU ha utilizado “la particularidad de la crisis venezolana” como argumento para intentar justificar ese trato diferenciado.
Pero la ambigüedad constructiva tiene sus riesgos. El 2 de agosto, 6 líderes sindicales fueron condenados a 16 años de prisión en una abierta escalada de la represión de la protesta y los derechos laborales en Venezuela. Al día siguiente el Fiscal General impuesto por la ilegal asamblea nacional constituyente declaró que los dirigentes fueron condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir y que el caso “fue tratado con representantes la OACNUDH en Caracas, quienes quedaron satisfechos con la información que se les brindó”. Ello a pesar de que, tres semanas antes, el Alto Comisionado Turk había presentado un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que hacía referencia a los seis líderes sindicales como un caso de detención arbitraria amparada en la Ley Antiterrorismo, sobre el cual el gobierno no había dado explicaciones a relatores especiales que habían expresado su preocupación por el caso. El 5 de agosto, la OACNUDH ratificó la criminalización de los sindicalistas a través de una portavoz, a pedido de una solicitud realizada por el diario Tal Cual. La OACNUDH expresó su postura sobre este caso, pero no ha comentado sobre la utilización de su nombre por parte del gobierno para intentar convalidar sus abusos.
¿Qué podría significar la ambigüedad constructiva para las víctimas, en definitiva? Podría tener como consecuencia que nadie quiera denunciar o contar con la presencia de la OACNUDH en Venezuela si esta no es capaz de confrontar al gobierno en sus intentos de manipulación de la figura de la OACNUDH para propósitos contrarios a los derechos humanos. Esta postura omisiva no solo socava la confianza de las víctimas en el sistema de la ONU sino que aumenta su propia vulnerabilidad ante una OACNUDH que entiende que tensionar con el gobierno nunca sirve. De modo que la estrategia de la ambigüedad constructiva, aunque se diga lo contrario, puede tener el efecto de desproteger a las víctimas.
El silencio (en este caso la ambigüedad constructiva) no puede ser opción cuando se manipula información. Hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene excepciones a la regla de confidencialidad cuando un gobierno publica deliberadamente una parte de un informe confidencial. En ese caso, el CICR se reserva el derecho de publicar la totalidad del informe para desmontar la manipulación y así evitar cualquier interpretación errónea o incompleta de sus observaciones y recomendaciones.
Lamentablemente el cuestionamiento a la ambigüedad constructiva aún es respondido con la lógica del chantaje político. O se acepta la presencia de la OACNUDH en estos términos o se van del país. Se trata de imponer un falso dilema. Por lo contrario: la OACNUDH tiene que continuar en el terreno y tiene que actuar como corresponde. Si hay una tensión entre ambos, no puede privilegiar su permanencia por encima de la protección a las víctimas. La directriz “Derechos humanos primero” no es una moda pasajera, sino una exigencia ética que se deriva de terribles fallas del sistema ONU que afectaron las vidas de miles de personas inocentes. Pero para hacerlo realidad es fundamental escapar del binomio reduccionista asistencia técnica-diplomacia silenciosa, trampa en que la OACNUDH se ha concebido así misma –por razones desconocidas- dentro de Venezuela. Quizá por eso la carta de entendimiento con el gobierno todavía es un misterio.
Es hora de un sistema ONU en Venezuela que pondere y que se atreva a hablar. Qué tenga más olfato político y que se pronuncie alto y claro cuando sea requerido: sobre todo, que no le importe arriesgar su presencia en el terreno con tal de decir las cosas por su nombre. Las víctimas y el país necesitan de una OACNUDH que no le tenga miedo a tensionar con el gobierno de manera estratégica.