En entregas previas hemos definido los acuerdos de Barbados entre el gobierno de Venezuela y los factores representados en la Plataforma Unitaria, orientados al logro de un proceso electoral que cumpla con parámetros básicos internacionalmente aceptados, como unos acuerdos importantes, aunque frágiles, dadas las características autoritarias del gobierno que dirige Nicolás Maduro.
Esta fragilidad de los acuerdos radica en el hecho de que su objetivo central, la realización de elecciones libres y justas, es un escenario en el que los actuales gobernantes, luego de veinticinco años en el poder, tienen un rechazo que oscila entre el 70% y el 90% de los votantes. En esencia, esta situación no es novedosa, ya en 2018, Nicolás Maduro, ante una manifiesta impopularidad, violentó las normas electorales de manera franca y abierta, inhabilitando a todo líder opositor con alta popularidad, ilegalizando partidos políticos y alterando el cronograma electoral a su antojo.
En la actualidad, han sido inhabilitados, y en consecuencia privados de sus derechos políticos, numerosos líderes opositores. María Corina Machado, quien obtuvo una clara victoria en las elecciones primarias que realizó la oposición para definir un candidato a las elecciones presidenciales de 2024, ha sido inhabilitada, según han señalado públicamente voceros de Nicolás Maduro. Sin embargo, Machado no es funcionaria pública, no ha sido notificada de la supuesta medida y a sus abogados les ha sido impedido el acceso al expediente del caso. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia no ha sido publicada, por lo que no es posible apelarla. Esta evidente violación de los derechos políticos de Machado, así como los derechos de los electores a los que la medida impediría expresarle su apoyo, que en las primarias alcanzó a casi 2,5 millones de votos, no proviene de un juicio con debido proceso, tal como señala la ley, sino de un órgano administrativo no facultado para ello, cuya decisión, aparentemente, habría sido confirmada por vía judicial en ausencia de Machado.
Pero veamos los acuerdos de Barbados para comprender las características de la situación de amenaza en que estos se encuentran. En su parte resolutiva, el Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, señala:
“Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana, asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”
El párrafo anterior parece prefigurar una salida negociada a este tema crítico para el retorno de Venezuela al estado de derecho y a la celebración de elecciones competitivas este año. Así, Machado solicitó al Tribunal Supremo de Justicia una medida de amparo cautelar contra las actuaciones administrativas de la Contraloría General que supuestamente la inhabilitan y éste ha producido el pasado 26 de enero la sentencia 00005 en la que afirma que existe una inhabilitación, a pesar de que no ha habido juicio alguno y la sanción administrativa, en caso de existir, no faculta para la privación de derechos. Esta decisión del Tribunal, que no dudamos en calificar de arbitraria e inconstitucional, viola además el texto de los acuerdos de Barbados. ¿Está Maduro enterrando los acuerdos?
Esa es la conclusión que muchos actores extraen de las acciones de Maduro. Por lo pronto, a poco de haber informado el Tribunal su infausta decisión, ha habido una respuesta contundente de los Estados Unidos, que desde hace un tiempo ha venido haciendo importantes concesiones al régimen de Caracas: le entregó a los sobrinos de Cilia Flores -esposa de Maduro- que estaban presos desde que fueron detenidos in fraganti en una operación de tráfico de drogas y levantó en octubre pasado, en una expresión de apoyo a los acuerdos de Barbados, varias sanciones que impedían el comercio de Petróleos de Venezuela con entidades relacionadas con los Estados Unidos. El mensaje, publicado por la Embajada de los Estados Unidos para Venezuela, es claro: “La decisión del TSJ de Venezuela de mantener las inhabilitaciones de María Corina Machado y Henrique Capriles socava una elección presidencial competitiva. Basado en esto y por las acciones en contra de la oposición y la sociedad civil, EE.UU. está revisando nuestra política de sanciones.”
De seguidas, la administración Biden anunció la revocatoria de la licencia recientemente expedida a la empresa estatal minera Minerven, al tiempo que anunció que de no haber cambio en la conducta del gobierno Maduro procedería a revocar las licencias petroleras que expiran el próximo mes de abril.
Ante la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, la carencia de servicios públicos básicos, el quiebre de la salud pública y la mengua de la producción petrolera, el régimen autoritario de Nicolas Maduro, que controla abiertamente el poder judicial y el poder electoral, parece inclinarse por continuar evadiendo los valores democráticos, la separación de poderes y la realización de elecciones justas y libres. Al punto que ya se asoma la posibilidad de un adelanto de elecciones con consultas excluyentes a sectores políticamente cercanos al régimen.
Venezuela hoy atraviesa un periodo extremadamente duro, y sólo con el apoyo de la comunidad internacional, el rescate de los valores democráticos será una realidad en un futuro próximo. La puerta de entrada para ese futuro está en las elecciones de 2024, que deben ser libres, justas y competitivas, con observación internacional, con un registro electoral actualizado, con respeto del voto de los venezolanos en el exterior, y sin líderes impedidos de participar.