El 3 de mayo, el Panel de Expertos de la OEA sobre Posibles Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela presentó su tercer informe público. El Panel concluyó que “Venezuela no está cumpliendo con sus obligaciones de exigir responsabilidades», por lo que “la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es clave para impulsar la investigación y el procesamiento de los crímenes de lesa humanidad y evitar su recurrencia en Venezuela».
En esta edición presentamos una síntesis de los hallazgos más relevantes del informe. En Venezuela, la comisión de crímenes de lesa humanidad continúa y la comunidad internacional puede actuar para prevenir más daño y luchar contra la impunidad.
El Panel comenzó su exposición afirmando que “no ha existido ninguna investigación ni enjuiciamiento contra agentes de rango medio y alto”. Esto quiere decir que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad permanecen en el poder, y, por tanto, conservan la capacidad de seguir perpetrando daño contra la población y agravar la crisis del país.
A partir de los 183 casos analizados, el Panel concluyó que no habido ninguna investigación penal de la violencia sexual ni de la persecución como crímenes autónomos. En relación con los crímenes de detención arbitraria, se obtiene el mismo resultado. El Panel argumenta que se trata de casos que forman parte de un patrón dirigido a alimentar la represión y el silenciamiento, por lo cual los actores de la vida democrática difícilmente pueden sostener una posición pública diferente a la del gobierno. Del total de los casos estudiados, sólo el 6% ha resultado en condenas, la mayoría a partir de incidentes posteriores a 2017, de manera que un numeroso grupo de víctimas carece de opciones de justicia en el país.
Sobre los casos que están siendo investigados por el Estado, “se evidencian retrasos significativos, que no pueden ser normalmente explicados”. En el contexto latinoamericano, señala el Panel, es normal encontrar retrasos en los enjuiciamientos penales, pero al examinar el contexto venezolano, “se observa un problema endémico dentro del Estado que responde a la falta de separación de poderes, la falta de independencia del poder judicial, y de una política deliberada de la oficina del fiscal general de no cumplir con su mandato”.
El Panel hizo referencia a que, a pesar de que existen personas identificadas con locaciones claras, y algunos con órdenes de arresto, éstos todavía permanecen en sus cargos. En términos del Panel, “la fiscalía venezolana no ha tenido voluntad de requerir y obtener información de otras agencias estatales para llevar los casos investigados a juicio, lo que resulta en casos retrasados indefinidamente, dejando a las víctimas indefensas”.
Asimismo, el Panel hace alusión a “evidencias no usadas, a pesar de ser evidencias públicas”, así como a una “una falta sistemática de parte del fiscal general y la policía venezolana de realizar investigaciones efectivas con el fin de reunir evidencia”. La falta de cumplimiento de las obligaciones de la fiscalía se ha resumido en una “conducta sistemática de imputar cargos menores para atenuar la responsabilidad de los agentes”.
Otro de los hallazgos fundamentales consiste en que las investigaciones no tienen como objeto la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. El Panel sostiene que los casos investigados por el Estado son considerados aisladamente, por lo cual las penas no reflejan la naturaleza ni gravedad de los hechos, ni se procesa ni lleva a juicio a la cadena de mando, quienes en definitiva son los que emiten órdenes y protegen o promueven dichos crímenes.
La brecha de impunidad es significativa. De acuerdo con el Panel, “en el 52.5% de los casos no ha habido investigación, a pesar de las declaraciones de las víctimas”. El Estado tiene conocimiento efectivo de estos crímenes, y aunque varios de ellos son notarios, simplemente los ignora. En aproximadamente 1500 casos reportados de tortura, el 83,6% no cuenta con registros de diligencias de investigación, mientras que en el 70% de los casos analizados sobre ejecuciones extrajudiciales no hay acusaciones contra los perpetradores.
Adicionalmente, “los procesos judiciales son utilizados para mantener de cerca a las víctimas, vigilarlas y amenazarlas, incluso para decirles qué deben poner en sus declaraciones”. El Panel manifiesta con preocupación que “en un número importante de casos, a las víctimas les dijeron qué no podían decir mientras declaraban en el ministerio público, así como ciertos nombres (…) ya que habría consecuencias, en caso contrario”.
El panel es de la opinión que la rendición de cuentas es imposible en estas circunstancias en Venezuela. “Las víctimas no tienen acceso a ningún mecanismo de protección en absoluto”. No hay reparación a los crímenes cometidos en los últimos 10 años. Venezuela está fallando en cumplir su obligación de rendir cuentas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene una oportunidad única para enfocarse en rangos altos, “como materia de urgencia, para prevenir la comisión de nuevos crímenes contra la población civil”.
El panel recomienda al fiscal de la CPI que «se implique más, de forma urgente, considerando la naturaleza actual de los crímenes, para abrir investigaciones contra individuos específicos y hacer avanzar estos casos ante la Corte Penal con el fin de emitir órdenes de arresto». Por su parte, el panel exhorta al Estado venezolano a que «cese inmediatamente la comisión de crímenes, las operaciones de encubrimiento y la represión”.
En vista de estos avances y el contexto de represión preelectoral en curso, AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a respaldar este informe del Panel de Expertos de la OEA y a seguir remitiendo contribuciones a la fiscalía de la CPI con el objetivo de impulsar su investigación identificando funcionarios implicados y los crímenes cometidos. El avance de esta función puede tener un efecto disuasivo en Venezuela y proteger a la población civil.