En el reciente informe de Human Rights Watch (HRW) y la ONG Cristosal titulado “Llegaron al infierno”: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (CECOT), se documentan violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos sufridas por 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador durante marzo y abril de 2025. La información levantada pone en evidencia una paradoja dolorosa: estos ciudadanos, que huyen de una emergencia humanitaria compleja o de la persecución política, carecen de verdaderos dolientes, tanto por parte del gobierno como de la oposición venezolana.
Según el informe, los deportados sufrieron las peores condiciones: “desde que me bajaron del avión empezó la pesadilla”, relató Gonzalo Y., un joven de 26 años, golpeado por agentes al exigir que no le bajaran la cabeza debido a un problema en la columna. A su llegada al CECOT, los retenidos fueron obligados a arrodillarse para que les raparan la cabeza; algunos fueron maltratados con bastones, incluso al caer de rodillas. El director de la prisión les advirtió que “llegaron al infierno”, frase que reflejaba no solo el horror físico que en breve encontrarían, sino la bienvenida a un mundo sin reglas, donde reina la deshumanización.
Durante su reclusión, los venezolanos estuvieron incomunicados durante aproximadamente cuatro meses, sin acceso a atención médica adecuada, con mala alimentación, condiciones de higiene deplorables, y falta de actividades recreativas y educativas. Además, sufrieron golpizas casi cotidianas y, en algunos casos, violencia sexual. HRW y Cristosal concluyeron que estos abusos no fueron eventos aislados, sino un patrón sistemático impuesto por la fuerza pública salvadoreña, con participación de altos mandos.
El informe pone de relieve que muchos de los detenidos carecían de condenas previas y aun de antecedentes penales: la revisión por parte de HRW y Cristosal revela que numerosos deportados no habían sido condenados por delitos en EE. UU, Venezuela, ni en algún otro país de América Latina, por lo que su calificación de “terroristas” o “miembros del Tren de Aragua” resulta manifiestamente arbitraria. Según información de las Operaciones de Control y Expulsión (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), de 226 casos analizados, solo 8 (3,1 %) habían sido condenados por un delito violento o potencialmente violento. No conforme con ello, Estados Unidos violó el principio de no devolución, al enviar a estas personas a un Estado donde el riesgo claro de tortura, o cuando menos de condiciones inhumanas bajo prisión, estaba suficientemente acreditado.
Después de su excarcelación, estas personas fueron devueltas a Venezuela, un país ya sumido en una emergencia humanitaria compleja causada por parte del mismo régimen de facto que provocó la migración forzada de muchos de ellos. Según el informe, algunos exdetenidos han denunciado que los servicios de inteligencia venezolanos los vigilaban al regresar y los obligaron a grabar videos para retratar el “trato recibido” en el exterior. Es decir, para Maduro no ha alcanzado con obligarlos a huir, algunos por persecución directa, negarles la asistencia consular, criminalizarlos y manipular sus tragedias para ocultar la crisis interna. Ahora los vigila de cerca y amenaza para alimentar su guion político.
Frente a tal horror, debería corresponder mensajes claros y firmes por parte de los liderazgos políticos. Sin embargo, más allá del ruido generado por el gobierno para su conveniencia, lo que emerge del principal lado opositor es un vacío: los migrantes son tratados como daños colaterales de una agenda geopolítica, sin consideración de sus derechos más básicos.
Desde la acera del gobierno de Maduro, no hay gesto creíble más allá del oportunismo diplomático. La repatriación de los venezolanos se ha presentado como un “intercambio”, pero no ha venido acompañada de protección ni garantías para su integridad y libertad. Al contrario, hay denuncias de hostigamiento y coacción desde los servicios de inteligencia, lo que indica que el gobierno aprovecha la repatriación para reforzar su aparato de control sobre la disidencia, lejos de cualquier intento genuino de defender sus nacionales.
Desde la acera opositora, la figura de María Corina Machado —quien se erige como una alternativa política democrática— tampoco parece tener una agenda concreta de protección a los migrantes. La oposición mantiene un discurso de crítica al régimen, denuncia de la crisis y promesas de cambio, pero poco se ha conocido sobre una estrategia que beneficie a los venezolanos más vulnerables en el exterior: el migrante masivo suele verse como síntoma de una crisis más que como un sujeto de derecho. Si los migrantes más vulnerables —aquellos más carenciados, perseguidos por Maduro y sin redes de apoyo— no cuentan con respaldo en el oficialismo ni en la oposición, se refuerza la idea de que la migración venezolana es instrumentalizada como moneda de cambio según el fin político que se persiga, como fortalecer una alianza -aún no explícita- con los Estados Unidos.
En este sentido debe leerse la reciente declaración de Edmundo González Urrutia y Machado, quienes aun cuando sostienen que han incidido ante las autoridades estadounidenses para defender a sus connacionales, mantienen una respuesta ambigua y “tras bastidores”, sin exigencias sostenidas. Esta posición sugiere una instrumentalización de la migración, pues más que defender a los venezolanos deportados o desprotegidos en el exterior, algunos actores parecen aprovechar el tema para fines simbólicos o electorales. En esta área el desafío continúa siendo la construcción de un proyecto democrático que actúe basado en principios -derechos-, y no en función de ciertos intercambios de favores.
Es necesario reivindicar la dignidad sin condiciones. La situación documentada por el informe es paradigmática de la vulnerabilidad estructural de las víctimas en el Cecot. No solo fueron objeto de abusos atroces, sino también de un abandono político que los revictimiza y deja expuesto ante la deriva más violenta del régimen venezolano.
El liderazgo opositor surgido del mandato del 28 de julio podría convertir la migración en un eje central de su plataforma, con políticas de cooperación y protección internacional, reinserción social, y estrategias para evitar que los venezolanos sean usados como peones en conflictos internos o internacionales. El Estado venezolano, por su parte, tiene la obligación de garantizar todo lo anterior y además asegurar que los retornados no sean perseguidos ni coaccionados, velando por el pleno respeto de sus derechos en Venezuela.
Los migrantes venezolanos no son una pieza de cambio ni un daño colateral. Son personas que retratan la cara más visible de una crisis sin precedentes. Los venezolanos que sufrieron tortura en el CECOT, o aquellos sin TPS sobreviviendo en Estados Unidos bajo riesgo de deportación, no son estadísticas, son seres humanos cuyo dolor expone una emergencia humanitaria compleja, un fracaso de solidaridad internacional y sobre todo nacional. Que hayan “llegado al infierno” o que vivan en la inseguridad no debe ser solo un testimonio desgarrador, sino una llamada urgente a que los Estados democráticos sigan bridándoles garantías mientras se concreta la rendición de cuentas de los responsables de esta tragedia.