“Cambiar todo para que nada cambie” es una premisa usada en política, inspirada en la obra Il Gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Una comisión para la convivencia con composición poco diversa, presos excarcelados que no son libres, un emblemático centro de tortura cerrado, mientras otros permanecen abiertos, con detenidos y sin rendición de cuentas de los responsables, incluida la misma presidente interina impuesta, una reforma judicial encabezada por quien más ha interferido en la independencia judicial, una propuesta de ley de amnistía que podría terminar en cualquier cosa y que ya enfrenta barreras por parte de miembros de la comisión de convivencia. Más allá de titulares impactantes, no hay una letra pequeña que indique que los anuncios no terminen en una maniobra gatopardiana. De ahí la necesidad de fijar indicadores que permitan medir el verdadero alcance de estas medidas y otras por venir, más allá de los titulares.
A mediados de enero, un conjunto de ONG de derechos humanos venezolanas e internacionales formularon un Decálogo de exigencias prioritarias para encauzar una transición democrática genuina en Venezuela, que brinda elementos para avanzar en la dirección correcta, si realmente existe una voluntad de transición a la democracia. Los titulares anunciados parecieran ir en el sentido del decálogo, no así la letra pequeña. Nos enfocaremos en tres aspectos.
Participación de la sociedad civil y consulta ciudadana
Ya se están enviando mensajeros por vías no institucionales para pedir reuniones selectivas entre organizaciones de la sociedad civil y la comisión de convivencia, en lo que podría ser una réplica de anteriores acercamientos con un sector de la sociedad civil en 2022, que llevó a una fractura que permanece.
Si no hay un genuino proceso de consulta, todo será un ejercicio inútil. Durante años quienes detentan el poder en Venezuela obligaron a la sociedad civil a replegarse, criminalizando su trabajo, imponiendo marcos normativos asfixiantes, persiguiendo a sus representantes y eligiendo a sus «interlocutores». Ahora pretenden hacer ver que juegan con las reglas de la democracia, pero mantienen prácticas opacas, excluyentes y selectivas. Es momento de poner a prueba el discurso, exigiendo espacios de diálogo no sesgados ni excluyentes, con una comisión de convivencia que refleje diversidad en su composición. No valen las convocatorias “a título personal”, ni con envío de mensajeros, ni con plazos perentorios que intenten forzar a la sociedad civil a asistir a reuniones improvisadas, sin el tiempo necesario para acordar posiciones y mensajes. Si se ha esperado 27 años, se puede esperar una semana más, pues lo que vale no es la foto en el palacio de Miraflores, sino la sinceridad del diálogo.
Un indicador de verdadera participación pasa por la publicación del proyecto de ley de amnistía en la página web de la Asamblea Nacional, abriendo el período de consulta que establece el reglamento de debates y asegurando que sean atendidas las observaciones que presenten los familiares y organizaciones que trabajan por los derechos de los presos políticos, así como otras víctimas de persecución política y de crímenes de lesa humanidad. Permitir, además, el debate público del proyecto, sin criminalizar el disenso, ni las contribuciones, públicas o privadas, que envíen las organizaciones y las víctimas para incidir en el proceso.
Recursos para la respuesta humanitaria
Podría considerarse positiva la rápida promulgación de una ley de hidrocarburos, pese a que da un giro de 180 grados a la política de Estado vigente desde hace exactamente 50 años. Permanecen las dudas, no solo en Venezuela, sino también en EE.UU. sobre el uso de los recursos provenientes de la renta petrolera, los mecanismos de rendición de cuentas y la forma en que dichos recursos bajarán a la población en forma de servicios y acceso a derechos. Cuesta entender cómo un gobierno que ha desmantelado el sistema de bienestar social (welfare) para los sectores vulnerables en su país, ha borrado el lenguaje de inclusión y derechos humanos de sus políticas públicas y ha eliminado la cooperación internacional, pueda interesarse por beneficiar a los más necesitados en Venezuela.
Como lo señala el Decálogo, es necesario asegurar un entorno operativo adecuado para los actores humanitarios, con acceso, seguridad y facilidades logísticas en todos los niveles territoriales del país donde existan personas con necesidades de asistencia y protección, atendiendo los criterios de financiamiento y coordinación que desarrollamos en un análisis anterior.
Diplomacia y cooperación multilateral
Ya llegó a Venezuela una encargada de negocios de EE.UU. No es una embajadora y la diferencia importa. Venezuela, por su parte, ya ha nombrado un equivalente ante Washington. Hasta ahora, los anuncios no incluyen el restablecimiento de relaciones consulares, aunque esta medida sí fue anunciada con República Dominicana. Se estima que en EE.UU. viven cerca de un millón de venezolanos que, durante años, han sido privados de servicios consulares afectando sus derechos ciudadanos. Esta situación se repite en diversos países donde la población venezolana carece de derechos con respecto a Venezuela, incluyendo el derecho a la participación política, debido a barreras ilegales para el registro electoral. Estas barreras deben ser levantadas a la brevedad, en el entendido de que las diferencias entre gobiernos deben ser dirimidas por los canales diplomáticos, sin afectar los servicios consulares.
En el campo de la cooperación multilateral, Venezuela ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones internacionales, expulsó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), no renovó las visas de los oficiales de la OACNUDH, ignora el mandato de la Misión Internacional Independiente sobre determinación de hechos (MII) y mantiene una deuda con la ONU. El maltrato a la ONU comenzó a dar un giro a fines de 2025 cuando Maduro envió llamados de auxilio a Guterres. A mediados de enero de 2026, la interina Rodríguez pidió a la OACNUDH hacerse cargo de la verificación de las listas de presos políticos excarcelados, en lo que podría ser el inicio de una nueva relación. Esa relación no puede reducir a la OACNUDH a convertirse en notario del gobierno de facto. El ejercicio de conteo de los excarcelados debe estar acompañado por el cierre de los procesos que siguen abiertos en su contra, la verificación de su estado de salud física y emocional, la liberación urgente de quienes tienen padecimientos de salud, la reanudación de visitas familiares, y la firma de un memorándum de entendimiento que sea conocido públicamente, que permita pleno acceso de OACNUDH a Venezuela, y que tenga como norte el establecimiento de una oficina de país.
La comunidad internacional tiene elementos suficientes como para establecer un sistema de indicadores de cumplimiento de pasos mínimos que apunten hacia avances sustantivos más allá de los grandes anuncios, para que se produzcan cambios verdaderos.