Los acuerdos de Barbados, suscritos por el gobierno de Venezuela con los representantes de la plataforma unitaria en octubre de 2023, en medio de una gravísima crisis humanitaria compleja, un éxodo que ronda 25% de la población del país, un sistema de salud destruido y una crisis social de magnitudes insospechadas, trajeron en su momento un aire de esperanza en el sentido de que la elección presidencial de este 2024 pudiese desarrollarse de acuerdo a parámetros internacionalmente aceptados y que su resultado fuese respetado por las partes en razón de una alta confiabilidad.
Este aire de esperanza se produjo porque el acuerdo comprendió algunos de los puntos más importantes para garantizar un proceso electoral libre y justo. Sin embargo, cuando faltan aproximadamente dos meses para la realización de las elecciones, los incumplimientos del gobierno son notorios.
En primer lugar, el gobierno incumplió el compromiso de reconocer y respetar, tal como señala textualmente el acuerdo “el derecho de cada actor político de escoger su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley…”, al inhabilitar ilegalmente a María Corina Machado. Ahondó su incumplimiento al no permitir la inscripción de la candidata propuesta por la señora Machado, Corina Yoris, sin siquiera ofrecer una explicación, legal o ilegal, sobre tal exclusión.
En segundo lugar, el gobierno incumplió lo referido a la actualización del registro electoral, que según el acuerdo se realizaría en jornadas “con puntos de inscripción y actualización en todo el territorio nacional”, y se produciría conjuntamente con la “…realización de jornadas de actualización del Registro Electoral en el extranjero, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley.” La realidad es que los puntos de actualización se limitaron a las capitales, quedando sin atender la población rural y de las pequeñas ciudades, en tanto que la inscripción y actualización de los venezolanos en el exterior fue una burla que se evidencia en el resultado de la misma: no se pudo inscribir ni siquiera el 1% de los potenciales votantes, dadas las trabas ilegales, las condiciones sobrevenidas y las imposibilidades materiales que el Consejo Nacional Electoral y los consulados instrumentaron en alianza para impedir el registro de los votantes.
Así, queda pendiente un aspecto también acordado en Barbados pero que no tiene, a la fecha, una clara definición. El acuerdo establece la “…Solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas, incluidas la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter, a los fines de observar el proceso electoral presidencial…”
Por una parte, el Consejo Nacional Electoral demoró innecesariamente el envío de invitación a los organismos acordados para participar como observadores. Esto reviste gravedad, dado que la conformación de equipos profesionales de observación requiere un trabajo previo y cualquier retraso dificulta las posibilidades de realizar una observación medianamente profunda del proceso electoral. Hay informaciones de que la Unión Europea, que reúne una amplia experiencia en materia de observación electoral internacional, está preparando la misión, integrada por aproximadamente una centena de expertos, que asumiría el caso venezolano.
Al tiempo que esto sucede, la UE ha decidido, en un gesto de buena fe, levantar las sanciones personales que pesaban sobre, entre otros, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Este hecho, que en principio debería sr considerado una medida positiva para aplacar tensiones con miras al desarrollo del proceso electoral, ha ofuscado al presidente de la asamblea nacional, quien a comienzos del mes de mayo, desde la presidencia del poder legislativo, ha señalado que enviaría una misiva al Consejo Nacional Electoral pidiéndole que retire la invitación hecha a la Unión Europea “por groseros, por canallas, por bastardos”. Si bien es incierto que esta misiva se haya producido efectivamente, es un hecho político preocupante el tono desmesurado de esta declaración, así como la constante incertidumbre respecto de la concreción de una observación electoral robusta y efectiva para el proceso del próximo 28 de julio.
Por otra parte, no son estos los únicos obstáculos que enfrenta la búsqueda de una observación electoral eficiente. Un factor delicado radica en el hecho de que el régimen chavista, en ejercicio de su control del poder legislativo, ha establecido normas electorales que, de manera obvia, contradicen radicalmente la figura de la observación electoral, condicionando la observación de manera que ésta sólo podría desplazarse en la fecha electoral a los sitios a los que fuese expresamente autorizada por el gobierno, y de igual manera debe solicitar autorización para expresarse públicamente frente a la prensa. La UE, por su parte, ha solicitado tener la posibilidad irrestricta de desplazamiento y de expresión, de manera que no queda claro cuál será el desenlace de este asunto.
De continuar estas tensiones y esta incertidumbre con relación a la observación electoral, la posibilidad de una elección pulcra, cuya evaluación del proceso permita a las partes aceptar los resultados y que sea la puerta de entrada a una reinstitucionalización del país, a la separación de poderes y el respeto de los derechos humanos aun es distante.
Por ello, en medio de esta delicada situación política, social y económica, el futuro de Venezuela depende en gran medida de la realización de una observación electoral profesional y completa, que analice todas las fases del proceso y esto, hoy, está en duda. Por ello, la comunidad internacional debe actuar para favorecer la concreción de la observación y la definición de condiciones razonables para su realización. Sin esto, el destino de Venezuela es incierto.