El 18 de enero, en el marco de un acto oficial Nicolás Maduro ordenó “activar el plan Furia Bolivariana” a nivel nacional, describiéndolo como “un plan cívico, militar y policial para enfrentar cualquier intentona golpista y terrorista”. Maduro invocó el plan a propósito de supuestos intentos de magnicidio y violencia, y pidió “organizarse para asegurar la paz”.
El 22 de enero Diosdado Cabelló declaró la puesta en marcha de la Furia Bolivariana en todo el territorio nacional. Paralelamente el fiscal general Tarek William Saab anunciaba la detención de 32 civiles y militares vinculados con “cinco supuestos complots contra el gobierno (…) con apoyo del gobierno de Estados Unidos (…)”, los cuales habrían ocurrido entre mayo de 2023 y los primeros días de 2024. Además, reveló la existencia de órdenes de captura contra otras 11 personas, entre ellos periodistas, militares retirados y activistas de derechos humanos, como a la periodista Sebastiana Barráez y la defensora Tamara Suju, quienes estarían siendo investigadas por los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en contra de Maduro, terrorismo y asociación, según Saab.
Siguiendo el patrón represivo de este tipo de casos, Saab afirmó en rueda de prensa que los detenidos “están confesos y han develado información sobre sus planes”, lo que suele resultar en procesos sumarios, opacos, con torturas y detenciones prolongadas. En el curso de su declaración, el fiscal divulgó un video donde una persona detenida vinculó a uno de dichos planes con la dirigente opositora María Corina Machado. Tal acción ratifica una vez más la falta de independencia del sistema de justicia y su permanente convalidación de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que investiga la CPI.
El 23 de enero, día en que se conmemora el final de la anterior dictadura, inició la jornada registrando numerosos incidentes violentos contra las sedes de partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, y desapariciones de dirigentes políticos y sociales, en aplicación de la “Furia Bolivariana” ordenada por Maduro. El partido Vente Venezuela, liderado por Machado, reportó que al menos 10 de sus sedes estadales y municipales en los estados Anzoátegui, Mérida, Monagas, Táchira, Zulia, Caracas y Bolívar fueron pintadas con grafitis rojos que rezaban “Furia Bolivariana”, y algunas con frases como “iremos por uds”.
Asimismo, el partido informó que Guillermo López, Juan Freites y Luis Camacaro, jefes regionales del comando de campaña de Machado en los estados Trujillo, La Guaira, y Yaracuy respectivamente, fueron arrestados y hasta ahora siguen desaparecidos. El Sebin también rodeó la vivienda del dirigente Gustavo Ruiz en el estado Zulia. Apenas 4 días antes el profesor Victor Venegas había sido detenido por las mismas alegadas razones de violencia y desestabilización contra el gobierno y también señalado por el fiscal general.
Al cierre de esta entrega, la Furia Bolivariana contabiliza similares agresiones contra las sedes de los partidos Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, así como contra la sede de la organización Fundaredes, cuyo director general, Javier Tarazona, permanece detenido con problemas de salud y varios más de sus derechos violados. Otras organizaciones afectadas fueron el Colegio de Ingenieros en Puerto Ordaz, la emisora Radio Hispana 89.5 FM en San Felipe, estado Yaracuy, y el Colegio Nacional de Periodistas seccional Táchira.
La organización Provea destaca que esta es la segunda vez que se implementa la Furia Bolivariana como estrategia de intimidación y control a la sociedad civil. La primera fue en 2020 en el contexto de la cuarentena por el covid-19. De acuerdo con la organización, la estrategia guarda relación con un aumento en los patrones de detenciones y otras violaciones a derechos humanos contra la disidencia real o percibida. El diario Tal cual informa que al 19 de enero la etiqueta #furiabolivariana acumulaba al menos 5.000 publicaciones en Instagram, mientras que en X, antes Twitter, acumulaba al menos 180 reposteos en 24 horas, lo que pone en evidencia una acción estatal planificada y coordinada de represión desde las altas esferas de poder para debilitar a la sociedad civil.
En medio de una manifestación pública por la conmemoración de la caída de la dictadura del general Pérez Jiménez, el 23 de enero Maduro retomaba el asunto de los cinco intentos de atentado en su contra pidiendo activar la furia bolivariana en el caso de que sufriera algún daño. En cuestión de días la disputa territorial con Guyana salió de la escena política y narrativa del gobierno para situar a la figura del presidente como centro de atención con fines proselitistas. La intención no es otra que minimizar las posibilidades de la ruta electoral en Venezuela y de la propia existencia de la sociedad civil que viene gravemente amenazada por los más recientes avances parlamentarios de la ley anti-ONG.
Horas más tarde, Estados Unidos emitió un comunicado condenando la ola represiva del gobierno y expresó que “las acciones que sean contrarias al espíritu y letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias”. En diciembre Estados Unidos y Venezuela habían negociado, entre otros asuntos, la liberación de Alex Saab y de algunos presos políticos. Aquello fue visto como un gesto de buena voluntad hacia la implementación de una hoja de ruta de cara a las elecciones presidenciales este año. Hoy la Fuerza Bolivariana confirma el efecto puerta giratoria de los detenidos en Venezuela y la manifiesta indisposición del gobierno de cumplir con los acuerdos políticos y sociales alcanzados. La persecución política y otros crímenes de lesa humanidad no sólo continúan, sino que se recrudecen en el contexto electoral mientras echan mano de sus diferentes estrategias represivas.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a monitorear de cerca los acontecimientos en curso y adoptar de manera coordinada y decidida todas las medidas diplomáticas necesarias para exigir el cumplimiento de la agenda de Barbados y proteger a la sociedad civil.