Las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio fueron, desde un principio, unas elecciones injustas y colmadas de arbitrariedades. Por una parte, el oficialismo conminó a los miembros de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), militantes en su mayoría del PSUV, a renunciar a sus cargos en momentos en los que debían analizar, entre otros asuntos, la solicitud formal presentada por la oposición democrática para que el organismo facilitara la infraestructura tecnológica para la realización de las elecciones primarias de la oposición. Así, dejando acéfalo el organismo por un período injustificable, eliminaron de hecho tal posibilidad e hicieron muy compleja la realización del evento como una iniciativa ciudadana con escasos recursos.
Por otra parte, el poder ejecutivo llega a las elecciones habiendo “secuestrado” los partidos políticos opositores mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que los intervinieron, designando personas afectas a Nicolas Maduro al frente de los mismos. Esto, por una parte, fue una dura coyuntura para los partidos, y al mismo tiempo, garantizó a las fuerzas oficialistas un hábil mecanismo para defraudar a los electores que, en el acto de votación, podrían fácilmente confundirse al ver los símbolos de sus partidos sin tener claridad de a quién votaban.
Igualmente, se inhabilitó de manera ilegal a la candidata de la oposición democrática, María Corina Machado, impidiéndole participar en la elección. No contento con eso, se impidió a su vez la inscripción de la candidatura de la Dra. Corina Yoris, sin siquiera dar una explicación, jurídica o no, sobre su exclusión.
Para agravar las cosas, el CNE estableció una compleja serie de requisitos para que los venezolanos en el exterior pudiesen votar. Tal fue el nivel de exigencias, inconstitucionales e ilegales todas, que de aproximadamente cinco millones de venezolanos en el exterior en capacidad de ejercer sus derechos políticos votando, menos de setenta mil lograron sobrepasar las insólitas alcabalas regulatorias. Estaba claro que la función del organismo no era favorecer la participación y el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, sino obstruirlo, dificultarlo e impedirlo.
Es así como se llega al día de la elección, cuando se produjo una votación masiva. Los problemas comenzaron poco después de las 7 pm, cuando la transmisión automatizada de la data desde los centros electorales a la sala de totalización del CNE se vio interrumpida sin que hubiese una explicación. Nunca se proveyó un informe técnico al respecto, a pesar de que las autoridades anunciaron un supuesto “ataque al sistema de comunicación electoral”. Lo que sí se conoció desde esa hora eran las encuestas a boca de urna, las cuales daban una ventaja notable a la opción opositora, y esta ventaja coincidía con lo que habían señalado las encuestas de las últimas semanas de la campaña.
En paralelo, comienzan los reportes de numerosos testigos en las mesas a quienes se les negó su copia del acta de votación, hecho claramente irregular que comienza a conformar un patrón. En este estado de cosas, en pocas horas el presidente del CNE anunció la victoria de Maduro, sin publicar data alguna -y al cierre de este artículo, así se mantiene; intente ver la página aquí-. La data presentada por el presidente del CNE, uno de los más fervorosos oficialistas, como una tendencia “irreversible” señalaba una ventaja de Maduro por aproximadamente 700.000 votos, en momentos en los que faltaba contabilizar aun casi 3.000.000 de votos. El fraude no fue cuestión de unas horas. Se construyó a lo largo de varios meses.
A esto se suma que la oposición democrática sí recibió un número importante de actas, y posteriormente ha ido recaudando otras, teniendo a los momentos más del 80% de las mismas. Estas arrojan un porcentaje de aproximadamente 70% de los votos a favor de Edmundo González. Ha tenido también este sector la iniciativa de hacer públicas las actas, y pueden ser consultadas por cualquier ciudadano con sólo digitar su número de cedula de identidad en la página https://ganovzla.com/. El gobierno ha intentado bloquear el acceso a este recurso, pero se ha logrado evadir la censura. Todo lo registrado constituye una grave y masiva violación de los derechos políticos de los venezolanos, del derecho a elegir y a ser elegido, y deja en evidencia un fraude electoral de magnitudes descomunales, con la complicidad de todas las instituciones del Estado.
Por ello, la ciudadanía, al momento de redactar esta nota, exige airadamente en las calles la restitución de sus derechos, al tiempo que importantes sectores de la comunidad internacional han expresado su solicitud al gobierno de Nicolás Maduro de que presente las actas que supuestamente avalarían su victoria. El canciller de Colombia, los presidentes de Paraguay, Perú, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, entre otros, así como observadores del proceso como los expresidentes Ernesto Samper y Leonel Fernández, se han expresado en la misma dirección. A ello se han sumado organismos multilaterales de protección de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría de Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidiendo además el cese de la represión.
Venezuela atraviesa una grave crisis política y un nuevo periodo de conflictividad en medio de una emergencia humanitaria compleja. En estos momentos la tentación de recrudecer la violencia con fines políticos a través de la violación generalizada de los derechos civiles y políticos de la población puede estar presente en quienes han cometido un abierto fraude y así lo han manifestado a través de las declaraciones de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Tarek William Saab, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. La comunidad internacional debe profundizar sus pronunciamientos y acciones para favorecer el retorno a la legalidad y al estado de derecho, exigiendo la transparencia de las elecciones del 28 de julio y el cese de la represión nacional. Venezuela está en una delicada pero irreversible transición a la democracia.