Son 39 días sin que el Consejo Nacional Electoral haya publicado las actas de la elección presidencial del 28 de julio, en abierta transgresión del plazo legal de 30 días establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Durante este tiempo el organismo tampoco permitió una auditoría independiente de los resultados. Al CNE, epicentro de la grave crisis política en curso, no se le puede exigir nada más, pues, como ha reconocido ampliamente la comunidad internacional durante los últimos días, se trata de una institución cooptada por el gobierno, carente de cualquier integridad y credibilidad.
Pero el CNE no es el único organismo cooptado. La sentencia del 22 de agosto del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó a Maduro como supuesto ganador de las elecciones fue seguida por un enérgico rechazo de todos los Estados democráticos del hemisferio que monitorean la situación venezolana, incluyendo Brasil y Colombia. La razón que comparten el CNE y el TSJ es idéntica: son instituciones subordinadas al Presidente. El señalamiento crítico de la comunidad internacional se extiende a la Fiscalía General. La orden de captura que ha dictado contra Edmundo González es apenas la agresión más reciente de un plan de represión masiva que convierte a la Fiscalía, junto al gobierno y sus organismos de seguridad, en las cabecillas de esta nueva ola de violaciones sistemáticas a los derechos de la población civil, en la que figuran, como dato inédito, numerosos menores de edad.
A diferencia de etapas anteriores del conflicto político, es importante destacar que viene consolidándose una opinión en el seno de la comunidad internacional sobre la ausencia total de legitimidad de la institucionalidad venezolana, que adolece de la más elemental separación de poderes. Ya no es sólo el gobierno, sino su fiscal, su árbitro electoral y su tribunal. Es el Estado venezolano, en su conjunto, el que perdió solvencia para cualquier acto creíble. En la medida en que no hay reconocimiento alguno a la institucionalidad venezolana, dada su manifiesta falta de voluntad de resolver la crisis -es decir, de cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales-, cobra fuerza la necesidad de un tercero (árbitro imparcial) que permita llevar adelante la auditoría de los resultados electorales.
Es hora de conformar un panel internacional independiente que proceda a la verificación de las actas del 28 de julio. El Estado debe acceder a entregar los resultados, y si no lo hace en un plazo breve, entonces se auditarán únicamente los resultados que conserva la oposición, los cuales han sido puestos a disposición públicamente para estos efectos. Este es el paso necesario para terminar de transmitir confiabilidad y certeza sobre lo que ocurrió el 28 de julio. Cualquier otra solución que implique devolver el poder de decisión al Estado, a través de cualquiera de sus órganos, sería avalar un resultado no transparente, y por tanto, de facto,además de alargar el sufrimiento de la población que clama por el respeto a su voluntad soberana. La comunidad internacional tiene una responsabilidad de proteger los derechos políticos de la población venezolana y también de coadyuvar a revertir una crisis multidimensional que amenaza seriamente con la estabilidad política de las Américas.
Los organismos multilaterales, en especial la Organización de Naciones Unidas a través de su Secretario General, deben asumir un papel más activo en la promoción de soluciones al conflicto venezolano, considerando sus emergentes dimensiones políticas, humanitarias y de derechos humanos. El Secretario General dio un primer paso con la publicación del informe del Panel de Expertos Electorales, pero su acción no debe terminar allí. Tiene aún un deber de ejecutar acciones de seguimiento al conjunto de recomendaciones emitidas por la ONU, incluyendo en materia electoral, y activar otros mecanismos de respuesta multilateral que conduzcan a ampliar las posibilidades de una solución factible a la crisis, empezando por impulsar el mecanismo internacional de verificación de los resultados.
AlertaVenezuela llama a la comunidad internacional a exigir la activación inmediata del mecanismo de verificación internacional de los resultados electorales en Venezuela y a seguir adoptando medidas a nivel diplomático y conforme al Derecho Internacional para que el gobierno se comprometa a aceptar una transición pacífica a la democracia. Mientras tanto, el exhorto es a mantenerse vigilante sobre la situación de derechos humanos y a mejorar los mecanismos de protección para las personas en situación de riesgo en el país.