Tenemos que prepararnos para ganar las elecciones (…) de este año como sea.
Nicolás Maduro
Aunque la frase que encabeza este análisis parece muy reciente, es del 6 de diciembre de 2015, en el contexto de las elecciones parlamentarias realizadas en Venezuela en ese momento. La expresión “por las buenas o por las malas” pronunciada por Maduro en la primera semana de febrero de 2024 es una reedición de lo dicho en 2015, y refleja su talante poco democrático. En 2015 la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), pero Maduro y el partido de gobierno se encargaron de hacer inviable su gestión, llegando al encarcelamiento de diputados violando su inmunidad parlamentaria y obligando a muchos otros parlamentarios al exilio. Es decir, manteniendo el control de facto “como sea”.
Aunque el acuerdo de Barbados establece que la fecha de las elecciones debe ser en el segundo semestre de 2024, Jorge Rodríguez, en su doble condición de jefe de la representación del gobierno en las negociaciones con la oposición y presidente de la AN, convocó una consulta con el objeto de fijar la fecha de las elecciones presidenciales. La consulta, como suele suceder, no fue incluyente y solo pretende justificar, con la presencia de una oposición a la medida, que incluye partidos políticos diversos, pero cuya dirigencia fue impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, así como empresarios, sindicatos y otras organizaciones sociales abiertamente aliadas con el gobierno.
Son estas consultas excluyentes, en las que muchos solo participan por oportunismo o con la esperanza de compartir una tajada de poder, las que han provocado una fractura en la sociedad civil entendida en sentido amplio. El chavismo comprendió hace años que debe y puede dividir a sus críticos y que, a quienes no coopta mediante el chantaje y promesas burladas de coexistencia, entonces puede y debe asfixiarlos.
Es por ello por lo que el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines también avanza con una pseudo consulta. Si bien es cierto que es un proyecto que no resiste modificaciones pues resulta inaceptable de principio a fin, la AN ni siquiera se tomó la molestia de simular una consulta amplia. La “consulta” se está haciendo sin que el texto del proyecto se haya divulgado por los medios oficiales, y en espacios cerrados a los que no tiene acceso la sociedad civil independiente.
Así, la consulta es un ritual hueco que durante más de dos décadas ha sido invocada por el gobierno solo con el propósito de legitimar decisiones ya tomadas y generar nuevas condiciones de exclusión, estigmatización y retaliación contra quienes no estén en ellas.
Volviendo al caso de la elección presidencial, todos los asistentes a la consulta, supuestamente autónomos en sus criterios, propusieron fechas de elección presidencial fuera del rango de fechas acordadas en Barbados, salvo un partido de “oposición” que propuso el 28 de julio, día del cumpleaños de Hugo Chávez. De esta forma el gobierno considerará esta consulta un aval para el adelanto de la fecha de la elección, independientemente de lo acordado en Barbados y al margen de las facultades del Consejo Nacional Electoral en la materia. Un adelanto de la elección presidencial podría tener varias consecuencias restrictivas en el derecho al sufragio y la participación, como se presenta a continuación.
Una de las fechas propuestas ni siquiera es domingo, lo que podría significar una barrera para muchos trabajadores, especialmente fuera de Venezuela, donde los empleadores no tienen ninguna obligación de conceder permisos para este tipo de actividades.
Además, podría comprometerse la posibilidad de una observación internacional independiente, ya que este tipo de delegaciones tienen que establecer sus cronogramas con bastante tiempo de antelación.
También puede afectarse la inscripción en el registro electoral (RE) el cual, según la ley, debe cerrarse a los 30 días siguientes a la convocatoria del proceso electoral, , ya que ese corte es necesario para poder avanzar en otras etapas de la preparación de proceso. Asimismo, la actualización del registro de electores en el exterior sería imposible, afectando el derecho al voto de más de 4 millones de electores.
Las “consultas” del gobierno podrían poner a Venezuela frente a unas elecciones a la medida en todo sentido: sin nuevos votantes en Venezuela, sin actualización de RE de votantes en el exterior, sin observación internacional independente, sin candidato de oposición y hasta con alta abstención si se hace en día de semana, de tal forma que la mayor consulta para decidir el rumbo del país también será un ejercicio arbitrario y vaciado de contenido.
La comunidad internacional debe permanecer atenta a todas y cada una de las etapas del proceso hacia las elecciones en Venezuela, donde la habilitación de candidatos es uno de muchos factores por considerar.