Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela siguen a cuentagotas. Se impone un esquema discrecional y muy doloroso para los familiares debido a la falta de información oficial y el control de expectativas. En este sentido, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) confirmó el lunes 12 de enero un total de 53 excarcelaciones, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario anunciara más temprano “la liberación de 116 personas” que vinculó con «hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación». Al 15 de enero, JEP había corroborado, mediante la realización de verificaciones independientes, 100 excarcelaciones con respecto al anuncio oficial de 116 personas, las cuales se sumarían a las 157 documentadas en diciembre de 2025, totalizando 257 excarcelaciones que aún distan mucho de las pretendidas 406 anunciadas por el régimen.
Con estos números, la organización mencionada ha subrayado que la cifra de presos políticos excarcelados «continúa siendo muy inferior» a la cantidad actual tras las rejas, los cuales contabilizaba en 1.011 casos hasta el pasado jueves. Como ha reiterado en distintas oportunidades, esta brecha refuerza la necesidad de mayor transparencia, verificación independiente y de que las excarcelaciones se concreten de manera plena, efectiva y sin exclusiones arbitrarias. Asimismo, la organización ha insistido en la obligación de priorizar la atención inmediata de los casos con perfiles más vulnerables, como adolescentes, las personas dentro del espectro autista, las mujeres, los enfermos graves y los adultos mayores, quienes sufren con mayor gravedad las circunstancias del encierro político.
La arbitrariedad con que se maneja la situación de los presos políticos encontró eco en un pronunciamiento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Su comunicado del 12 de enero focalizó en el impacto causado en las familias, muchas de las cuales continúan sin conocer el paradero y situación jurídica de sus seres queridos, exhortando a las autoridades a actuar con urgencia y premura. “Debe proporcionarse información pública sobre planes para nuevas liberaciones, incluidos los criterios aplicados, los plazos y el número de personas contempladas (…)”, expresó la Misión. Lo que sucede, recordó, forma parte del contexto más amplio de represión, lo que ha incluido en estos días información sobre el despliegue de colectivos armados patrullando ciudades, intimidando a la población y realizando requisas e inspecciones de teléfonos, así como denuncias de otras detenciones de personas por expresar opiniones políticas. La maquinaria represiva construida sobre el crimen de persecución permanece intacta y activa en esta coyuntura.
Por su parte, la CIDH se pronunció también a raíz de los últimos eventos. Además de amplificar preocupaciones similares a las de la Misión de Determinación de los Hechos, la Comisión señaló que ha realizado “un monitoreo continuo y sistemático de la situación de derechos humanos en el país, constatando un deterioro progresivo del Estado de derecho, la institucionalidad democrática y las garantías fundamentales”, lo que, junto a la crisis económica y social, ha desatado uno de los mayores flujos migratorios del mundo. El organismo insistió en las responsabilidades que corresponden a Venezuela de proteger y garantizar todos los derechos humanos de su población, sin que pueda invocar el decreto de excepción para cometer abusos o represalias en nombre de la seguridad o la paz.
El balance obtenido es que el régimen de Maduro continúa sin publicar listas oficiales de excarcelados, de modo que no es posible conocer con rigor quiénes lo han sido, cuándo, y en algunos casos, dónde se encontraban recluidos. Esta situación alimenta la angustia y desinformación en las comunidades. Tampoco ha informado acerca de las condiciones jurídicas de las personas que salieron de prisión. Sin embargo, es conocido que la mayoría, sino todas, fueron objeto de meras excarcelaciones, las cuales implican la continuación del proceso penal y el riesgo de una nueva detención, y la sujeción de las personas a cumplir con ciertas medidas alternativas, como la prohibición de declarar, de salir del país, así como de comparecer a los tribunales bajo un esquema de presentación periódica. En síntesis, el panorama, aunque en alguna medida alentador, sigue siendo inestable y sin garantías.
Por otra parte, el secretario de estado de los Estados Unidos de América ha señalado que se intenta llevar adelante un plan de acción para Venezuela conformado por tres etapas, siendo éstas estabilización, recuperación y transición. Si bien este esquema tiene sentido, en tanto la realización de la transición requiere un cierto grado de estabilidad y de la creación de las bases para la recuperación de una economía que al día de hoy muestra indicadores extremadamente precarios y desbalances notorios, el orden en el que se plantean estas etapas hace que la transición, vale decir, el factor de redemocratización de la sociedad venezolana, quede relegado y en una situación de notable dependencia de los otros procesos. La democracia no puede subordinarse: sino ser parte del proceso mismo.
Esta etapa, además, requiere de la ejecución de un conjunto de reformas que hagan posible la redemocratización en términos formales, así como de medidas que coadyuven a la creación de un clima político de convivencia. Entre las medidas formales figura la conformación de un poder electoral capaz de operar con independencia, dirigido por un grupo de rectores que cuenten con el respaldo de todos los sectores políticos, así como una planta de técnicos que por su solvencia operativa y moral sean en sí mismos generadores de confianza para todos.
Este eventual nuevo poder electoral, por su parte, deberá estar en capacidad de realizar un proceso electoral complejo en el que se produzca le relegitimación de todos los poderes. Otro factor que requiere la máxima atención es la restructuración del marco jurídico y normativo del país. Después de casi tres décadas de sometimiento del poder legislativo al poder ejecutivo, de legislaciones casuísticas hechas a la medida para un ejecutivo hegemónico, éstas se han convertido paulatinamente en guardianes de un poder centralizado incompatible con un sistema democrático. ¿Es posible acometer estos delicados retos dependiendo de la iniciativa de quienes ostentan el poder en el país? ¿Es suficiente la sola mención hecha por una autoridad foránea de un esquema general para llevar adelante una tarea tan minuciosa? ¿Es siquiera deseable que tareas tan sensibles para el país se realicen de manera abiertamente tutelada? Todo indica que no. Por tanto, la urgencia debe ser dar la batuta a la oposición del 28 de julio y a otros actores, incluyendo sociedad civil, con la finalidad de generar condiciones para un entorno de negociación controlado que lleven a acuerdos sólidos y duraderos hacia la transición democrática.
Estos son sólo algunos de los graves problemas que tiene Venezuela frente a sí, y hoy más que nunca la comunidad internacional tiene el deber de acompañar este proceso priorizando siempre una comprensión global de la situación, en la que sólo al producirse una verdadera transición junto a una institucionalidad democrática plena podrá pensarse que se ha realizado un avance en la coyuntura de Venezuela, evitando males mayores.