La situación de Venezuela se hace más complicada cada día. La crisis abarca distintos espacios, y la violación sistemática de derechos humanos se fusiona con la crisis migratoria, al tiempo que el derecho a la libertad de expresión y el respeto del voto como factor fundamental de un sistema democrático han sido dinamitados. Esto como consecuencia del notorio fraude electoral llevado a cabo por Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, cuando transformó una derrota abrumadora en una supuesta victoria de la cual no hay prueba alguna, dado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo control del poder ejecutivo ha secuestrado todos los mecanismos de verificación del resultado electoral. Los tiene, y los esconde.
Se ha dicho claramente, pero nunca está de más repasar el episodio de la elección de julio 28. El Consejo Nacional Electoral declaró el triunfo de Maduro sin mostrar ningún resultado desagregado, por centro electoral, tal como señala la ley. Este es un hecho absolutamente insólito en un proceso electoral en Venezuela, que viola flagrantemente la legislación electoral. El día de la elección, al momento de anunciarse los cómputos, el presidente del CNE, uno de los más visibles miembros de partido de Maduro, declaró la victoria de éste simplemente presentando un número final, sin sustento alguno, al tiempo que señaló que en breve presentaría los resultados por cada centro de votación, es decir, las llamadas actas de votación. Esto nunca sucedió. Las cifras, que están contenidas en las memorias de los ordenadores del organismo, han sido retenidas ilegalmente.
Sin embargo, al cierre del acto electoral, el sistema arroja varios comprobantes con los resultados de cada mesa de votación, y le entrega uno a cada partido. Por su parte, el comando de campaña de Edmundo González Urrutia ha presentado más de un 80% de las actas de votación. Cabe repetir que éstas son las actas emitidas por el propio organismo electoral y con todos los mecanismos de seguridad requeridos, vale decir, son documentos oficiales, no son especulaciones partidistas. Estas reflejan una victoria de González Urrutia con más de dos tercios de los votos emitidos. Estas son las actas que han servido de base a las declaraciones de diversos órganos de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, del Centro Carter, de gobiernos como los de Argentina, Brasil, Colombia, los Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Estonia y Ecuador, entre otros, en las que han exigido la presentación de las actas como requisito imprescindible para reconocer un ganador en la elección venezolana.
Es esta la situación actual: las actas siguen secuestradas por Maduro, y la comunidad internacional le exige que las presente. NO LO VA A HACER, porque al centrarse la exigencia en las actas, Maduro “paraliza” el desarrollo de los acontecimientos con sencillamente no mostrarlas, y en un esquema de parálisis, él gana tiempo y arrecia la represión contra todo aquél que manifieste su descontento con la situación.
Ello nos lleva a dos reflexiones:
Primera: la comunidad democrática, nacional e internacional, debe superar el tema de las actas y pasar a solicitar a las Naciones Unidas la realización de una verificación de los materiales de votación por parte de expertos independientes, con el fin de dejar constancia formal de la voluntad popular expresada mediante el voto.
Segunda: Es frecuente que algunas organizaciones internacionales orienten sus esfuerzos, con la mejor intención, a la búsqueda de una solución negociada que cuente con el apoyo de ambos sectores, eso, sin duda, es la opción que debe prevalecer en una situación en la que los actores, de buena fe, respetan al menos de manera parcial los acuerdos. No obstante, como hemos señalado, Nicolás Maduro ha transitado una via de hecho, el secuestro de los resultados, como un factor que limita las opciones para una negociación razonable. El secuestro de los resultados es una via de fuerza que deja ver la inutilidad de intentar tejer acuerdos con Maduro. Es claro que así, las acciones de la comunidad internacional se dificultan, se hacen más complejas, pero esperar la complacencia de quien demuestra reiteradamente la violación de los más elementales principios democráticos para buscar soluciones pone en primer plano un principio fundamental: la responsabilidad de proteger. La democracia en Venezuela está secuestrada.