Al Defensor del Pueblo (Ombudsman) se le venció su mandato en agosto de 2024. El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano (en adelante “el Comité”) es el órgano constitucional encargado de organizar un proceso público del cual debe resultar la designación del nuevo Defensor del Pueblo, así como del Fiscal General de la República y el Contralor General. Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, fue elegido para un segundo mandato de 7 años, en abierta violación de las normas constitucionales aplicables, ratificando con ello todos los vicios que dieron origen a la degradación de dicha institución a categoría “B”. Además, con la, su designación se produce en el contexto de una crisis político-electoral, lo que representa una clara apuesta del gobierno por consolidar el silencio y la impunidad frente a las masivas violaciones de derechos humanos.
El Comité afirmó que entre el 10 y el 31 de octubre recibió las postulaciones, publicó la lista de candidatos y las impugnaciones, descartó impugnaciones, realizó las evaluaciones de los candidatos, efectuó entrevistas a los 128 aspirantes y llevó a cabo la solicitud de evaluación relevante, en un proceso express calificado por el presidente de la Asamblea Nacional (en adelante “AN”) como “metódico y pulcro”. El jueves 31 de octubre el Comité presentó la lista final con los 48 ciudadanos, de la cual, ese mismo día, la AN escogió por segunda vez a Alfredo Ruiz, a quien juramentó de inmediato. Esto ocurrió a pesar de que tanto la Constitución venezolana en su artículo 280, como la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo en sus artículos 3 y 17, establecen que el titular de la Defensoría puede ser electo por un “período único” de 7 años.
Cabe recordar que Alfredo Ruiz había sido designado de facto por la ilegítima asamblea nacional constituyente en agosto de 2017, un órgano cuya única función constitucional es redactar una nueva Constitución, lo cual nunca sucedió, sino que se dedicó a sustituir de facto a la Asamblea Nacional -de mayoría opositora para entonces-, dictando leyes inconstitucionales como “la ley contra el odio”, uno de los principales instrumentos de represión política, y nombrando nuevos operadores políticos del gobierno, como fue el caso de Alfredo Ruiz y Tarek William Saab.
Situación similar ocurrió con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Al término de un proceso de evaluación de 35 candidatos, el 31 de octubre la AN también designó por un segundo periodo de 7 años al mencionado funcionario, el mismo que ha liderado las acusaciones contra centenares de opositores en los últimos años, buena parte de ellos encarcelados, desaparecidos y torturados, así como de líderes sociales, periodistas y defensores. De manera parecida a Alfredo Ruiz, Tarek William Saab llegó al Estado de la mano del partido de gobierno, y fue designado de facto en 2017 por la ilegítima asamblea nacional constituyente. El Fiscal General es la principal pieza del sistema de justicia que mantiene en impunidad los crímenes de lesa humanidad y que destina toda su institución a ocultarlos con inacción y propaganda. Además, desde el 28 de julio de 2024, el Fiscal Saab ha sido el principal actor en la persecución contra opositores, testigos electorales, periodistas, dirigentes comunitarios, niños y defensores de derechos humanos.
La otra figura que integra el Poder Ciudadano en Venezuela es el Contralor General. La AN designó a Gustavo Vizcaíno, hasta entonces Director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), como nuevo Contralor General de la República, por un periodo de 7 años. Fue bajo el mandato de Vizcaíno que se desató el negocio de los pasaportes, incluyendo la reciente ola de anulación de pasaportes en contra de varias personas opositoras o percibidas como tales, y la obstrucción intencional a la documentación básica de identidad en perjuicio de millones de venezolanos, adentro y fuera del territorio nacional, como una forma de castigo.
Es evidente que la composición de esta estructura moral, a través de tres confesos representantes del gobierno, apunta a fortalecer la concentración del poder y a sostener los crímenes que han sumido al país en una emergencia humanitaria compleja. Ningún cambio positivo puede surgir de allí sino avanzar en la apuesta de la impunidad y el silencio. La comunidad internacional debe condenar la designación de esta institucionalidad represiva, exigir rendición de cuentas, y brindar protección a todos los venezolanos que todavía luchan por hacer valer su derecho a la democracia.