El 6 y 7 de agosto se celebró el examen de informes combinados 22º a 24º de Venezuela ante el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (en adelante “el Comité”) en el marco de su 113º periodo de sesiones, en Ginebra. AlertaVenezuela, conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, envió un informe alternativo al Comité y participó presencialmente con actividades de incidencia.
Esta revisión periódica del Comité, a diferencia de las anteriores, adquiere una importancia estratégica. Se trata del primer diálogo del Estado con un organismo internacional de derechos humanos mientras ejecuta una nueva oleada de represión generalizada en contra de la población civil, en el contexto de manifestaciones poselectorales. El crimen de persecución por el Estado ha derivado -al cierre de este artículo- en al menos 24 personas asesinadas, más de 1000 personas detenidas/desaparecidas -incluyendo 100 menores de edad-, cientos de personas heridas, censuradas y vigiladas, y más allá de estas cifras, en una crisis de dimensiones inéditas tanto por su escala como por su impacto en la población.
Aunque el Comité no hizo referencia al contexto local, sí lo tuvo presente al iniciar sus declaraciones advirtiendo al Estado haber recibido “información preocupante sobre la seguridad de los defensores de los derechos humanos, incluidas las represalias tomadas contra personas que cooperan con el Comité”, aludiendo al caso de Yendri Velásquez, quien fue retenido en el aeropuerto de Maiquetía, incomunicado y con pasaporte anulado, justo antes de viajar a Ginebra. En la misma línea, el Comité debió solicitar al Estado respetar su política de privacidad ya que había procedido a tomar fotos y videos no consentidos a representantes de la sociedad civil, como ocurrió con la Coordinadora General de AlertaVenezuela, Ligia Bolivar. El Estado materializó prácticas de persecución antes y durante el propio diálogo con el Comité y que forman parte de su actual plan de represión.
En el contexto de esta oleada represiva estatal se dio el diálogo interactivo en Ginebra. El Comité, entre sus preocupaciones, apuntó a la falta de investigaciones sobre crímenes cometidos contra pueblos indígenas y afrodescendientes en la Amazonía; el uso de la ley contra el odio para “negar la democracia”; la falta de perfil institucional de la Defensoría del Pueblo y su rol frente a comunidades indígenas y afrodescendientes; las “disparidades significativas en materia de derechos sociales como la salud, alimentación y empleo de dichas poblaciones” y sus bajos niveles de participación y representatividad políticas en el Estado. El Comité también insistió en los desplazamientos internos solicitando información de las principales causas y medidas adoptadas para prevenirlas.
Un incidente grave fue la abierta criminalización de la Directora General de Protección de Derechos Humanos, fiscal Karin García, que hiciera del pueblo indígena yukpa, buscando justificar la represión que han sufrido a manos de cuerpos de seguridad del Estado. Los yukpa son de los pueblos indígenas más carenciados y afectados por la crisis de servicios y las enfermedades en la Serranía de Perijá, en el estado Zulia. Al ser interrogados por el Comité, la fiscal expresó que los yukpa se habían trasladado a Caracas exigiendo el pago de unas artesanías, “pero hicieron actos violentos (…) trancando vías públicas, incendiando vehículos, exigiendo una cantidad de dinero”. Seguidamente aclaró que una investigación penal determinó que “estas personas están amparadas por organizaciones que los financian para realizar estas movilizaciones, logrando con esto acciones aisladas y violentas que atentan contra la seguridad de la nación”. Es inaceptable que el Estado venezolano no sólo criminalice a un pueblo indígena desarmado, sino que intente reconstruirlo como una “amenaza a la nación” por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
Como es su práctica establecida, el Estado no respondió la gran mayoría de las preguntas específicas formuladas por el Comité, sino sólo aquellas más abiertas que le permitían explayarse sobre políticas, instituciones o el contexto social por las sanciones. Cuando se trata de abordar violaciones o riesgos concretos a derechos humanos, el Estado directamente evade la pregunta o contesta con una generalidad, cuando no criminaliza o desinforma. La línea de diplomacia del Estado refleja ampliamente su falta de cooperación con los derechos humanos ante la comunidad internacional, lo que se condice con su misma falta de voluntad para enjuiciar responsables y cumplir con el Estatuto de Roma.
Como hemos advertido en AlertaVenezuela, el Estado no está en condiciones de recibir asistencia técnica en derechos humanos o derecho penal internacional, porque la misma asistencia técnica se basa en la voluntad genuina del Estado de implementar las reformas requeridas. Venezuela, en cambio, ha demostrado consistentemente su vocación de generar nuevos crímenes cuando sea necesario para concentrar el poder político y garantizar la impunidad al más alto nivel bajo el control de las instituciones. Es ineficaz y doloroso para las víctimas seguir proveyendo una asistencia técnica en vano, más si retrasa el camino a la justicia internacional y la adopción de medidas de protección a la población.
Se trata del mismo Estado que emite: i) declaraciones como “baño de sangre”, detenciones para “depurar a la sociedad” o “nos quedamos en el poder por las buenas o las malas”; ii) leyes cada vez más restrictivas del espacio cívico como “la ley contra el fascismo”, “la ley contra el odio” y “la ley de control y regularización de las ong”; iii) un incremento recurrente de las violaciones masivas de derechos humanos en periodos electorales contra la disidencia real o percibida -es decir, contra toda la población-; y, en síntesis, iv) un incumplimiento sostenido a un compendio de recomendaciones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace más de 20 años, así como de la Misión de Determinación de los Hechos, los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado y otros mecanismos de protección de derechos humanos.
Es el momento histórico de la comunidad internacional de intensificar sus esfuerzos políticos en el marco del Derecho Internacional para favorecer la transición democrática que el país formalizó el 28 de julio, protegiendo en el proceso a la población civil. Es necesario explorar y agotar todos los mecanismos legítimos para acompañar los reclamos de la población de permitirse la instalación del gobierno elegido y detener su propia crisis.