Compartimos la posición del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) ante el anuncio de una ley de amnistía, por considerar que recoge puntos esenciales que deben reflejarse en cualquier normativa que se apruebe al respecto.
Provea observa con interés el anuncio de la administración encabezada por Delcy Rodriguez, de aprobar una ley general de amnistía para garantizar la convivencia, tras meses de intensos reclamos de la ciudadanía por la liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas. Recordamos que, tras el anuncio de “numerosas liberaciones”, hecho el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, las excarcelaciones a cuentagotas y la ausencia de transparencia oficial respecto al proceso, agravó en días recientes la angustia y la incertidumbre de los familiares de presos políticos, prolongando la situación de trato cruel, inhumano y degradante que han padecido durante un largo período.
En opinión de Provea, si bien es urgente la inmediata y plena liberación de las decenas de presos políticos, el anuncio de una amnistía no debe ser concebido, bajo ningún concepto, como un perdón o medida de gracia de parte del Estado. Recordamos que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Nacional y en las leyes venezolanas. Las restricciones a los derechos a la libre asociación y manifestación pacíficas, la libre expresión, el derecho a la sindicación, entre otros, mediante la construcción de un andamiaje jurídico represivo, el control social a través el uso ilegal de la fuerza policial y militar y la instrumentalización de un sistema de justicia cooptado por Ejecutivo y el partido de gobierno, condujeron a una escalada sin precedentes de graves abusos contra los Derechos Humanos. Un gran número de las personas arbitrariamente detenidas en los últimos años, y sobre todo tras la escalada represiva post-electoral, fue víctima de desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y de violaciones sistemáticas y generalizadas del debido proceso y el derecho a la defensa. No es el Estado quien debe perdonar. Son los responsables de graves crímenes quienes deben pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la justicia por los abusos cometidos. En tal sentido, afirmamos que las amnistías no deben obstaculizar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y la reparación. Como ha advertido la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las «amnistías que purgan la condena de personas anteriormente condenadas por sus actos de disentimiento político no violento… corren el riesgo de perpetuar algunos aspectos de la violación inicial a menos que se redacte en forma apropiada«. Esto debe incluir el reconocimiento, por parte de las autoridades, de que se han cometido graves abusos y que están dispuestos a investigar y sancionar a los responsables de dichos crímenes para avanzar en una reconciliación y convivencia genuina.
Según el anuncio oficial la amnistía excluirá a condenados por delitos de homicidio, drogas y delitos comunes. Esto no es suficiente. Recordamos a las autoridades de la administración que, de acuerdo a los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos, las amnistías no podrán favorecer a actores involucrados en genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, desaparición forzada y otras violaciones de Derechos Humanos. Tras el reciente anuncio corresponde que las autoridades concreten la liberación plena e inmediata de todos los privados de libertad por razones políticas, sin más dilaciones indebidas, para avanzar en la anunciada reconciliación nacional y detener la angustia de cientos de familias.