Tan pronto se conoció el anuncio del resultado de la elección presidencial por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin ningún sustento estadístico, Venezuela fue nuevamente protagonista de protestas populares. Según registros del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante julio de 2024 se registraron 1.311 protestas, que representan un incremento de 219% en comparación con julio de 2023. Solo entre el 29 y 30 de julio el OVCS registró 915 protestas.
La respuesta represiva no se hizo esperar. El 29 de julio, el fiscal general publicó un comunicado en el que precalificaba los supuestos delitos cometidos por los manifestantes, prescindiendo del carácter individual y personal de la responsabilidad penal. Según Provea, unas 2.400 personas habrían sido detenidas entre el 29 de julio y el 13 de agosto, entre ellos 107 menores de edad y varias personas con discapacidades. Provea también reportó la muerte de 24 personas, todas por arma de fuego, en tan solo 4 días y la desaparición de al menos 50 personas entre el 29 de julio y el 01 de agosto.
La dimensión de esta represión sin precedentes es tan grande, que hasta el Secretario General de la ONU, a través de su vocero, no se limitó a insistir en la necesidad de publicar los resultados de la elección presidencial, sino que expresó su preocupación por “informes de violaciones de derechos humanos, incluidas presuntas detenciones arbitrarias de menores, periodistas, defensores de derechos humanos, miembros o simpatizantes de la oposición y otros”.
El papel del fiscal general impuesto por la ilegítima asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, ha sido clave en la persecución, ordenando que se imponga a los detenidos los delitos de instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio y resistencia a la autoridad. Según Provea, la totalidad de los detenidos están siendo acusados por delitos contenidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT). Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que se están imputando también delitos de conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir y desobediencia de las leyes. Los acusados son sometidos a juicios sumarios por vía telemática, incomunicados y sin posibilidad de designar defensores de su elección.
La persecución, cuyo blanco principal han sido manifestantes, testigos electorales, activistas y dirigentes políticos, periodistas, y defensores de derechos humanos, ya comenzó a tener la esperada consecuencia de un nuevo pico de migración de personas con necesidad de protección internacional, que se suma a la migración causada por la emergencia humanitaria, sin que los países vecinos hayan adoptado medidas excepcionales frente a esta coyuntura.
Mientras las negociaciones y búsqueda de salidas al fraude electoral requieren de una actitud moderada y de canales discretos por parte de diferentes actores en el terreno político y diplomático, la emergencia en derechos humanos exige una respuesta abierta y contundente por parte de la comunidad internacional. La vida, la libertad y la integridad de miles de venezolanos han sido atropelladas de una forma que no tiene precedentes en la historia de Venezuela y así debe ser denunciado.
Además, la comunidad internacional en general y los países receptores de población venezolana en especial deben flexibilizar requisitos de ingreso, tránsito y permanencia para quienes huyen por la evidente persecución política. No basta con ser solidarios con Venezuela, urge ser solidarios con los venezolanos.