La jornada electoral del 25 de mayo de 2025 en Venezuela ha confirmado lo que múltiples organizaciones nacionales han advertido: el régimen de Nicolás Maduro continúa utilizando los procesos electorales como mecanismos de control y legitimación autoritaria, lejos de cualquier estándar democrático. Esta elección, marcada por una profunda falta de garantías, persecución política y manipulación institucional, fue una reedición agravada del fraude ocurrido el 28 de julio de 2024.
Aquel proceso de 2024 —realizado tras la inconstitucional inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado— fue ampliamente denunciado como ilegítimo, dado el contexto de represión, exclusión y falta de condiciones mínimas para la competencia. En lugar de corregir el rumbo, el Estado venezolano ha profundizado la deriva totalitaria, organizando una nueva elección bajo las mismas condiciones estructurales de desigualdad, sumando además nuevos elementos de opacidad, coerción y control.
Previsiblemente, la participación se redujo a 12%, según las estimaciones presentadas por el liderazgo opositor, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral presentó la cifra de 43.18%, en abierta contradicción con la obvia soledad de las calles y la evidente desmovilización popular producida a partir del anterior fraude electoral. También previsiblemente, el CNE proclamó la victoria del partido de gobierno en 23 de las 24 gobernaciones de estado, así como en mas del 80% de las curules parlamentarias.
Uno de los hechos más graves asociados a este nuevo evento electoral es la detención arbitraria de líderes políticos y actores sociales. Juan Pablo Guanipa, exdiputado y dirigente nacional de Primero Justicia, fue detenido días antes de la elección, acusado de “incitación al odio” por expresar críticas al proceso electoral. Pero está lejos de estar solo: a los cientos presos políticos que pueblan las cárceles se han sumado en días recientes unos 70, según las propias cifras oficiales, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos. Todos permanecen privados de libertad, muchos en situación de desaparición forzada, y con graves violaciones al debido proceso.
Estas detenciones forman parte de una política sistemática de criminalización del disenso, ejecutada por cuerpos de inteligencia que actúan con total impunidad. El mensaje es inequívoco: cuestionar al poder, organizar políticamente o denunciar irregularidades puede llevar al exilio, la cárcel o la desaparición forzada.
En el terreno técnico-electoral, el 25 de mayo trajo consigo, entre muchas otras violaciones, una decisión alarmante por parte del Consejo Nacional Electoral: la eliminación de los códigos QR en las actas de votación. Esta medida, adoptada sin justificación técnica válida ni consulta pública, debilita gravemente la trazabilidad del voto y la capacidad de verificación de los resultados. Al eliminar los identificadores únicos de las actas, se abre la puerta a la falsificación y a la manipulación sin posibilidad de auditoría independiente, lo cual compromete irremediablemente la credibilidad del sistema automatizado de votación. El código QR fue fundamental para la evidenciar el fraude cometido por Maduro y su CNE en julio 2024, y el régimen no está dispuesto a correr riesgos.
En la elección del 25 de mayo de 2025, el régimen incluyó en la boleta una votación para elegir al “gobernador del estado Guayana Esequiba”, una figura sin asidero en el ordenamiento jurídico venezolano, creada por el oficialismo como parte de una estrategia de distracción y nacionalismo instrumentalizado y cuyo único sustento es un referendo consultivo del cual también se desconocen los resultados. Esta medida no solo es inconstitucional, sino que instrumentaliza un conflicto territorial histórico para fines políticos internos, desvirtuando el verdadero debate democrático y creando tensiones innecesarias tanto a nivel nacional como internacional. Se trata entonces de una figura inexistente en el ordenamiento jurídico venezolano, ya que el territorio en disputa no está bajo soberanía ni administración efectiva de Venezuela, y aparte de ello, no existe una ley de creación formal del estado, ni una delimitación territorial concreta bajo control nacional.
El proceso del 25 de mayo de 2025 fue una nueva farsa electoral, diseñada para sostener en el poder a una élite política mediante la represión y la manipulación. Este proceso no fue ni libre, ni justo, ni competitivo.
La comunidad internacional ha sido testigo de la falta de legitimidad de un proceso que ha violado sistemáticamente los derechos políticos de la ciudadanía y los más elementales principios democráticos. Venezuela no necesita elecciones manipuladas, sino garantías reales de participación política, justicia independiente y libertad para decidir su futuro sin miedo ni represión.