Los hechos y la narrativa
Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, se produjeron ataques aéreos y explosiones en Caracas, la Guaira, Miranda y otros estados, afectando zonas estratégicas de Venezuela, lo que incluye a bases militares como Fuerte Tiuna y La Carlota, así como aeropuertos, puertos y centros de comunicaciones. El ruido de explosiones, sobrevuelo de aeronaves a baja altura y cortes de luz generó alarma entre la población. Debido a la censura generalizada, la población informó con videos e imágenes en redes sociales lo que venía ocurriendo. Se trató de un operativo militar dirigido a capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores como parte de una acción de seguridad de gran escala, bautizada “Operación Resolución Absoluta”. Se espera que en las próximas horas ambos líderes del gobierno de facto enfrenten cargos asociados al narcotráfico ante una corte de Nueva York.
Como parte de la incertidumbre que despertó el acontecimiento a escala global, surgen más preguntas que respuestas en torno a los objetivos, alcance, duración, y consecuencias de la incursión de Estados Unidos en territorio venezolano. Hasta ahora, no existe un balance en términos de víctimas y daños materiales, ni conocimiento sobre el estado físico de ambos detenidos, como tampoco detalles sobre la respuesta que prepara Venezuela. Al tratarse de una operación aérea de alta intensidad con inteligencia previa, quizá la incógnita de mayor envergadura es cómo la captura de dos personas mantiene la tesis de un supuesto Cartel de los Soles. La narrativa sobre dicho Cartel, si bien no se desploma, pierde fuerza, pues lejos de abarcar a una red criminal, la acción de Estados Unidos apunta a un liderazgo criminal personalizado, lo que en definitiva lleva a cuestionar sobre si realmente existe un cartel incrustado en el Estado o una acusación funcional para un objetivo político específico.
En todo caso, están quedando fuera del debate las violaciones flagrantes cometidas contra el Derecho Internacional conforme con la Carta de las Naciones Unidas. La principal, la prohibición del uso de la fuerza (artículo 2.4), en tanto no existe ningún ataque armado previo de Venezuela a Estados Unidos que justifique una eventual defensa legítima, ni autorización del Consejo de Seguridad que lo avale. Se ha vulnerado la base fundamental del Derecho Internacional que descansa en el principio de soberanía.
La entrada de tropas extranjeras junto a la práctica de detenciones y “extracciones” no autorizadas es una vulneración de la soberanía y la prohibición de uso de la fuerza (artículos 2.1 y 2.4), incluso si el objetivo es un gobernante de facto acusado de crímenes graves. En general Estados Unidos ha quebrado la paz y seguridad internacionales al atacar militarmente con el fin de resolver situaciones de carácter político, aun si producen implicaciones locales y globales, en desmedro de la integridad territorial e independencia política de Venezuela, considerando los daños y la cuestión de “tutelar una transición” (artículos 1.1, 1.2, 2.1 y 2.4).
En el ámbito de los derechos humanos, cualquier traslado forzoso de una persona a otro Estado, sin procedimiento de extradición o mecanismo procesal pertinente entre los países involucrados, constituye una operación arbitraria y de alto riesgo, que la doctrina califica de “entregas extraordinarias”. Estas prácticas de Estados Unidos consisten en la obtención de la custodia de una persona sospechosa de participar en un delito grave en violación cuando menos de las normas del debido proceso y la protección judicial. El hecho que no exista democracia ni separación de poderes en un país, o que la operación sea “quirúrgica” contra los criminales más atroces, no sirve de excusa para legitimar este proceder arbitrario.
Si el marco existente del Derecho Internacional no permite otra salida al conflicto venezolano es parte una discusión más profunda, pero eso es responsabilidad exclusiva de los Estados, que se han comprometido a sujetar sus normas y políticas internas al Derecho Internacional.
Reacción del régimen
Ante la magnitud de la ofensiva desplegada sobre Venezuela que, según el secretario de guerra de los Estados Unidos, contó con ciento cincuenta aviones y un gran número de helicópteros militares, no hubo una reacción perceptible por parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. No hubo obstáculo que se opusiera a los bombardeos que atacaron Caracas.
Por otra parte, los voceros oficialistas, con contadas excepciones como es el caso del ministro de relaciones exteriores y el ministro de relaciones interiores, no comunicaron la posición del régimen ni las medidas a tomar para defender la integridad de las personas ante la grave situación.
A poco de comenzar la ofensiva, el gobierno ilegítimo emitió un comunicado en el que se señaló que “…el presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada…” No obstante, es poco clara la entidad jurídica de este comunicado, que parece haber tenido sólo fuerza propagandística, dado que la declaratoria de tal estado de conmoción externa debe ser producida en Consejo de Ministros y refrendada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo que no ha sucedido. Sin embargo, horas después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en alocución pública, informó acerca de un decreto similar e hizo entrega de este a la presidenta del Tribunal. Igualmente señaló que dada la ausencia del presidente, el Consejo de Estado se mantiene en sesión permanente.
Tampoco se produjo, al menos hasta la redacción del presente texto (6:00 pm, hora de Venezuela), una convocatoria a sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, un hecho que, frente a los acontecimientos en desarrollo, debería tener la mayor urgencia.
Por otro lado, el llamado oficialista a “la lucha armada” fue abiertamente desoído por la ciudadanía, que ni durante la ofensiva ni al término de la misma salió a la calle a manifestarse en defensa del régimen. Cabe destacar que tampoco hubo presencia visible de los milicianos, que son el sector más evidentemente politizado de la Fuerza Armada.
Reacción de María Corina Machado
Más de seis horas después de confirmada la detención de Maduro y Flores, la líder de la oposición María Corina Machado publicó un mensaje por redes sociales que comenzaba con una afirmación que no se corresponde con la realidad, al señalar que Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos”. Ni el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York es un tribunal que califique como parte de un sistema de justicia internacional, ni los cargos sobre narcoterrorismo se asocian con los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos. El mensaje también sugería que la captura de Maduro es el fin de la dictadura. Por ahora no es así y, lo peor para la líder, Trump no ve a Machado como la persona capaz de conducir una transición.
Reacción internacional
La reacción internacional ha reflejado la polarización que persiste en torno a la situación de Venezuela, pero algunos críticos de Maduro, incluyendo la Unión Europea no aplaudieron incondicionalmente la intervención armada de Trump, al recordar que “en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.
Las ofertas de mediación hechas por los gobiernos de Colombia y Brasil no parecen muy viables cuando perdieron la mejor oportunidad que tenían después del fraude electoral de julio de 2024. Otras ofertas de mediación por parte de España, Catar y Panamá tendrían que contar con el beneplácito de Trump, quien mantiene una actitud triunfalista, desafiante y arrogante, pues se auto percibe como un actor central en la resolución de conflictos, no como a parte de ellos, aunque lo sea. Como país fronterizo, Colombia también anunció que la promulgación de un decreto de emergencia económica, social y ambiental en la frontera para hacer frente, entre otras cosas, a un posible flujo de migrantes, al tiempo que Brasil, otro país fronterizo, cerró temporalmente la frontera, pero la reabrió horas después.
En el escenario multilateral el primero en pronunciarse fue el Alto Comisionado para los Derechos Humanos Volker Turk, seguido horas después por el vocero del secretario general de la ONU. En ambos casos las reacciones se centraron en la necesidad de la moderación y de respetar la Carta de la ONU y el derecho internacional.
Los anuncios de Trump
Tras describir algunos detalles de la operación Trump afirmó “Nosotros vamos a gobernar ese país hasta que podamos tener una transición segura. Vamos a administrar ese país”. Además, repitió una vez más la falsa narrativa sobre las cárceles y psiquiátricos que habría vaciado Maduro para enviar a delincuentes y enfermos a los EE.UU., persistiendo de esta forma en la criminalización y cosificación de los migrantes venezolanos para justificar su detención y deportación arbitrarias e insistió en el supuesto “robo” del petróleo que, según asegura, pertenece a los EE.UU.
Una vez más, las palabras democracia, Estado de derecho y derechos humanos estuvieron ausentes del discurso de Trump.
Por último, Trump anunció que Delcy Rodríguez, vicepresidente del gobierno de facto, habría sido juramentada como presidente y que ella estaba dispuesta a cooperar con los EEUU en lo que solo podría calificarse como una transición tutelada. Sin embargo, horas más tarde, aparecieron los principales voceros del gobierno de facto, encabezados por Rodríguez, quien denunció el secuestro de Maduro.
¿Qué esperar de la comunidad internacional?
Ni el gobierno de Trump ni el gobierno de facto de Venezuela se caracterizan por su apego a la verdad y a la transparencia, así que pasarán varios días hasta saber quién realmente está a cargo. Por lo pronto, el control de población y territorio parece seguir en manos del chavismo y es a ellos a quienes hay que exigirles cuentas, pero si prospera una transición tutelada, un gobierno extranjero sería corresponsable de las violaciones de derechos humanos pasadas, actuales y futuras y será imprescindible exigirles cuentas.
Mientras tanto, quienes hacen un llamado a respetar la soberanía, deben recordar que la soberanía de Venezuela, expresada por el pueblo en la elección robada el 28 de julio de 2024, ya había sido burlada. Quienes temen un saqueo de los recursos, deben recordar que los recursos ya habían sido entregados a potencias extranjeras. El respeto a la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024 y la recuperación de las ganancias de las riquezas para los venezolanos no pueden relativizarse ni postergarse en nombre de una transición tutelada.