Demos una mirada al pasado reciente: Venezuela logró construir un sistema electoral en el que, hasta 1998, hubo un conjunto de elecciones que permitieron que, por décadas, distintos grupos políticos se alternaran en el poder en acatamiento de la autoridad electoral. Se logró que la institucionalidad electoral tuviese una actuación apegada a derecho incluso cuando un actor político abiertamente confrontado con el establishment, y sin representación dentro de la estructura administrativa de la institución, logró la victoria y ésta le fue reconocida, como fue el caso de Hugo Chavez. Y finalmente, punto fundamental, todo ello sucedió en un clima de paz.
Llegado Hugo Chavez al poder, el tema electoral cambio de tono. En octubre de 2004, en plena campaña para las elecciones regionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una averiguación administrativa contra Hugo Chávez por violaciones de las normas de propaganda electoral y uso de recursos del Estado con fines proselitistas. Chávez respondió públicamente desafiando al organismo electoral, cuestionando la autoridad del CNE para sancionarlo. Paralelamente, dirigentes oficialistas anunciaron la realización de una colecta pública para pagar cualquier multa que pudiera imponérsele al presidente. El episodio evidenció la creciente tensión entre el mandatario y el árbitro electoral, así como una actitud de abierto desafío frente a las normas que regulaban la campaña. Este caso constituyó una temprana manifestación del ventajismo oficial y de las presiones ejercidas por el Poder Ejecutivo sobre instituciones que, en teoría, debían actuar con independencia. Estaba naciendo el ventajismo electoral que poco a poco se convertiría en abierto fraude.
En lo sucesivo, el uso de los recursos del Estado a favor de las campañas electorales oficialistas, la imposición de medidas arbitrarias para limitar la participación electoral de los adversarios políticos, la inhabilitación ilegal de los partidos políticos de oposición y el uso de violencia frecuentemente letal contra las manifestaciones pacíficas de factores opositores se hizo común.
Así, en este ambiente de violación sistemática de los derechos políticos de los ciudadanos, se llega a 2024, cuando se produce la más abierta violación del marco jurídico electoral: se desconoce el mecanismo de escrutinio de los votos, se omite la presentación de los resultados por cada mesa electoral y se proclama a Nicolás Maduro como ganador, a pesar de que la oposición recopiló la evidencia oficial de su contundente victoria con más del 70% de los votos.
Este es el marco en el que, una vez producida la “extracción” de Maduro y la encargaduría de Delcy Rodríguez el pasado 3 de enero, y ante la ilegal prolongación de su permanencia en el poder, la necesidad de una elección que restablezca la legitimidad del poder ejecutivo se hace evidente. Por ello, distintos sectores de la sociedad civil, factores políticos y de la comunidad internacional han expresado su convicción acerca de la necesidad de una pronta elección.
Esto nos lleva a considerar los complejos elementos que implica esta labor de reconstrucción de un poder electoral incapacitado política, moral y técnicamente para asumir la delicada misión de llevar adelante un proceso electoral en la actual coyuntura. En este sentido, es vital conjugar la necesidad de realizar una elección como mecanismo de legitimación del sistema político en su conjunto, con la determinación de un claro conjunto de garantías que permitan que esta elección efectivamente cumpla el objetivo legitimador. Son las garantías las que permitirán un proceso pulcro, transparente y verificable.
Importantes voces de la sociedad civil, ente ella Voto Joven, han señalado las consideraciones fundamentales que deben privar en este sentido:
- Partir de la comprensión de que elegir es un derecho fundamental, en tanto expresión directa de la soberanía popular.
- Asumir que en la situación del país, el mecanismo primordial para adelantar la reinstitucionalización democrática es la via electoral.
- Se deben garantizar condiciones electorales reales y verificables.
- La elección es un camino a la transición democrática, y requiere acuerdos, plazos, condiciones y mecanismos verificables.
- La elección debe ser un proceso realmente democrático, competitivo, con participación ciudadana y capaz de generar confianza.
- El voto se concibe como un instrumento pacifico de lucha que canaliza el conflicto político dentro de un marco democrático.
- En el centro del proceso democrático esta la ciudadanía, que se concibe como consciente de sus derechos y capaz de exigir condiciones.
- Se asume que el bienestar y el ejercicio de los derechos ciudadanos son inseparables de la democracia.
- En la base de todo proceso democrático debe ubicarse el respeto por el mandato constitucional como garante de la reconstrucción del estado de derecho.
- La reconstrucción de la democracia debe ser una acción colectiva.
El reto que tiene frente a sí Venezuela es mayúsculo. Tras años de violaciones grotescas a los más elementales derechos políticos, es menester edificar una institucionalidad electoral que supere los vicios y arbitrariedades de un sistema autoritario cuyos ejecutores aún ostentan el poder, aunque con alguna limitación.
Por ello, la comunidad internacional debe acompañar a la sociedad civil y los sectores democráticos en el apoyo sin descanso a los principios que garantizan un proceso electoral libre y justo, como única vía para la reconstrucción del sistema electoral venezolano. Urge una fecha electoral y garantías suficientes cuanto antes.