La Conferencia de las Partes (COP, en inglés) sobre cambio climático que se celebra en Belem, Brasil representa una oportunidad crucial para hacer frente a las graves amenazas ambientales del planeta. En este contexto, no sólo los problemas globales de emisiones y adaptación deben ocupar la atención, sino también las crisis locales profundas, como la que vive Venezuela bajo el mandato ilegítimo de Nicolás Maduro.
La COP es el mecanismo de los países que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para revisar, coordinar y acordar acciones colectivas encaminadas a la mitigación del cambio climático, la adaptación y otros instrumentos complementarios. Su principal tarea es revisar el cumplimiento de los instrumentos internacionales vigentes —como la Convención y los acuerdos que de ella derivan— y evaluar los informes nacionales sobre emisiones y avances.
Así, la COP es un escenario en el que los países signatarios deben considerar la profunda crisis ambiental que padece Venezuela, con especial incidencia en la zona del Arco Minero del Orinoco (AMO), un territorio vasto (alrededor del 12 % del país) en el que convergen deforestación, minería ilegal, contaminación de ríos, desplazamientos de comunidades indígenas, trata de personas, dominio territorial de grupos armados irregulares, y graves violaciones de derechos humanos.
En efecto, Nicolas Maduro ha permitido, y en muchos casos ha fomentado, la afectación de parques nacionales tan relevantes como el Parque Nacional Canaima, hoy en grave peligro. Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada, “…en solo cinco años el país ha perdido 2.801.136 hectáreas de su preciado pulmón vegetal, una cifra que aumenta exponencialmente con la proliferación de la minería ilegal, sobre todo al Sur del Orinoco, donde se concentra 80% de los bosques…” De este modo, la extracción de oro, bauxita, coltán y otros minerales en zonas protegidas ha generado contaminación de ríos con mercurio, sedimentos y relaves, lo que afecta no sólo ecosistemas sino comunidades indígenas que dependen de la pesca y de estas aguas.
Es difícil exagerar los impactos sobre los pueblos indígenas y los derechos humanos: las comunidades indígenas sufren desplazamientos, explotación laboral y violencia de grupos armados en torno a la minería ilegal. Las organizaciones no gubernamentales han alertado que en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro la extracción ilegal genera una crisis ambiental y de derechos humanos.
Así, la crisis ambiental venezolana no es solo una cuestión ecológica. Es la intersección de un colapso institucional que acarrea la vulneración de derechos humanos, la destrucción de ecosistemas clave para el planeta, como la Amazonía venezolana, y un esquema extractivo que opera con poca supervisión y muchas denuncias.
La participación internacional de Venezuela en una COP enfrenta una tensión política: aunque el gobierno de Maduro no es reconocido plenamente por muchos actores internacionales, los impactos ambientales de su gestión reverberan más allá de sus fronteras. En ese contexto, los gobiernos que asisten a la cumbre en Brasil deben plantear de forma clara que la crisis ambiental venezolana exige remedios concretos: No basta con declaraciones genéricas. Deben demandarse planes concretos de remediación, restauración de bosques, descontaminación de ríos, control efectivo de la minería ilegal y de mitigación para evitar nuevos daños.
En otras palabras: la COP debe convertirse en un foro donde no sólo se hable de cambio climático sino también de cómo los países con déficit de gobernabilidad, como Venezuela, son incapaces de asumir responsabilidades reales para proteger ecosistemas cruciales para el planeta. Si bien la legitimidad del gobierno de Maduro es cuestionada por muchos, eso no exime al Estado venezolano —y a la comunidad internacional— de abordar la crisis ambiental que se desarrolla bajo su mandato.
Es momento de que los gobiernos participantes digan con claridad: si la acción global por el clima tiene sentido, debe incluir a todos los que causan impacto, sin excepciones, y con instrumentos de verificación, reparación y participación ciudadana.
Pero los desempeños de Maduro en el campo internacional no cesan con la COP. Recientemente se celebró en Santa Marta, Colombia, la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con la Unión Europea. Este organismo, cabe recordar, en sus inicios fue ampliamente promocionado por Hugo Chávez y, entre sus principales objetivos estaba el de constituir un foro regional con prescindencia de los Estados Unidos, ello con el argumento de que el país del norte debía ser marginado para que así las decisiones soberanas de los países miembros se expresaran con plena libertad, ajenas a cualquier pretensión extrarregional.
Sin embargo, el encuentro que culminó el pasado domingo 9 de noviembre, vio con sorpresa cómo la diplomacia madurista, a contramano de lo acordado por todas las delegaciones participantes, rechazó la justa mención a la preocupación por la situación en Ucrania y el “inmenso sufrimiento humano” que trae consigo. En un lance por demás errático, ignorando la opción diplomática de dejar constancia de desacuerdos parciales con notas al pie de página, la ilegítima Cancillería de Maduro decidió, a escasos minutos del cierre de la reunión, retractarse y ceder ante las presiones del imperialismo ruso excluyéndose por completo del documento final.
De esta forma, Maduro concluye una semana en la que reafirma que desconoce los derechos ambientales de los venezolanos, así como sus derechos humanos más básicos como la vida y la integridad, privilegia el extractivismo depredador de los recursos naturales y antepone los intereses de Rusia ante la debacle de una guerra que toda Latinoamérica condena. Todo ello ante los ojos de la comunidad internacional.