En esta ocasión compartimos la Cronología de las elecciones presidenciales del 16 al 31 de mayo de 2024, preparada por Acceso a la Justicia, complementada con algunas reflexiones propias sobre las consecuencias de algunos de estos acontecimientos.
En los últimos 15 días de mayo se registraron diversas acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a varios puntos en el tema electoral venezolano.El 16 de mayo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH denunció el incremento de la represión contra la sociedad civil y el continuo deterioro del espacio cívico en el país. Entre otros hechos, se manifestó en contra de las órdenes de aprehensión y allanamiento, así como la iniciación de investigaciones penales dirigidas contra al menos 7 periodistas y comunicadores, junto con activistas políticos, líderes sociales y defensores. “Estos hechos se enmarcan en el actual periodo electoral en Venezuela y son parte de una nueva ola represiva contra la libertad de expresión en el país”, señala la RELE.
El 17 de mayo la CIDH informó sobre la remisión del caso de los diputados indígenas del estado Amazonas, Julio Ygraza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los diputados fueron electos por votación popular en las parlamentarias del año 2015, y fueron separados de sus cargos por el Tribunal Supremos de Justicia (TSJ).
El 23 de mayo la CIDH reconoció a las personas observadoras electorales, nacionales e internacionales, como defensoras de derechos humanos, debido a la relación directa entre la protección de derechos y la defensa de la democracia. En la Resolución No. 01/2024 se resalta la importancia del papel de los defensores de derechos humanos que realizan diversas determinaciones y observaciones relacionadas con la defensa de los derechos civiles y políticos.
Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral revocó la invitación a la Unión Europea (UE) para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio. El órgano electoral se excusó en la ratificación de sanciones internacionales que no afecta al presidente del ente comicial.
El 28 de mayo, a través de un comunicado de prensa la UE expresó su malestar referente a la decisión que el CNE adoptó de retirar su invitación a observar las elecciones presidenciales del 28 de julio y pidió al CNE reconsiderar su decisión con base en los acuerdos de Barbados.
Al siguiente día, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, repudió el “insolente comunicado” de la UE. Para el árbitro electoral, en el comunicado “se emiten consideraciones que son de exclusivas competencias de los venezolanos, convirtiéndose en un nuevo acto injerencista que pretende interferir en las decisiones del CNE”. También ratificó que mientras la UE no levante la “totalidad” de las sanciones, no será “grata su presencia en ningún proceso electoral” del país. Pidió incluso que “cesen su hostilidad, el asedio e intervencionismo que ejercen sobre nuestra patria Venezuela”.
Dos días después de la decisión de la UE, la Cancillería Colombiana anunció que no enviará observadores a las elecciones de Venezuela por falta de tiempo para organizarla, después de haber tenido conversaciones con la UE y con Brasil, país que también informó que no enviará misión de observación, alegando igualmente falta de tiempo para organizar una misión.
El hecho de que los dos países que habían planteado la opción de una consulta popular en torno a las garantías para los ganadores y perdedores de los comicios del 28 de julio ahora se abstengan de participar como observadores, plantea interrogantes sobre la realización efectiva de la consulta. Sin duda, tanto Brasil como Colombia han mostrado preocupación, así como disposición a proponer opciones que permitan la realización de un proceso electoral con garantías mínimas, pero sus propias propuestas han sido rechazadas por los sectores más extremistas del chavismo, por lo que su viabilidad parece diluirse.
Queda pendiente conocer si, en este nuevo escenario, la ONU y el Centro Carter están dispuestos a seguir adelante con sus planes de observación, y si el gobierno, a través del CNE bajo su control, permite su presencia en el país en condiciones aceptables de acceso para la realización de una observación independiente.
La comunidad internacional debe exigir que cualquier observación a las elecciones del 28 de julio se realice de conformidad con criterios de libertad de acceso e independencia de los observadores, incluyendo el derecho a emitir sus conclusiones y recomendaciones sobre la observación de manera pública. Quienes hayan sido impedidos de asistir al evento electoral o hayan decidido no participar, siguen teniendo una responsabilidad de vigilar, por todos los medios a su alcance, lo que suceda durante la campaña, el día de las elecciones y los días siguientes, y emitir igualmente sus conclusiones y recomendaciones informadas e independientes sobre el proceso.