La situación venezolana se complica a medida que se acerca la fecha planteada para la realización de las elecciones presidenciales que deben tener lugar en 2024. En esta ocasión, además, el cuadro incluye manifestaciones públicas de los presidentes de Brasil y Colombia, quienes se reunieron la semana pasada en la capital colombiana y produjeron un documento conjunto en el que realizan una particular propuesta ante la crisis venezolana: la de la realización de un “plebiscito” para acordar garantías para la seguridad, la vida y los derechos políticos de quien resulte perdedor en los comicios.
Para comprender la complejidad de la situación a partir de la cual se produce esta propuesta de los presidentes, cabe describirla de la siguiente manera: mientras los sondeos de opinión señalan que la popularidad del gobierno que dirige Nicolás Maduro no supera el 20% de los venezolanos, y que la oposición reúne simpatías entre el 60% y 80%, éste, Maduro, controla todos los resortes institucionales que le permiten proclamar una victoria que se conforma a partir de la realización de un fraude preelectoral masivo. Sin embargo, a medida que ejecuta las jugadas que hacen parte del fraude, inhabilitación de partidos, inhabilitación de candidatos, obstaculización del registro electoral, crecen las tensiones y los temores de que pueda generarse un escenario de estallido social o implosión dentro del propio bloque madurista. El costo del fraude se incrementa.
Este cuadro preocupa a la región, incluyendo a los mandatarios con mayor afinidad al gobierno de Caracas, que han propuesto la realización de este “plebiscito” cuya factibilidad debe verse con sumo cuidado. ¿Es necesario realizar un plebiscito para acordar algo que está señalado taxativamente en la Constitución y las leyes? En principio no. Sin embargo, dado que el respeto a la ley por parte del gobierno de Maduro es relativo, difuso y selectivo, quizá podría tener sentido político realizar una suerte de ejercicio de reafirmación democrática. Sucede, sin embargo, que realizar un plebiscito, cuando aún está fresca la tinta de los acuerdos de Barbados y estos han sido violados abiertamente por Maduro, tiene evidentes riesgos, en tanto se podría pretender que este plebiscito implique una postergación de la fecha de las elecciones.
Lo que hemos descrito como un fraude preelectoral masivo tiene un actor central y obvio, Nicolás Maduro, pero descansa también en otros actores, siendo el más activo el Consejo Nacional Electoral (CNE). Efectivamente, el CNE ha sido clave en la puesta en práctica de este mecanismo de vulneración de los derechos políticos de los venezolanos. Por una parte, este organismo, cuya razón de ser es la promoción activa del voto como herramienta fundamental para el ejercicio de los derechos políticos, se ha ocupado decididamente de limitarlo y obstaculizarlo. Ejemplo de ello es lo relativo al voto en el exterior, establecido por la Constitución y que, sin embargo, el CNE hace imposible su ejercicio en la práctica, mediante la imposición de requisitos sobrevenidos e ilegales, tales como el tener que demostrar la residencia legal en el país de destino y, adicionalmente, que la misma sea permanente y emitida con un año de anterioridad. Estos requisitos, absurdos en tanto depositan la facultad de determinar la nacionalidad de un venezolano en certificaciones emitidas por otro estado, son sumamente eficientes para sacar de circulación a millones de votantes. En Colombia, con casi tres millones de migrantes venezolanos, al menos un millón estaría en condiciones de votar: se calcula extraoficialmente que es altamente improbable que siquiera mil ciudadanos hayan logrado registrarse para hacerlo, al resto, el CNE se lo impidió.
Por otra parte, el CNE no sólo decide quienes pueden ejercer su derecho al voto: también busca decidir ilegalmente quienes pueden ser elegidos. La candidata María Corina Machado resultó triunfadora en la elección primaria realizada por la oposición, pero el Tribunal Supremo de Justicia, otro actor central en el fraude preelectoral masivo perpetrado contra los venezolanos, ha decidido que antes que respetar el derecho de los electores que votaron por Machado, casi tres millones, es prioritario defender la voluntad de Maduro, y ha “inhabilitado” a Machado, con una medida opaca, ilegal y sobrevenida. Posteriormente Machado, vista la imposibilidad material de participar en la elección, presentó la opción de la doctora Corina Yoris, quien tampoco pudo registrar su candidatura. En esta ocasión, no hubo siquiera una posición oficial del CNE, una argumentación, una razón: simplemente el sistema electrónico no permitió inscribir su nombre, aunque sí la de otros candidatos.
Así, la oposición ha decidido presentar el nombre del embajador Edmundo González, quien está registrado como candidato. A la fecha, la oposición democrática ha presentado sucesivamente tres candidatos, y el gobierno de Nicolás Maduro ha impedido ilegalmente a dos de ellos participar. ¿Correrá la misma suerte el candidato Edmundo González? Con los acontecimientos en desarrollo, y numerosas amenazas a la posibilidad de que se realicen elecciones libres y justas que respondan a los criterios internacionalmente aceptados, el restablecimiento del Estado de derecho en Venezuela vive un momento crítico, y la comunidad internacional debe estar alerta, mantener su mirada en el país y contribuir a la generación de condiciones reales de apertura democrática. El reciente comunicado de los presidentes del Brasil y de Colombia es una muestra de la preocupación regional, y debe ser tomado en cuenta, independientemente de la viabilidad de la propuesta plebiscitaria.