Como hemos advertido en varios análisis desde comienzos de 2024, este año empezó con una fuerte represión, que ha afectado principalmente a quienes, desde diferentes tribunas, abogan por el ejercicio libre de los derechos políticos en el marco del evento electoral por realizarse. Pero una cosa es registrar estos eventos a medida que suceden, y otra muy diferente es verlos en perspectiva, para captar sus implicaciones en la actual coyuntura.
El informe trimestral de Civilis Derechos Humanos registró 136 eventos donde se vulneraron derechos de la sociedad civil y estándares de los entornos del espacio cívico, entre enero y marzo de 2024, experimentando un aumento de un 43% con respecto al primer trimestre de 2023. La organización afirma que los derechos más afectados fueron el derecho a la participación, la libertad de asociación y expresión. Además, el 42% de los hechos afectaron a organizaciones políticas, mientras que en ese mismo período en 2023 las afectaciones a organizaciones políticas estuvieron en un 16,9%.
Por su parte, Espacio Público registró al menos 68 casos que contemplan 135 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela entre enero y abril de 2024, lo que significa un incremento del 22% con respecto al total de casos y del 25% con relación al número de denuncias de violaciones recibidas en el mismo período de 2023.
Las detenciones arbitrarias han sido más frecuentes como mecanismo de silenciar a quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión y de opinión, de tal manera que Espacio Público registró 18 detenciones durante el primer cuatrimestre de 2024, lo cual representa un aumento del 260% con relación a las detenciones documentadas en el mismo periodo del 2023. Las víctimas fueron ciudadanos particulares (14); miembros de ONG (2); periodista (1) y trabajador público (1).
Cabe destacar que muchas detenciones durante este período estuvieron acompañadas de desapariciones de corta duración que, según expertos de la ONU, afectaron de manera especial al principal partido político de la oposición y militares. Los expertos advirtieron que «Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente».
Otro sector que se vio seriamente afectado es el de los defensores de derechos humanos. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 418 nuevos hechos que comprometen y afectan el derecho a defender derechos durante el primer trimestre de 2024, lo que representa un incremento del 85% en relación con el mismo período en el año 2023, evidenciando una profundización delcierre del espacio cívico, en el contexto preelectoral, según advirtió el CDJ.
Pese a las restricciones, la protesta social se ha mantenido en el primer trimestre de 2024, aunque con una disminución del 56% en comparación con el mismo período del año pasado, según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), destacando el aumento de las manifestaciones pacíficas para exigir el derecho a la participación política. Subraya el OVCS que las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en distintos estados del país fueron el foco de las protestas, exigiendo condiciones justas para las diferentes etapas del proceso electoral.
En este contexto restrictivo se produjo la expulsión del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), cuyo retorno a Venezuela sigue siendo incierto, pese al anuncio público hecho por Maduro.
Así las cosas, los llamados de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro deben ser bienvenidos, en la medida en que contribuyan a un clima que despeje las barreras de una posible transición. Sin embargo, su propuesta de un plebiscito puede ser poco viable, si se amarra a una consulta que deba pasar por el CNE para ser incorporada en el evento electoral del 28 de julio. Además, a estas alturas, resulta de todas maneras imposible calificar de competitiva una elección en la que a un 25% de los electores se les impidió registrarse.
La comunidad internacional debe tener presente que el evento electoral ya empezó. La observación, presencial o no, no puede enfocarse solo en lo que pase el 28 de julio, sino que debe dar cuenta de estos eventos como parte de un registro integral que refleje el carácter no competitivo del proceso.