Entre 2016 y 2025, funcionarios venezolanos liquidaron al menos a seis líderes de megabandas criminales, entre ellos el Koki, el Conejo, el Picure y Wilexis, en operativos calificados por organizaciones de derechos humanos como falsos enfrentamientos, donde se alteraron las escenas, se identificaron tiros de gracia y se cremaron los cuerpos de inmediato.
La práctica de ejecuciones no se ha limita a los líderes de organizaciones criminales. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), entre 2016 y 2019, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron responsables por 17,000 muertes por «resistencia a la autoridad», lo que llevó a la OACNDH a recomendar su desmantelamiento. Aunque fue sustituida por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), su nivel de letalidad no disminuyó. Según Provea, el estado Bolívar, protagonista del reciente asesinato del jefe del Tren de Aragua, para 2017 ya ocupaba el tercer lugar en ejecuciones extrajudiciales del país con 74 víctimas, que equivale al 14.7% del total nacional. Entre 2017 y 2025, la zona minera del estado Bolívar ha sido objeto de al menos cuatro operaciones militares de gran escala, supuestamente en contra de la minería ilegal, con saldo de decenas de fallecidos en circunstancias poco claras, que han sido calificadas como “operaciones de limpieza” o “cambio de gobierno”.
En este contexto de recurrentes ejecuciones realizadas por fuerzas militares venezolanas, con el objeto de reordenar las fuerzas que controlan la minería ilegal, se produce el 12 de junio una acción que puso fin a la vida de Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», líder del Tren de Aragua. Hay dos diferencias con respecto a las ejecuciones anteriores. Primero, esta fue realizada por fuerzas extranjeras, al punto que el jefe del Comando Sur expresó “agradecimiento a las fuerzas de seguridad venezolanas por su apoyo a la exitosa operación conjunta contra un complejo del Tren de Aragua”, en lo que sugiere una subordinación de los funcionarios de Venezuela a órdenes emitida por los EE.UU., lo que explicaría que el comunicado de Venezuela solo haya sido emitido después de que Trump y otros actores de su administración informaran sobre la muerte de Guerrero. Segundo, la calificación del ejecutado como “terrorista”, pretendiendo de esa forma justificar su ejecución mediante una acción desproporcionada y sustrayéndolo del control judicial, pese a que está documentado en video que no estaba oponiendo resistencia al momento del ataque.
Esta práctica ya ha sido llevada a cabo por EE.UU. en varios puntos del mar Caribe desde septiembre de 2025, con un saldo de más de 200 fallecidos en 62 operaciones, pero es la primera en territorio venezolano, aunque se trata de la tercera incursión militar no autorizada de fuerzas estadounidenses. La Asamblea Nacional (AN) no ha abierto un debate sobre ninguna de estas incursiones, pese a que no han contado con su autorización.
Es alarmante observar que hasta altos voceros de la oposición venezolana han expresado apoyo a la actuación del Comando Sur en el estado Bolívar, como si el calificativo de terrorismo fuese una patente de corso que permite liquidar a personas al margen de la ley. La oposición parece olvidar que unas 2.400 personas fueron señaladas por “terrorismo” cuando salieron a protestar por el fraude de la elección presidencial de julio de 2024 y la mayoría de ellas permanece con juicios abiertos, restricción de derechos y constantes difamaciones. El caso más reciente es el de la niña Samantha Hernández, de 16 años, a quien el presidente de la AN ha vuelto a referirse después de ser excarcelada, afirmando que “llevaba los explosivos para volar la Plaza Venezuela». Ningún señalamiento por terrorismo puede significar el sustraer a las personas de la protección de la ley.
La ejecución de Guerrero no acaba con la presencia de grupos armados en el sur de Venezuela. Queda la interrogante sobre el grado de connivencia que tendrá el gobierno de facto ante nuevas incursiones no autorizadas de una potencia extranjera para seguir aniquilando uno por uno a todos los miembros reales o supuestos de los grupos armados irregulares que han venido dominando la explotación del oro, en nombre de la lucha contra el terrorismo, que no es más que un nuevo “cambio de gobierno” para controlar el negocio aurífero que sigue explotando un oro de sangre.
Una parte de los grupos armados irregulares presentes en la zona son de origen colombiano y, ante la perspectiva del ascenso de un presidente que ha criticado abiertamente los anteriores procesos de paz en Colombia, es de esperar que estos grupos irregulares extranjeros busquen seguir usando a Venezuela como su aliviadero o zona de retaguardia estratégica, lo que podría aumentar el riesgo de un conflicto armado focalizado al sur de Venezuela.
La comunidad internacional, y en especial los organismos multilaterales y el Congreso de los EE.UU., deben prestar la máxima atención a la evolución de las dinámicas por el control de las zonas de minería de oro en Venezuela, exigir rendición de cuentas a los responsables de las acciones militares y activar mecanismos de prevención de un escalamiento del conflicto.