El reciente acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y Venezuela es un acontecimiento que exige un examen riguroso. Si bien un análisis técnico definitivo por parte de expertos en economía e hidrocarburos solo será posible una vez que se conozcan todos sus pormenores, la urgencia de la realidad venezolana obliga a formular alertas desde la perspectiva de los derechos humanos y el Estado de derecho, debido a las repercusiones que este tipo de convenios tiene en la vida de las personas y en la sociedad en su conjunto.
Bajo la narrativa de la «Fase 2: Recuperación» del Plan Rubio, este pacto se presenta públicamente como el rescate del aparato productivo nacional. Sin embargo, un análisis crítico de su estructura revela que la «recuperación» parece diseñada bajo la doctrina America First: un beneficio binacional asimétrico donde la prioridad es asegurar el control y acceso prioritario de empresas occidentales al mercado energético venezolano, desplazando la influencia de China y Rusia. Mientras Washington actúa como custodio del flujo de caja tras dar por concluida la fase de seguridad territorial, el convenio activa tres alarmas sobre el futuro del país.
Alarma 1: El quiebre de la legalidad y la legitimidad constitucional
Cualquier convenio de explotación de recursos públicos que se gestione bajo la discrecionalidad ejecutiva plantea serios reparos institucionales y de legitimidad.
En primer término, la Constitución venezolana exige obligatoriamente que los contratos de interés público y las condiciones de explotación de hidrocarburos sean debatidos y aprobados por el órgano legislativo. Omitir este paso vicia el acuerdo de nulidad.
En segundo lugar, al pactar directamente con un ejecutivo cuestionado y sin contrapesos, se prioriza el pragmatismo energético por encima de la defensa de la reinstitucionalización y el hilo constitucional. El convenio nace con un severo defecto de origen al saltarse los canales legales de la República.
En este entramado, resulta alarmante la composición de los artífices del pacto. Según declaraciones del propio Donald Trump, en las negociaciones participaron activamente sus secretarios de Estado y de Guerra; no hay mención alguna a la cartera de Energía. Esta singular alineación de actores refuerza la tesis expresada previamente por el mandatario estadounidense, quien llegó a referirse a Venezuela y a su riqueza petrolera bajo la lógica de un «botín de guerra«. Para agravar el panorama de sospechas, mientras el ala militar y diplomática de Washington movía las piezas, el hermetismo ha sido absoluto del otro lado de la mesa; hasta hoy se desconoce la identidad de quienes participaron en las deliberaciones en representación de Venezuela -más allá de las insistentes referencias al empresario Alejandro Betancourt– , profundizando las dudas sobre la legitimidad de lo acordado.
Alarma 2: La opacidad y el déficit de rendición de cuentas
Cuando dos administraciones con antecedentes de narrativa política opaca y manipulación informativa sellan un pacto cerrado, se vulneran principios básicos de la gestión pública. Se desconocen los términos de la negociación, los porcentajes reales de ganancia, los plazos y los compromisos a largo plazo (proyectados a 100 o 25 años, según la interpretación de cada cabeza de gobierno). Tampoco se tiene información sobre los mecanismos de contraloría social y fiscalización, por lo que resulta imposible medir el impacto real de los recursos en el bienestar de la población, lo que abre una ventana directa para el desvío de fondos o la perpetuación de esquemas de corrupción generalizada. El portal oficial de “Transparencia soberana” del gobierno de facto permanece inactivo después de su lanzamiento en marzo de 2026, dejando a los ciudadanos en una absoluta y deliberada ceguera fiscal.
A la opacidad impuesta desde Caracas se suma un hermetismo igual de severo en Washington, donde la propia institucionalidad estadounidense está siendo deliberadamente ignorada. Pese a que la administración de Trump ya ha tomado miles de millones de dólares en riqueza petrolera venezolana bajo el argumento de custodiarlos para el beneficio de ambos pueblos, el Congreso de los Estados Unidos no ha tenido posibilidades reales de ejercer contraloría. Los intentos del Capitolio por fiscalizar el manejo del llamado Fondo Petrolero han sido infructuosos. Mientras Marco Rubio testifica de forma vaga sobre transferencias a cuentas en Qatar y una cuenta auditable en EE.UU., legisladores de las comisiones de control denuncian formalmente que la Casa Blanca los mantiene en tinieblas, administrando flujos de dinero sin auditorías independientes, sin salvaguardas claras y bajo un esquema que esquiva la rendición de cuentas.
Alarma 3: El freno a la transición democrática y el espejismo humanitario
La justificación de estos acuerdos se vende con la promesa de que la reactivación petrolera aliviará la crisis. No obstante, desde el enfoque de los derechos humanos, los riesgos no pueden ser ignorados, tomando en cuenta la trayectoria previa del chavismo a lo largo de 27 años de ausencia de políticas públicas sostenidas para la superación de la pobreza. No se sabe si existen cláusulas vinculantes que aseguren que los ingresos se destinarán a mitigar la emergencia humanitaria compleja que ya ha expulsado a más de 8 millones de venezolanos y que se ha agudizado tras el doblete sísmico de junio.
Por otra parte, al estabilizar los ingresos financieros del gobierno de facto antes de consolidar una apertura política real, se corre el riesgo de reducir la presión sobre el grupo que detenta el poder. El ingreso de recursos sin fiscalización podría disminuir los incentivos para negociar condiciones electorales competitivas, postergando indefinidamente la Fase 3 del plan Rubio. Los Rodríguez han sido expertos en “ganar tiempo” y nada indica que hayan dejado de apostarle a esa estrategia. Una vocera se atrevió a declarar abiertamente que este acuerdo les asegura “chavismo para 1.000 años”. Washington, por su parte, presenta el acuerdo al electorado de su país como “histórico”, cuando la popularidad de Trump se encuentra en mínimos históricos para su actual mandato en la víspera de las elecciones de medio término.
Frente a un escenario donde el pragmatismo económico amenaza con sepultar las aspiraciones democráticas, los actores internacionales, deben exigir total transparencia, presionar para que los fondos generados sean administrados con supervisión de agencias internacionales independientes para atender de forma directa la crisis de salud, servicios y alimentación de la población, e insistir en las exigencias en materia de derechos humanos, liberación incondicional de todos los presos políticos y cronogramas electorales verificables a cambio de barriles de petróleo.