Entre el 22 y 24 de abril, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Khan, estuvo en Venezuela por cuarta vez. Al cierre de su visita inauguró una oficina técnica en Caracas. La oficina aún no se encuentra operativa, aunque se presenta como un logro del segundo Memorándum de Entendimiento cuyo contenido permanece confidencial. De la misma manera se encuentra un conjunto de información de interés público que tiene que ver con los avances de la relación de la Fiscalía de la CPI con el Estado, como el plan de trabajo conjunto, y en general los parámetros para implementar el principio de complementariedad positiva, en el contexto de una investigación que debe seguir su curso.
La apertura de la oficina técnica genera más preguntas que respuestas. Una de las incógnitas principales es qué pasará si los esfuerzos técnicos por fortalecer el sistema de justicia venezolano no se traducen en el establecimiento de procesos judiciales genuinos para castigar a los máximos responsables y cuándo se traza esa línea. Khan habló de “ciertos hitos y plazos” para garantizar que existan progresos, pero es difícil hacer seguimiento a esta materia en un entorno de opacidad. La vigencia del Estatuto de Roma necesita de un marco de transparencia para procurar la justicia en el caso venezolano.
En este momento cobra más fuerza el comunicado del 12 de abril de 2022 firmado por varias organizaciones nacionales e internacionales. Allí se recogen algunas preocupaciones sobre el alcance, funcionamiento y garantías de seguridad de la instalación de una Oficina de la CPI por motivos de asistencia técnica. En el documento se exige suficiente presupuesto y dotación de personal de alto nivel, calificado y con conocimiento en el terreno, voluntad de articulación con otros actores más allá de la OACNUDH –como la Misión de Establecimiento de los Hechos-, construcción de un espacio de diálogo fluido, genuino y seguro con víctimas, familiares y sociedad civil, y la adopción de un enfoque transversal de género en el trabajo de la Oficina de la CPI.
Mientras se conocen los detalles de la nueva oficina técnica, surge como cuestión adicional que la oficina de la OACNUDH podría regresar próximamente a Caracas tras un diálogo entre el Estado y el Fiscal de la CPI. Nicolás Maduro había manifestado que está “preparado para recibir al enviado de Volker Türk” en el marco de una rueda de prensa, acompañado de Khan. Sin embargo, a semanas del anuncio continúa el secreto sobre el estado de las conversaciones, lo cual constituye un obstáculo significativo tanto para el monitoreo y atención inmediata en el terreno en Venezuela como para la labor que espera desplegar la Oficina de la CPI a través de acuerdos de asistencia técnica.
Los tiempos de Venezuela en las últimas semanas han cambiado drásticamente. La represión política preelectoral escala sin cesar mientras que los espacios de diálogo entre estos organismos internacionales y el Estado se mantienen con fórmulas bilaterales, secretas, y que producen desconcierto a la sociedad civil. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU denunció el 30 de abril el “alarmante aumento de las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales”, señalando que estas prácticas “podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”. Como muestra de patrones restrictivos que continúan, día antes los activistas Víctor Castillo y Ámbar Márquez, vinculados al equipo de María Corina Machado, fueron detenidos y presentados en un tribunal en Acarigua, estado Portuguesa, incomunicados y sin defensa privada. La misma suerte corrió Oscar Castañeda, ciudadano cuyo “delito” fue hablar en un acto público mostrando su apoyo a Machado.
Ante el posible funcionamiento de dos oficinas técnicas en el país, AlertaVenezuela llama a mantener el foco en la labor de protección y búsqueda de justicia al que pueden –y deben- servir articuladamente la OACNUDH y la Fiscalía de la CPI. La asistencia técnica no puede ser un móvil para fortalecer narrativamente al gobierno e impedir que rinda cuentas por los daños que inflige a la población a través del incremento de la represión pre-electoral. Por lo contrario, en momentos de mayor violencia política contra la sociedad civil, las varas de medición para reclamar cambios rápidos y efectivos al gobierno deben ser más estrictas y cónsonas con las recomendaciones internacionales existentes en materia justicia y reparación integral. Es necesario que tanto la OACNUDH como la Fiscalía de la CPI acuerden una estrategia de protección ajustada a los tiempos que corren en Venezuela, e incorporen en la agenda a la Misión de Determinación de los Hechos.